BúsquedaEl proyecto de la autodenominada cuarta transformación enfrenta, cada vez más, flancos insalvables en materias de resolución impostergable para el país. Uno de los más dolorosos, sobre todo por el desprecio mostrado por el Ejecutivo federal ante las víctimas y sus familias, es el del feminicidio.
Para dimensionar la magnitud de la problemática, es importante destacar que, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el primer semestre del año 2019, el primero completo de la actual administración, se contabilizaron 488 víctimas de feminicidio en todo el territorio nacional. Para el mismo periodo de 2020 (enero a junio), la cifra oficial reconocida es de 495 víctimas; para el 2021 fue de 530, mientras que para el primer semestre de 2022 la cifra es de 493 víctimas de la violencia feminicida.
Como se observa, los datos permiten sostener que nada se ha mejorado en la política de prevención y erradicación de esta forma terrible de la violencia en contra de las mujeres; pero lo peor es que no hay señales de que se esté revisando la política pública y menos todavía de que haya voluntad para modificar la ya fracasada estrategia seguida hasta el momento.
Estrictamente hablando del año 2022, junio ha sido el mes con el peor indicador: en enero se reconoció la cifra de 79 víctimas; en febrero fueron 83; en marzo, 75; en abril, 83; en mayo 84 y en junio, 89, el mes más violento contra las mujeres en lo que se refiere a los feminicidios.
Por fortuna, los movimientos de los nuevos feminismos han logrado, en la mayoría de los casos, posicionar la agenda más allá de las cuestiones partidistas. Porque en este caso se trata de la posibilidad o no de construir una sociedad igualitaria, incluyente y donde exista plena protección y garantía de la dignidad humana.
Las cifras oficiales de que disponemos implican, para este 2022, un promedio de 2.7 feminicidios; esto sin considerar que hay decenas de casos de homicidios cometidos contra mujeres, en los cuales, por negligencia o por franca misoginia, en las Fiscalías estatales se omite investigarlos como lo que son: crímenes originados en el odio hacia las mujeres.
Desde esta perspectiva lo que México enfrenta es una profunda herida que va a tardar décadas en sanar; eso considerando el supuesto de que por fin se pondrán manos a la obra y se impulsará una nueva estrategia nacional para la prevención y erradicación de este horrendo crimen. Pero ya se dijo arriba: eso no va a ocurrir, y ese oscuro panorama es el que más preocupa.
Doblemente es preocupante que la oposición se encuentre tan lejana igualmente de estas agendas. En el PRI, el vocabulario machista y misógino exhibido -aún ilegalmente- de su dirigente nacional, lo inhabilita moralmente para hablar siquiera de la materia; en el PAN las agendas de los derechos de las mujeres siempre han sido un tabú; para ejemplo basta la declaración reciente de la diputada guanajuatense, Cristina Márquez, quien con todas sus letras afirma que: “el aborto nunca estará en la agenda del PAN”. ¿Con qué cara, en estos casos, se puede hablar de una visión amplia, como lo establece la Constitución, en materia de derechos y dignidad humanas?
En Movimiento Ciudadano, los ejemplos de Samuel García y el reciente caso de Debanhi Escobar, pero también Enrique Alfaro no dan mucho margen para opinar de manera positiva; mientras que en lo que queda del Partido Verde, del PT y del PRD, las cosas son poco menos que penosas.
Así, con una oposición auténticamente derrotada en lo moral, y con el partido-movimiento del presidente de la República en la complicidad, por silencio e inacción, las mujeres de México siguen enfrentando el miedo cotidiano de salir a trabajar, a estudiar o simplemente a divertirse, y no saber si ese será un mal día en que se encuentren con un psicópata que terminará violentamente con su tranquilidad y, en los peores casos, con sus vidas.
No es casual pues, que en la más reciente edición de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), la proporción de personas que declaran sentirse inseguras en sus ciudades es mucho mayor entre las mujeres que entre los hombres.
En efecto, en lo que va de la actual administración federal, únicamente en el mes de septiembre menos del 70% de las mujeres declararon sentirse inseguras en sus ciudades (el indicador fue de 69.1%); pero en el resto de las mediciones, el porcentaje siempre es superior a 7 de cada 10. Así, en junio de este 2022, la proporción fue de 72.9%. Entre los hombres, la proporción fue de 60.9%, es decir, 12 puntos porcentuales menos que entre las mujeres, dato mucho menor, y de forma clara, estadísticamente significativo.
Una sociedad donde la población en general, pero especialmente, las mujeres viven con miedo ante la amenaza real y palpable de posibles agresiones, puede concebirse como una donde el proyecto civilizatorio está colapsado. Porque si hay tales niveles de feminicidio, es porque existen condiciones estructurales que impiden frenarlo, y peor aún, que imposibilitan la reparación del daño y la garantía de la no repetición.
Todavía hay tiempo de cambiar de estrategia; todavía pueden generarse acciones ejemplares; todavía hay lugar para el diálogo y la reconciliación genuinas. Pero es el Ejecutivo Federal quien debe dar el primer paso en esa dirección. Ojalá que así sea.
Investigador del PUED-UNAM
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