“Humanismo militarista”

Humanismo y militarismo son antitéticos. El primero reivindica los derechos de las personas, la racionalidad y el laicismo. La defensa de los valores humanos, la libertad de los individuos para pensar y decidir sin estar subyugados a imposiciones políticas ni creencias religiosas, son parte de los principios humanistas. Para defender tales derechos se requiere que el Estado tenga y ejerza el monopolio de la fuerza que es su legítima prerrogativa. Pero a fin de que el propio Estado, ni la sociedad, queden avasallados por los impulsos militares, la actividad de las fuerzas armadas tiene que estar acotada a la defensa de la nación y al mando civil.

Militarismo es, al contrario, el predominio de los intereses y la óptica de los militares en los asuntos públicos. Un Estado militar, es conducido o determinado por militares. En un país militarizado, los militares se ocupan de tareas que exceden la preservación de la seguridad nacional y la paz pública.

Por eso humanismo y militarismo son contradictorios. Cuando se identifica a uno de esos términos con el otro, estamos ante el intento para justificar la expansión de las acciones o la presencia de los militares. Posiblemente quede en anécdota, pero hace unos días el Instituto Nacional de Antropología e Historia anunció una conferencia sobre “Cultura, ideología y humanismo militarista”. Después de una ácida reacción en las redes sociodigitales, el INAH borró ese aviso. Más allá del sesgo que le pudiera dar esa institución académica, la idea de proponer o discutir esa supuesta bifurcación del humanismo indica que la militarización es vista como un proceso normal en sectores de la vida pública que, por convicción o recelo, eran impermeables a ella.

La reflexión crítica y el desarrollo científico, que requieren plena libertad, en ocasiones llegan a ser agraviados por el despotismo de intervención militar. El conocimiento y la ciencia se apoyan en la diversidad y la circulación de ideas. El militarismo, se sustenta en el dogma del pensamiento único. Humanismo y militarismo se repelen.

Por supuesto, una sociedad democrática aspira a cierta humanización de la acción militar. Sujetar el desempeño de la tropa al respeto a los derechos humanos, ha sido exigencia de las sociedades contemporáneas. A los mandos de las fuerzas armadas, en todo el mundo, por lo general les disgusta la actuación de comisiones y defensores de derechos humanos. De allí surge una tensión constante, que sólo se resuelve si hay instituciones legales capaces de garantizar los derechos de la sociedad y que sean cabalmente respetadas.

Las fuerzas armadas son necesarias, por supuesto, y su desempeño es reconocido por la sociedad cuando se ajusta a las leyes y protege a los ciudadanos. En México, el crecimiento de la delincuencia y la incapacidad de las fuerzas policiacas para contenerlo, llevaron a los gobiernos recientes a darles tareas de vigilancia y persecución de los criminales. La delincuencia no ha disminuido y la intervención del Ejército y la Marina en las calles ha tenido como consecuencia, en no pocas ocasiones, inaceptables episodios de violaciones a los derechos humanos.

El periodista Alfredo Lecona, en su cuenta de Twitter, enumera y documenta más de una docena de acciones del Ejército y/o de la Guardia Nacional en el transcurso del gobierno actual, que han tenido como resultado la agresión ilegal contra civiles. Asesinato de 14 personas en Tepochica, Guerrero, el 15 de octubre de 2019; asesinato de una pareja de jóvenes en Carbó, Sonora, el 25 de enero de 2020; ejecución de varias personas en Nuevo Laredo, el 3 de julio de 2020; asesinato de dos agricultores en La Boquilla, Chihuahua, el 9 de septiembre de 2020; ejecución de seis personas en Nuevo Laredo, denunciadas el 7 de febrero de 2021; asesinato de un migrante en Pijijiapan, Chiapas, el 31 de octubre de 2021; ejecución de un agente ministerial en Caborca, Sonora, el 5 de mayo de 2021.

La relación de abusos cometidos por elementos del Ejército o de la Guardia Nacional, que está bajo mando militar, es muy grave: asesinato de un joven estudiante en Irapuato, el 27 de abril de 2022; asesinato de la niña Heidi Mariana Pérez Rodríguez el 31 de agosto de 2022 en Nuevo Laredo; muerte de dos jóvenes en Jiménez, Chihuahua, el primer día del presente año; asesinato de cinco muchachos en Nuevo Laredo, el 26 de febrero de 2023; muerte de dos personas en la misma ciudad el 17 de abril; ejecución de cinco personas el 18 de mayo también en Nuevo Laredo.

Esos son casos de los que hay testimonios y evidencias de excesos recientes. El combate a la delincuencia no puede realizarse con delicadeza, pero la presencia en las calles del Ejército, o de fuerzas sujetas a control militar, siempre implica riesgo de abusos. La desatención a los protocolos o la inexistencia de ellos, propicia atropellos e ilegalidades.

A la militarización de la seguridad pública, se añade la injerencia que el presidente López Obrador les ha conferido a las fuerzas armadas en tareas administrativas, de construcción y en el manejo de empresas del Estado, entre otras actividades. Hay militares involucrados hasta en la definición de las políticas científicas. Estamos ante un proceso de militarización de la estructura del Estado mexicano que les da a los mandos del Ejército y la Marina un protagonismo, y una capacidad política y financiera, que no habían tenido en las últimas ocho décadas.

Cuando se habla de “humanismo militarista” se soslayan las extralimitaciones, la disciplina compulsiva y el autoritarismo que siempre están presentes cuando se desbordan los ámbitos de actuación naturales para las fuerzas armadas. Es pertinente, desde luego, que se procure humanizar a las corporaciones militares, dentro de las que hay profesionistas y técnicos comprometidos con el desarrollo del conocimiento. Pero aceptar la intervención de las fuerzas armadas en tareas que deben estar reservadas para los civiles y tolerar los excesos que llegan a cometer, nos conduce a la militarización del humanismo —es decir, a su extinción—.

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