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Siendo el combate a la corrupción la principal promesa de campaña de Andrés Manuel López Obrador, no se entiende su resistencia hacia todo lo relacionado con la transparencia y rendición de cuentas. Su cruzada contra los malos manejos fue la razón de echar abajo el Nuevo Aeropuerto de Internacional de México y los fideicomisos, así como modificar el sistema de compras de medicamentos. Parecía que la escoba con la cual echaría la corrupción escaleras abajo sería una barredora industrial; pero solo parecía…
La primera demostración de que todo era una simulación se dio cuando casi hace desaparecer el Sistema Nacional Anticorrupción; luego vino el decreto mediante el cual las cuentas de las obras federales quedarían reservadas por ser de “seguridad nacional”, a la par de ataques continuos a organizaciones civiles como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Porque en la narrativa y posverdad lopezobradorista, con su palabra basta.
El subterfugio “legal” para reservar la información sobre todas las obras federales fue invalidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así que ni tardo ni perezoso, el presidente emitió otro decreto cubriendo las megaobras, de tal suerte que ni siquiera la Auditoría Superior de Federación puede revisar los expedientes de las contrataciones y erogaciones. No olvidemos que las megaobras han multiplicado sus costos y abarcan cientos de miles de millones de pesos.
No solo es esta conducta abusiva por parte del presidente, sino su decidida intención de dejar a los ciudadanos sin instrumentos para exigir la rendición de cuentas. Una de las víctimas ha sido el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), en el cual prevalecen tres vacantes entre los comisionados porque simple y sencillamente la 4T ha bloqueado de una u otra forma las designaciones. Después de un año de estar vacíos los asientos de los comisionados, en febrero de 2023 los legisladores finalmente reunieron los suficientes votos para los nombramientos, pero el presidente los vetó.
Si no es por la Corte, el INAI estaría impedido a sesionar y con ello, los ciudadanos no tendríamos forma de obtener información sobre la gestión pública. Solo como detalle: el INAI resolvió 26 mil 200 medios de impugnación en 2022.
Gracias a una controversia interpuesta ante la Corte, ésta resolvió que el Senado tiene como plazo máximo el 15 de diciembre para hacer las designaciones de los nuevos comisionados; sin embargo, el martes pasado los senadores guindas rechazaron dos ternas. Así las cosas, lo que procede es abrir una nueva convocatoria y corresponde a la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta proponer otras dos ternas para que los senadores voten.
Supongo que la JUCOPO sacará de la chistera a los nuevos candidatos, porque los tiempos están muy apretados; resulta que el día 12 no habrá sesión por ser día gudalupano, quedando entonces solo miércoles 13 y jueves 14 para resolver el asunto. De no hacerlo, los legisladores caerán en desacato a una orden de la Corte y no pueden alegar inmunidad parlamentaria. Por supuesto, un eventual desacato solo echaría más gasolina a la hoguera que media entre la 4T y el Poder Judicial. Mala cosa, muy mala.
El presidente y ahora la candidata a la Presidencia, Claudia Sheinbaum, insisten en que si gana la oposición, regresará la corrupción. Con lo que no cuentan es que la posverdad a veces tiene límites; el fraude de SEGALMEX pudo pasar, pero cuando caen meteoritos informativos en la opinión pública está más difícil. Y ayer cayó uno; mire diputado Romero Hicks:
El empresario tabasqueño Amílcar Olan ganó un contrato por 300 millones de pesos ante el gobierno de Quintana Roo. La contratación no tendría nada de particular si no fuera porque su empresa fue fundada en 2020, está boletinada por la COFEPRIS, la respuesta a la licitación fue dada en unas cuantas horas, le pagaron por adelantado y que el empresario es amigo íntimo de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del inquilino de Palacio Nacional.
La información anterior está contenida en un reportaje difundido por Carlos Loret de Mola en su noticiero de Latinus y en sus redes sociales. Y es solo el primero de lo que Loret anuncia como una serie a partir de 40 horas de conversaciones grabadas y montones de documentos que indicarían un favoritismo hacia los amigos cercanos del hijo del presidente. Asimismo, “dejarían muy mal parados a funcionarios del gobierno y altos mandos militares”. Aun más, incluye contrataciones en la megaobras tan celosamente guardadas.
¿Será por estos manejos que la 4T insiste en la opacidad? Lo sabremos pronto.
Mientras tanto, la temperatura política podría reventar el termómetro.
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