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La militarización del país que lleva a cabo la 4T conlleva una concepción del poder que debemos analizar. Nuestras Fuerzas Armadas viven un proceso de redefiniciones no solo en relación con las nuevas funciones que les han sido asignadas en los grandes proyectos de infraestructura actualmente en curso, sino también en cuanto a su incidencia en el poder político. La apuesta por la militarización resulta evidente al convertir a un sector tradicionalmente relegado a los cuarteles, en un actor políticamente relevante. Este proceso ocurre en el contexto de un crecimiento sostenido de violencia criminal contra civiles como demostraron los actos terroristas de este fin de semana en Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Baja California y Chihuahua, que coincide con un debilitamiento de nuestro orden constitucional que establece la obligatoriedad de las funciones civiles en materia de seguridad pública. La consolidación del ejército como un actor principal en el gobierno produce diversas preocupaciones respecto a las afectaciones que este proceso podría generar en el sistema político, considerándose que la expansión de su influencia afectará nuestro orden democrático.
La manera como se ejerce el poder es un indicador que define a la política en todos los tiempos. Si es democrática el poder se sustentará en un amplio consenso de los ciudadanos, si es autoritaria implicará frecuentes imposiciones. Tradicionalmente el poder ha sido considerado un dato de la estructura objetiva de la sociedad y una colocación determinada en la pirámide de influencia de las decisiones. También como una relación interpersonal entre varios individuos respecto a posiciones y funciones sociales fijas dentro del ciclo distributivo de los bienes. Así, el poder tiene una dimensión económica vinculada a la riqueza y a los ingresos, otra social que se refiere a las diferencias estructurales de clase y finalmente, un ámbito político que se articula con el Estado, sus instituciones y gobierno que expresa la fuerza legítima y la plenitud del “Imperium”. De esta forma, sociológicamente el poder proyecta el consenso y la integración social, mientras que politológicamente representa el problema de la eficacia del orden jurídico y político.
En las teorías del poder frecuentemente se encuentra una coincidencia entre economía y política. Esto significa que el poder del Estado y su expresión, el gobierno, lejos de representar al pueblo y aún menos a la soberanía popular, constituyen ritos más o menos constitucionales que utilizan el sufragio universal para integrar lo que Marx denominó “un comité de negocios de la burguesía”, representando una ficción legal que en nombre del interés público, defiende y perpetúa los privilegios de quienes ya ostentan una posición social ventajosa. Esta concepción del poder implica, a su vez, una imagen dicotómica de la sociedad donde las diferentes clases sociales mantienen una lucha permanente entre los que dominan el poder y los que se encuentran en una condición de sometimiento.
El sociólogo Max Weber define al poder como la oportunidad de ser obedecidos. Por lo tanto: ¿es posible fundar la legitimidad sustancial del poder, es decir, transformarlo en “autoridad” teniendo como criterio fundamental de justificación solamente la voluntad del líder? Si la capacidad de salirse con la suya determina cuánto poder se tiene, el presidencialismo mexicano se encuentra más vivo que nunca. En las condiciones actuales existe una coincidencia entre el poder económico y el poder político, a la que se suma el poder militar, es decir, observamos una demostración de los modos y las técnicas con las cuales las clases dominantes subordinan a la clase política para ponerla a su servicio. En cualquier caso, este proceso se realiza manteniendo en una posición secundaria y subordinada a la sociedad civil.
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