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Melissa Lucio es una mujer mexicano-estadunidense de 53 años, originaria de Texas y madre de 14 hijos que ha pasado los últimos quince en prisión y en espera de morir ejecutada, acusada de haber dado muerte a golpes a su hija Mariah de 2 años de edad. Algo que ella siempre ha negado, argumentando que la niña se cayó por unas escaleras.
Su ejecución estaba programada para este miércoles 27 de abril, pero una corte de apelaciones detuvo la sentencia debido a que hay nuevas evidencias de su inocencia.
De haberse llevado a cabo su muerte, Melissa sería la primera mujer latina en ser ejecutada en Texas en la era moderna y la primera mujer en morir como castigo en una década. La primera vez que una mujer fue sentenciada a muerte en ese estado fue en 1863 y se trató de Josefa “Chipita” Rodríguez, que murió ahorcada.
La historia de Melissa es la de una mujer que sufrió abusos y pobreza desde niña; adicciones y violencia de adulta. Su familia dice que no fue una madre perfecta pero tampoco maltrató a sus hijos, el primero de los cuales lo tuvo a los 16 años de edad. Cuando en 2007 se le acusó de la muerte de la menor, estaba embarazada de gemelos, que nacieron en prisión y fueron dados en adopción.
De no haber sido por la organización Innocent Project que abogó y tomó su caso, hoy hubiera sido su último día con vida, por una práctica cruel e inhumana que sólo comparte con otra democracia, Japón. Un castigo discriminatorio y desproporcionadamente en contra de los pobres y las minorías.
En eso, la gran potencia está al lado de países como China, Irán, Arabia Saudita, Pakistán, Yemen y Corea del Norte. Aquí el método de ejecución más común es la inyección de un coctel de sustancias que sedan al reo y paralizan su corazón. Una muerte que algunos científicos sostienen es dolorosa y lenta. Hay quienes están pidiendo que se utilice la guillotina o escuadrones, porque, dicen, debe ser ojo por ojo y diente por diente y ejemplo para futuros asesinos.
La Suprema Corte de Justicia reinstaló la Pena de Muerte en 1976. En la actualidad hay 2,436 personas en la lista de espera para ser ejecutadas. Un castigo en el que están de acuerdo seis de cada 10 estadunidenses, es decir, 64 por ciento de la población. Se realiza en 27 de los 50 estados y está prohibida en 23 entidades y el Distrito de Columbia.
Difícil de entender cómo en pleno siglo XXI el país más avanzado del mundo tiene un sistema de justicia que ordena que una persona mate a otra en nombre de la ley. Nada más falta que también le corten las manos a los rateros o que atropellen con un auto a quien conduce en estado de ebriedad.
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