Juristas al servicio del poder
Las pasadas elecciones presidenciales empiezan a tener consecuencias para México. Los resultados manifestaron el estado de ánimo de un país agitado y dividido. La copiosa participación en las urnas marcó un cambio significativo y un verdadero terremoto en la situación política tradicional. De paso alteró radicalmente las relaciones de fuerza entre los diferentes partidos. Esta compleja situación de fuertes desencuentros políticos ha tenido como su principal catalizador el paquete de reformas constitucionales presentadas por el Presidente saliente, y de manera especial, la relativa al Poder Judicial. Por tal razón, en estos días la atención estará concentrada en el Senado de la República donde –en medio de presiones de todo tipo- se habrán de llevar a cabo las votaciones para su rechazo o aprobación. La decisión que se adopte incidirá en todos los ámbitos de la política nacional y particularmente, en la vida cotidiana de los ciudadanos. En ese momento, se sabrá si nuestra imperfecta democracia cederá su lugar a un nuevo sistema de tipo unipersonal.
Comisiones del Senado votan dictamen de reforma al Poder Judicial
De aprobarse esa contrarreforma entrará en crisis el Estado de derecho, la separación de poderes y la democracia representativa. También serán cuestionados los valores expresados en nuestra Constitución Política relativos a la unidad, la igualdad y la legalidad que fueron establecidos por los constituyentes para orientar nuestro vivir común. Durante muchas décadas se consideró que la Constitución era de todos y que representaba la estrella polar que guiaba nuestras acciones, pero ahora –si se acepta el ominoso dictamen- se transformará paulatinamente por obra de la tiranía legislativa, en una Constitución para unos pocos, quienes decidirán en el nombre de todos tanto sus alcances como sus contenidos. Los primeros pasos serán en el signo de la incertidumbre, posteriormente habrán de revelarse con nitidez los rasgos y prácticas políticas que identificarán a la nueva forma organizativa que se instaurará.
Conviene recordar las lecciones del catedrático emérito de la Universidad de Constanza en Alemania, Bernd Rüthers, quien en su obra: “Derecho Degenerado. Teoría jurídica y juristas de cámara en el Tercer Reich” (Madrid, Marcial Pons, 2016), estudia el papel desempeñado por destacados juristas al servicio del nazismo en su lucha contra el orden democrático. El análisis se centra particularmente en Carl Schmitt y Karl Larenz quienes dieron relevancia, entre otros, al concepto de “renovación jurídica popular” que sirvió al régimen nazi para llevar a cabo una profunda depuración del Poder Judicial. Señala que las garantías de la Constitución y el ordenamiento jurídico de la República democrática de Weimar: “no fueron capaces de evitar que un movimiento totalitario y despectivo con el derecho
conquistara el poder y se diera una total perversión de lo legal”. Agrega que el ordenamiento jurídico carece de todo poder autónomo y que solo es tan fuerte y resistente como lo sea la disposición para su defensa por parte de las fuerzas jurídicas política y profesionalmente responsables.
El drama del derecho en tiempos del nacionalsocialismo marcó el destino de la historia europea y mundial en el siglo XX. Hitler recalcó repetidamente que para él, el derecho radicaba en el poder y en la propia fuerza. De esta manera, el Estado de Excepción permanente y ajeno a cualquier norma legal que se instauró mediante la “Ley de Autorización” representó su elemento básico de dominación. Esa hostilidad hacia el derecho -nacida del ansia de poder- que asociaba al nazismo con el evidente odio hacia jueces y juristas, era necesaria según los nazis para una renovación de la sociedad, de la política y del derecho asumiendo el liderazgo providencial del Führer, el carácter nacional del pueblo, el programa del partido y el espíritu del nacionalsocialismo como las nuevas fuentes del derecho. Así las cosas, existen grandes similitudes con lo que actualmente acontece en nuestro país
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