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La batería de propuestas de reforma constitucional que el presidente López Obrador lanzó, desde la Ciudad de México, en un acto paralelo -y en cierto modo, enfrentado- a la conmemoración constitucional de Querétaro, tiene muchísima jiribilla. En términos beisboleros, es una moña, un lanzamiento de nudillos (la pelota se mueve de manera tan arbitraria que ni el receptor sabe bien dónde le llegará y por eso usa una mascota más grande).
Como buen lanzamiento de engaño, el amplio paquete de reformas aparece como un propósito de gran calado: abarca de todo, del fracking, a los vapeadores, al mayor empoderamiento de la CFE y la Sedena, a los salarios y pensiones, la reforma electoral, la del poder judicial, la desaparición de los organismos autónomos y un largo etcétera.
Pero es una nudillera. No va a gran velocidad. El bloque de gobierno no tiene la mayoría constitucional y cada una de las reformas requiere de una buena cantidad de votos opositores para transitar hacia el cambio constitucional. En otras palabras, no está pensado para ser aprobado; al menos, no en su mayor parte. Tiene otros propósitos.
Una de las intenciones es más que evidente. Tanto, que hasta los políticos del Frente se dieron cuenta. Varias de las iniciativas, aunque generen enormes boquetes fiscal-presupuestales, son tan populares que oponerse a ellas le dará armas a la coalición morenista en la campaña electoral. Mejorar las pensiones, garantizar becas a estudiantes pobres, hacer una escala móvil copeteada para el salario mínimo, son todas medidas socialmente plausibles. El problema es cómo financiarlas con los recursos escasos del Estado. Más aún si se quiere constitucionalizar la Austeridad Republicana, así con mayúsculas.
Algunos partidos de oposición ya se han mostrado dispuestos a aprobar esa parte del paquete. No lo hacen porque consideren que sea factible: es para no perder votos. Y nadie quiere confesar que, si de verdad se quiere garantizar todos esos beneficios sociales, es necesaria una reforma fiscal de gran calado. Y se sabe que la palabra “impuestos” es anatema en tiempos electorales. Yo me pregunto si, en su afán de no ser tomados por sorpresa, los líderes de la oposición están pensando en que le dejarán un problemón presupuestal a Claudia Sheinbaum o si ya asumieron que, si ganara Xóchitl, tendrían ellos que encargarse de la reforma fiscal… con la oposición de un nutrido bloque morenista, y hasta de una parte de ellos mismos. El bateador dice “por aquí va a quebrar la pelota”, y no, no quiebra por ahí.
Las principales, y más venenosas, iniciativas son: la que pretende regresar la conformación del Congreso de la Unión a los tiempos del “partido prácticamente único”: es decir, revertir las reformas democráticas pluralistas realizadas a partir de 1997; la que pretende distorsionar el Poder Judicial para hacerlo un instrumento político a partir de elecciones; y la que -también atacando a la judicatura- pretende eliminar todas las dependencias y organismos autónomos “creados durante el periodo neoliberal”. Otras más, son puro humo declarativo.
Evidentemente, López Obrador no sólo quiere debilitar a los poderes Legislativo y Judicial, sino -ojo- pretende, así sea teóricamente, que ese debilitamiento quede plasmado en la Constitución. Que quede grabado en piedra que el Ejecutivo es el actor central y centralizador de las decisiones en México, y que puede actuar discrecionalmente en muchas materias en las que hoy se requiere la supervisión autónoma. La distorsión populista de la democracia cristalizada en una constitución distorsionada.
Está claro que la parte venenosa del paquete de reformas será rechazada por la oposición, y es casi seguro que la coalición que encabeza Morena tampoco tendrá mayoría constitucional en la próxima legislatura federal. Así que se trata más de una declaración de propósitos (que, si vemos el andar del sexenio, es una declaración reiterada una y otra vez).
Pero si vemos dos veces, esa declaración de propósitos reiterada tiene un destinatario. López Obrador pone en la mesa de la discusión pública su visión personal de los cambios que quiere para el país, y lo hace días antes de que empiece formalmente la campaña presidencial. Además, de hecho, deja el impulso de esas iniciativas como principal tarea para el nuevo legislativo, que viene con la elección de junio, donde se elegirá al nuevo titular del Ejecutivo.
La destinataria es Claudia Sheinbaum. Ella, por supuesto, ha declarado que se trata de grandes iniciativas democráticas. No ha hecho otra cosa que volverse eco del Presidente, y el mensaje es que lo tendrá que seguir haciendo. Es una definición de propósitos transexenales: quiero que se hagan las cosas como digo yo, y lo mejor es que no le muevan ni una coma. Ah, y de paso, como quien no quiere la cosa, dentro de la iniciativa de reforma electoral, está la reducción de requisitos para la revocación de mandato, para que sea obligatoria y vinculante.
AMLO delinea su proyecto de país para los sexenios posteriores. Es el anuncio no tan velado de que va por el Maximato. El Jefe Máximo de la Transformación.
La intención de las curvas nudilleras que lanzó Andrés Manuel el 5 de febrero, más que de ponchar al bateador rival, es entrenar a la receptora para que sepa bien por dónde va la pichada. Porque López Obrador quiere seguir lanzando todas las entradas y todos los partidos.
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