“Jóvenes, ¡no se enganchen!”

En los últimos días, el Cártel de Sinaloa (CS) atrajo la atención nacional por su incursión en los municipios del sur de Chiapas, en una acción “liberadora” de los pobladores del yugo del Cártel Jalisco Nueva Generación. Sobre estos hechos, el inquilino de Palacio Nacional instó a los jóvenes chiapanecos a no dejarse tentar por el dinero fácil de los narcos.

Detrás del exhorto presidencial hay mucho por desbrozar.

Empecemos con el interesantísimo estudio “Reducir el reclutamiento de los cárteles es la única forma de disminuir la violencia en México”, publicado en la prestigiada revista Science y cuyos autores son mexicanos expertos en seguridad y matemáticas (Prieto et al. Science #381. 22/09/2023). “Es el primer intento académico para cuantificar matemáticamente el tamaño de los cárteles y comparar (la eficacia) de las políticas públicas destinadas a reducir la violencia,” reza en su introducción.

No repetiré cómo los autores desarrollaron un muy complejo matemático con datos duros de los últimos 10 años; mejor pasemos a lo que sustancialmente nos importa en relación con los jóvenes:

El crimen organizado (CO), considerando los dos grandes cárteles, ocho mafias relevantes y 140 bandas locales, empleaba a 115 mil personas en 2012. Para 2022, la membresía ascendió a 150 mil. Debido a las bajas por muerte y encarcelamiento, reclutan constantemente nuevos elementos, de tal suerte que su tamaño nunca disminuye. Por ejemplo, en 2021 perdieron 12 mil miembros, pero reclutaron 19 mil, a razón de 370 por semana.

Con toda lógica, los autores afirman que a mayor membresía de los cárteles, mayor fuerza y capacidad de reto a las autoridades. Así que volvieron a correr el modelo para determinar qué sería más eficiente y más económico para contener al CO: incrementar la coerción para inhabilitarlos (encarcelamiento, armas, prisiones, etc.) o una estrategia preventiva (contención del reclutamiento).

Desde luego, el planteamiento matemático no supone optar por una estrategia y excluir la otra, sino a cuál dar preferencia. La preventiva resultó más eficiente, pues “si disminuyera a la mitad la capacidad de reclutamiento, el número de muertes bajaría 25 por ciento y el tamaño de los cárteles disminuiría en 11 por ciento. (…) Al reducir el reclutamiento,” dicen los autores, “se tendría un triple efecto: primero, disminuir el número de miembros; segundo, bajar el número de posibles objetivos, de tal suerte que un número menor de personas sufrirían violencia; y tercero, se reduciría la capacidad del CO para futuros reclutamientos.”

Usted estará muy contento de saber que dar oportunidades a los jóvenes como lo hace el programa “Jóvenes construyendo el futuro” (JCF) podría incidir en la baja del reclutamiento. Sin embargo (de hecho son varios, secretario Baruch), hay algunos escollos.

En 2022 se destinaron 91 mil millones de pesos para las becas de JCF, a razón de seis mil pesos mensuales a jóvenes de 18 a 29 años, que no estudian ni trabajan. El objetivo es que se inscriban como aprendices en alguna empresa y ese sea su sueldo; posteriormente, los chavos tendrían algún oficio para trabajar por su cuenta o emplearse en algún lado. Hasta ahí todo bien, porque ese rango de edad es el “target” de los narcoreclutadores.

Aquí viene el primer “sin embargo”: según el CONEVAL, apenas 55 por ciento de los dos millones y medio de jóvenes inscritos obtiene su constancia de capacitación y solo 60 por ciento de los centros de trabajo cumplen con los requisitos del programa. “Más pior”, diría mi abuela, al analizar la eficacia de la vinculación de JCF con otros programas para jóvenes, ésta llega a un esmirriado 11 por ciento.

Veamos otros datos. El Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas indica que en el primer trimestre de 2023 ya ha registrado a dos mil 95 personas (+20 por ciento que en 2022). De éstas, 39 por ciento son jóvenes, así que extrapolando para el final del año tendremos mil 700 jóvenes esfumados por cortesía del CO.

Nótese, estamos hablando de registros, no conocemos la cifra negra. De hecho, un buen número de jóvenes sufren de reclutamiento forzado y resulta difícil saber a cuánto asciende esa “leva”. Cabría dudar que las familias se atrevan a denunciar, si tienen a los cárteles viviendo puerta con puerta; tal es el caso de los habitantes de Chiapas. Aquí es donde la estrategia coercitiva entraría en juego; aunque fuera con muchos abrazos, el chiste sería que se basara en información de inteligencia y estuviera sólidamente diseñada (incluido el combate a la corrupción).

Como vemos, las buenas intenciones de la 4T se quedan en eso. No dan los resultados deseados porque no son políticas públicas, son ideas sin visión, metodología, integración y evaluación; solo nos cuestan miles de millones de pesos que sirven para la propaganda mañanera y la cooptación de votos.

Ya ni siquiera es para dar coraje, secretario Baruch. Da una enorme tristeza constatar que a los jóvenes pobres, se los lleva el narco o se los lleva el cara&%.

Colaboró: Upa Ruiz uparuiz@hotmail.com

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