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En la conferencia inaugural del XXIV Congreso Internacional del CLAD (Centro Latinoamericano de la Administración para el Desarrollo), Francisco Longo Martínez expuso el dilema actual del sector público: promover la innovación y proteger al ciudadano de los efectos de la transformación exponencial que representa la disrupción tecnológica.
La idea primordial giró en torno a la inadaptabilidad del modelo burocrático, centralista y autoritario en un ambiente de cambio acelerado de la vida económica y social a través de los avances incontenibles de las TIC, conjuntamente con la irrupción del Internet de las Cosas, la inteligencia artificial y la big data.
Esta inadaptabilidad se debe a tres factores: 1. El escenario es dinámico no estático, como lo son las organizaciones verticales, 2. La normatividad es dispersa y fragmentada de imposible dominio total por las organizaciones burocráticas, y 3. El rezago respecto al cambio tecnológico de las organizaciones públicas es evidente.
Tampoco el gerencialismo clásico responde efectivamente a este dilema por el énfasis en la medición de resultados e indicadores que miden realidades cambiantes con una lógica de largo plazo, que en las condiciones actuales no es previsible debido a que no genera confianza, ni cooperación social por su gradualismo y elitismo.
En este sentido, el profesor español propone una gobernanza exploratoria en la que lo estratégico sea el enfoque predominante, la promoción de la inteligencia y la suma de talento de la sociedad en su conjunto, que servidores públicos y expertos sean las tácticas, y la descentralización y la heterogeneidad de los equipos sean una constante.
Esta propuesta es factible en la medida que hay disposición de una mayor información sistematizada que permite la elaboración de diagnósticos más precisos. La apertura y transparencia de las organizaciones públicas, la mayor accesibilidad y conectividad son el medio necesario para avanzar en una gobernanza capaz de hacer frente con éxito a las crecientes demandas ciudadanas ante el fracaso de los políticos tradicionales de corte populista o neoliberal.
En este contexto del pensamiento de la innovación de la gestión pública en Iberoamericana, no se entiende la propuesta del Presidente López Obrado en la CIRT, que parte de la idea de que la necesidad de comunicación social del gobierno se colma en sus mañaneras y que el resto del gobierno y del sector público no tienen nada que transmitir a la población, al Pueblo. La comunicación social sólo vista como propaganda y no como herramienta fundamental de cualquier política pública.
Con independencia de la conveniencia de revisar y, en su caso, modificar la forma en que se definen, exigen y utilizan los tiempos del Estado, que es un esquema fiscal que data de los años sesenta del siglo pasado, lo destacable es la concepción de lo que debe ser el gobierno que reflejan las palabras presidenciales. Un gobierno cerrado en sí mismo y difusor de un mensaje unilateral.
No hay duda que la velocidad en que las innovaciones se producen crea condiciones que pueden eventualmente generar un incremento en la brecha digital que puede conducir a “institucionalizar” la desigualdad social. Los avances tecnológicos, como cualquier cambio, tiene ganadores y perdedores, pero esta realidad no debe ser el factor que determine un regreso al pasado burocrático autoritario, en el que lo único que parece interesar a quienes dirigen los aparatos del Estado es su propia voz y su visión de los problemas con la consecuente reducción de las propuestas de solución.
La gobernanza exploratoria, tal y como la plantea el experto en innovación, requiere una mayor interacción y un saber compartido en redes con organizaciones autónomas para generar un aprendizaje organizacional permanente, cuyos beneficiarios sean las personas. Las organizaciones del sector público ampliado deben lograr equilibrios entre sí, donde el gobierno es el más importante de los actores, pero uno más, que a veces juega el papel de dirigente, otros de promotor y algunas más de simple facilitador.
La complejidad económica, social y política que deriva del cambio exponencial provocado por la revolución tecnológica va más allá de los gobiernos centralizadores o de la orientación limitada al enfoque de la eficacia y eficiencia.
La realidad del cambio acelerado, la cuarta revolución industrial, exige credibilidad en los datos que transmite el sector público, la audacia para innovar procesos y servicios públicos, así como, aceptar que las soluciones a los problemas se encuentran en una metodología de ensayo-error en la que las interacciones entre entes públicos autónomos con el Ejecutivo y las asociaciones público-privadas deben ser un laboratorio permanente de mejoras a la acción gubernamental.
La estrategia autoritaria del “el gobierno soy yo” y “mi relación personal con el Pueblo es la que mueve a un país” va en sentido contrario a lo que un mundo marcado por la innovación tecnológica requiere.
Andar por ese camino tiene como consecuencia el rezago, que suelen pagarlo los más pobres, y es el origen de una mayor desigualdad social, aunque se pretenda lo contrario. Éste es el dilema que enfrentan quienes en su afán de protección de los ciudadanos pretende detener el desafiante cambio tecnológico en la gestión pública y la pluralidad de centros de decisión que éste implica.
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