BúsquedaHistóricamente asediado por los gobernantes, el Instituto Electoral de la Ciudad de México recibió este viernes un ataque mortal que impacta directamente en la frágil democratización de la capital del país. Por órdenes de Claudia Sheinbaum, los diputados de Morena en el Congreso local propiciaron un golpe de estado técnico que busca restringir a la autoridad administrativa electoral, mutilándole sus capacidades para garantizar la equidad política. A la destrucción institucional contribuyó la Consejería Jurídica actualmente a cargo de un cuestionado ex consejero electoral y el sometimiento -en los hechos- de los actuales consejeros, quienes brillaron por su ausencia mientras se llevaba a cabo una aguerrida defensa por parte de la oposición en contra de los despropósitos del oficialismo. Muy pronto se observarán los efectos negativos que implica esta reforma que se impuso violentando sistemáticamente los procedimientos parlamentarios y las reglamentaciones internas del Poder Legislativo. Con fundamento en la Ley de Austeridad local, los cambios impuestos establecen una reducción salvaje de la estructura orgánica del IECM.
Se eliminan del Código Electoral las referencias a diferentes áreas especializadas como son las Unidades Técnicas de Fiscalización, de Género y Derechos Humanos, de Vinculación con Organismos Externos, de Formación y Desarrollo, así como de Archivo, Logística y Atención a Órganos Desconcentrados. También se afectan indirectamente otras áreas sensibles como la Contraloría y la Unidad de Gestión de Calidad que se reducen para suprimir 105 plazas laborales con las que se pretende “ahorrar” 52.4 millones de pesos anuales. No olvidemos que el IECM es la autoridad administrativa encargada constitucionalmente de organizar, desarrollar y vigilar los distintos procesos electorales que se realizan en la CDMX. Con estos recortes se afectan distintas tareas sensibles que van desde la función fiscalizadora sobre el origen y destino de los recursos de agrupaciones políticas locales, partidos y organizaciones de observación electoral, así como el procedimiento de liquidación de las agrupaciones que pierden su registro. Al limitar estas funciones fiscalizadoras, los dineros ilegales se involucrarán en las campañas electorales distorsionando el principio de la equidad política que es la base de la certeza y la objetividad electoral.
La compactación de Unidades Técnicas y Direcciones Ejecutivas generará nuevas problemáticas que afectarán el trabajo institucional. Por ejemplo, la función fiscalizadora, altamente técnica y especializada de carácter contable y legal, no puede ser realizada por cualquier servidor público. Esta función implica control y vigilancia permanente de los recursos empleados en la competencia política. Limitar la autonomía técnica y de gestión del aparato fiscalizador representa un grave retroceso en nuestro proceso de transformaciones hacia una democracia de calidad. Pero no es todo, la fusión de la Unidad de Género y Derechos Humanos con la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica resulta violatoria de los principios constitucionales de paridad de género y no discriminación. Son retrocesos que afectarán las candidaturas con paridad de género, los programas de liderazgo político de mujeres y las políticas institucionales con perspectiva de género perdiéndose la eficacia, el profesionalismo, la experiencia y las habilidades adquiridas.
Lo mismo ocurrirá con otras áreas que se compactan o desaparecen y que involucran tareas esenciales para las diferentes fases de la organización de las elecciones que van desde el registro de los candidatos, la logística y la integración de los órganos desconcentrados a nivel distrital y el flujo de resultados electorales en tiempo real, hasta la instalación de las mesas receptoras de las votaciones ya sea que se trate de presupuestos participativos o de jornadas electorales. Ahora queda el camino de las acciones de inconstitucionalidad, esperando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revierta este atentado en contra de la democracia.
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