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La serie “Caníbal, indignación total” resultó todo un éxito en muchos sentidos. No solo en términos de audiencia, al ser vista por más de 27 millones de personas; sino por documentar un caso gravísimo de feminicidio, y al generar un gran debate en el Congreso de la Unión que derivó en un serio compromiso de las tres principales fuerzas políticas por legislar, a la brevedad, a fin de combatir la violencia en contra de las mujeres.
Está claro que la serie cimbró conciencias, pero lo más destacable fue que despertó a la clase política, a grado tal de que la Comisión Permanente organizó una reunión de trabajo en donde quedó de manifiesto el convencimiento de que el Congreso tiene que actuar. En eso consiste el valor de la serie realizada por la SCJN, bajo la producción de Javier Tejado Dondé.
Lo interesante es que los propios legisladores expresaron la relevancia que tuvo la serie. El ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar destacó que la serie periodística “conmocionó a la sociedad”; Sergio Gutiérrez, presidente de la Cámara de Diputados, dijo que la serie “cimbró” al país; Fernando Macías, diputado del PAN, sostuvo que la documentación del caso y el análisis de las causas y las omisiones ayuda a que no se pierda la capacidad de indignación.
Legisladoras no se quedaron atrás. Gabriela López, senadora de Morena, dijo que la serie incita a la acción; Yolanda de la Torre, diputada del PRI, señaló que “Caníbal” constituye una alerta, un llamado urgente al Estado mexicano. Por lo pronto, el ministro Zaldívar presentó un proyecto de iniciativa de Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el feminicidio en el país. El que se asesine a entre 10 y 11 mujeres al día en este país convoca a actuar con urgencia. Falta poco para saber si los legisladores pasarán de las declaraciones a los hechos. ¿Lo harán?
Colusión en el mercado de análisis clínicos
Confirmado, la inflación vinculada con los servicios del sector salud es más alta de lo que debería a causa de la colusión entre algunos participantes en el mercado que se organizan en perjuicio de los pacientes, de los enfermos y de las familias. Se trata de un caso que debería ser investigado por la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE). Esta vez, sin embargo, la comisión encargada de indagar tendría que buscar que la indagatoria se realice de manera acelerada porque estamos en medio de una época de emergencia sanitaria. La pandemia no ha terminado y muchas familias mexicanas se están descapitalizando. Le cuento que mientras en Estados Unidos el Departamento de Justicia ha encontrado evidencias para documentar acuerdos entre laboratorios y médicos para prescribir medicamentos, en México las autoridades anti monopolios podrían indagar con el mismo éxito lo que está pasando con los laboratorios que realizan pruebas y análisis clínicos. La ruta de la colusión está clara: muchos médicos envían a sus pacientes a laboratorios de su preferencia y reciben comisiones, de al menos el 30%. ¿Parece una locura? Lo es y así lo demuestra la participación de algunos jugadores en el mercado de pruebas médicas y diagnósticos que han logrado reducir los precios en el mercado desde hace más de una década. La competencia ha funcionado en este sector. Lo preocupante, sin embargo, es que, en ciertos segmentos del mercado, en donde se considera que el precio alto de un examen garantiza su calidad y certeza, siguen operando estas colusiones. Como lo hizo en el mercado de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), la COFECE tendría que indagar cómo algunos jugadores privados han encontrado “esquemas de compensación” a médicos que redireccionan las solicitudes de análisis clínicos a ciertas empresas. Seguramente, la COFECE podría encontrar correos, formatos, sistemas y software que sirven para documentar estas comisiones. Llama también la atención que el sector público, algunos médicos también rechazan análisis que provienen de ciertos laboratorios. ¿La razón? Dicen que no son seguros. ¿En serio? ¿Quién decide que uno u otro laboratorio no emite pruebas confiables? El episodio recuerda a la negativa de algunos trabajadores en el sector salud que se negaban a recibir medicamentos que no llegaran de los sistemas de distribución de ciertos laboratorios. Así, la falta de competencia en este sector de los laboratorios también quedó en entredicho cuando la COFECE anunció que había multado a empresas y personas físicas por coludirse en licitaciones de servicios integrales de estudios de laboratorio y bancos de sangre a los que convocó el IMSS y el ISSSTE. Este episodio se presentó en agosto de 2020 y, hasta ahora, no tenemos noticias de alguna investigación parecida en el sector privado. La COFECE multó a Selecciones Médicas, Selecciones Médicas del Centro, Promotora Internacional, Impromed, Hemoser, Instrumentos y Equipos Falcón, Dicipa, Grupo Vitalmex Administración y Vitalmente Soporte Técnico. ¿Quiénes son los principales jugadores en el sector privado? La punta del hilo de la madeja podría estar en ese rechazo en el sector público para aceptar pruebas y diagnósticos de ciertos laboratorios.
UIF, promesa cumplida
Desde que llegó a la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, aseguró que cambiaría la forma en la que, hasta la gestión de Santiago Nieto, había operado la Unidad de Inteligencia Financiera. Para empezar, el ex legislador y profesor universitario aseguró que dejaría a una lado el congelamiento de cuentas bancarias sin respaldo de un proceso judicial impecable. También aseguró que buscaría recuperar cuentas bancarias que las instituciones crediticias estaban reteniendo de manera irregular. Con ello, dijo, se beneficiaría a familias frente al poder de la banca. Pero lo más importante, me dijo en una entrevista, sería concentrar su atención en la huella del dinero que ha financiado de manera irregular a políticas y a sus campañas. Para Pablo Gómez, la ruta del dinero en los comicios es la semilla que siembra la corrupción en muchos sectores regulados y en contratos, licitaciones y beneficios con dinero público. En otras palabras, si se sigue la ruta del dinero en la política se cortaría la corrupción cuando algunas de estas personas llegan a ocupar cargos públicos. En ese sentido, cobra relevancia la revelación de transferencias que involucrarían al ex presidente Enrique Peña Nieto. Veremos la nueva gestión de la UIF que también debería fortalecer la presencia de dinero sucio en circuitos financieros y bancarios.
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