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Ustedes como ministros, yo como ciudadano, hemos escuchado desde tiempos inmemoriales que tal o cual decisión gubernamental, proyecto o legislación se echa a andar basado en el “interés público” que la autoridad en turno dice tutelar.
Ustedes, que de leyes saben mucho, díganme dónde puedo encontrar una definición, porque el término lo han usado con mucha soltura nuestros gobiernos, lo mismo neoliberales, que de centro o sedicentes transformadores. A veces los resultados han sido buenísimos, otros no tanto y otros pésimos.
Si de veras se tomara en serio este concepto del “interés público”, hace años que hubieran cerrado la planta de PEMEX en Tula que ha ocasionado cáncer y otras enfermedades a los pobladores de alrededor.
Pues bien, como ustedes saben, el presidente dio a conocer el pasado 24 de marzo un proyecto de decreto mediante el cual “se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en Materia Administrativa” con el propósito de proteger el interés público y social. Así, así, suena bien; sin embargo, si uno echa un ojo a las causas para promover el decreto ya no tanto.
Una de las causales es revertir el adelgazamiento del gobierno y del Estado, lo cual la 4T ve como un “desarrollismo” negativo. Híjoles, cuando el gobierno se encargaba de todo nos fue muy mal; pero bueno, veamos ejemplos de lo que el mencionado decreto pretende concretamente.
Empecemos porque la nueva Ley Federal del Procedimiento Administrativo modificaría las causales mediante las cuales el gobierno podría revocar concesiones, permisos, licencias, etc., concedidas a particulares si la autoridad considera que afectan el interés general. Aquí empieza el concepto más parece un dogma que solo da manga ancha para vulnerar la certidumbre jurídica.
Pero seamos benignos y continuemos. Supongamos que de verdad, es indispensable revocar la concesión porque queda fehacientemente demostrado que está lesionando el interés público, que no es un capricho ideológico, ni una animadversión personal. ¿Qué pasará con la inversión hecha por particulares, quienes en su momento obtuvieron la licencia o concesión cumpliendo los requisitos? Aquí es donde el decreto se pone más color de hormiga.
Miren, señores ministros, a la 4T no le gusta eso de erogar recursos por sus decisiones; es decir, si México otorgó en el pasado una concesión –digamos para que una empresa invierta en una planta de energía eléctrica- y a la política energética actual no le cuadra la libre competencia en la que la CFE debe jugar, se siente con derecho de cancelar la concesión y LIMITAR el monto de la indemnización.
Es decir, no importaría cuántos miles de millones de pesos haya invertido el concesionario, se limitaría el monto a indemnizar mediante modificaciones a cuatro leyes (General de Bienes Nacionales, Federal de Responsabilidad Patrimonial, de Expropiación y de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público). ¿Cómo la ven?
Hay otros aspectos preocupantes dentro del decreto, como la terminación anticipada de contratos por parte del gobierno (Cláusula Exorbitante), la recuperación en 72 horas de bienes inmuebles por la vía administrativa –no judicial- y la ruta para la extinción de los organismos autónomos y muy técnicos, como el Instituto de Transparencia, la Comisión Federal de Competencia Económica o ¡el Banco de México!
Para mí que AMLO no quiere un Estado fuerte, lo que anhela es un gobierno grande y dominante. De la inversión privada en el país, pues nos podemos ir despidiendo.
De aprobarse el decreto, va a generar toneladas de trabajo en la Corte a través de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales en el plano nacional. Así que vayan preparándose.
Pero hay una trampa mayor en el decreto que se juega en el nivel internacional.
Don Andrés sabe perfectamente que México tiene tratados comerciales con muchos países, señaladamente el T-MEC rubricado por él mismo, y que el decreto contraviene. Sabe que las violaciones a los tratados se dirimen en páneles de arbitraje y, en última instancia, en tribunales internacionales. Vamos, México ha ganado algunas disputas.
Cuando impongan a México las sanciones o penas económicas por no cumplir con lo acordado en los tratados y haber lesionado unilateralmente y sin indemnizar a las empresas, entonces AMLO se enolverá en la bandera. Nos tirará el choro mareador de que los oligarcas del mundo nos quieren pisotear y que él defiende nuestra soberanía. Sería su ejercicio más extremo de posverdad, pero el mejor de los argumentos propagandísticos entre su base.
Y cuando don Andrés se vaya a su rancho, aquí nos quedaremos los mexicanos pagando las consecuencias: nuestro desarrollo paralizado y sin inversiones, multas internacionales enormes a pagar y un aislamiento inútil del mundo.
Ese es el concepto lopezobradorista del “interés general”.
Colaboró: Upa Ruiz uparuiz@hotmail.com
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