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Las desgracias caen sobre los guerrerenses un día sí y otro también.
No se tenía registro de un huracán que ingresara a tierra firme siendo categoría 5 y ahí están los resultados. Las primeras imágenes de los destrozos provocados por “Otis” son impactantes, pues la otrora alegre Costera “Miguel Alemán” se parece a la franja de Gaza. No quiero imaginar cómo están los habitantes de otros municipios.
¿Cuánto costará la reconstrucción? Difícil saber a estas alturas. Por lo pronto, el presidente de la Comisión de Turismo, el diputado Jericó Abramo (PRI), ha solicitado que la Secretaría de Hacienda redirija 10 mil millones de pesos para enfrentar el desastre. ¿Habrá tales fondos en las arcas públicas? En teoría deben estar en la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP ante la desaparición del FONDEN, pero con eso de que las megaobras siguen consumiendo recursos… Por su parte, Hacienda ha informado que el gobierno cuenta con seguros para enfrentar la catástrofe. Ya veremos.
El huracán “Otis” vendrá a exacerbar la de por sí lamentable situación de la entidad, al tiempo que ocultará temporalmente sus grandes deficiencias institucionales.
Según CONEVAL, 72 por ciento de la población se encuentra en condición de pobreza multidimensional y una cuarta parte está en pobreza extrema; es decir, las carencias campean lo mismo en las zonas urbanas que en las rurales (Reporte de Pobreza de Guerrero 2022).
Hay algunas dimensiones de la pobreza que no necesariamente tienen que ver con los ingresos de los guerrerenses, pues las autoridades estatales o federal las debieran atender. Me refiero al acceso a servicios de salud, el cual empeoró entre 2018 y 2020, al pasar de 14 a 33 por ciento, probablemente como efecto de la transición del Seguro Popular al INSABI. Una cuarte parte de la población sufre rezago educativo. Sería de esperar que el IMSS-Bienestar y la SEP se dieran una vuelta por ahí.
Poco más de la mitad de los habitantes tienen insuficiencia de servicios básicos en la vivienda, como un baño funcional o suministro diario de agua. Lo más grave es que una tercera parte está mal alimentada. Ninguna de estas carencias son de extrañar, pues 70 por ciento de los guerrerenses tienen un ingreso inferior a la línea de pobreza.
Desde hace varias décadas, en Guerrero se aplican programas sociales pero no han sacado adelante a la población. De hecho, la pobreza apenas disminuyó 1.5 por ciento en los últimos tres años.
En Guerrero, los programas sociales cumplen con 13 de las 14 normas que los rigen; la excepción es… ¡Adivinó usted!, el Padrón de Beneficiarios. Si no se sabe a quién se le entregan los apoyos, por muy bien que esté el resto de la normatividad, la transparencia en el manejo de los recursos se pone en duda. Y con los datos de pobreza que le comparto, pues no veo efectividad alguna de los programas. ¿Corrupción? Tal vez.
Lo anterior nos lleva a la debilidad institucional que, sumada a la pobreza, hace de Guerrero el lugar perfecto para el arraigo del crimen organizado.
Desde hace seis décadas, en la entidad se inició el cultivo de amapola y de marihuana, aprovechando su orografía y sus condiciones climáticas. Claro, las ganancias siempre han sido para los narcos, porque los campesinos siguen en la postración intergeneracional.
Al día de hoy, hay 16 bandas principales operando en siete regiones, como Los Tlacos, Los Ardillos y Los Rojos; hacia arriba, cada una de ellas se liga con alguno de los grandes cárteles y, hacia abajo, también cada una tiene bandas menores adheridas. Durante todo este año han sido notorios los enfrentamientos entre las bandas por la disputa de las plazas y sus alrededores, pero no solo por la producción y trasiego de droga, sino también ppr el derecho de piso, el control del transporte público, el abasto de alimentos y toda actividad económica legal de la cual puedan extraer alguna ganancia ilegal.
La debilidad institucional es tal que en julio pasado cuando fue detenido un líder transportista ligado al narco, Chilpancingo se paralizó por completo sin que la Guardia Nacional pudiera poner orden. Al final, la gobernadora tuvo que sentarse a negociar.
En Guerrero lo mismo asesinan taxistas que no se someten, que a delegados de la FGR y no pasa nada. El lunes pasado, 13 policías municipales de Coyuca de Benítez fueron emboscados y, en el colmo, la Fiscalía del Estado suspendió actividades en Tierra Caliente para no exponer a su personal. Si la Fiscalía no puede, ¿quién?
Corrupción, delincuencia organizada, negligencia gubernamental y pobreza han caracterizado a Guerrero por décadas. Y ahora, hasta la Naturaleza se sumó.
Me temo, señora secretaria, que Guerrero necesita mucho más que esos 10 mil millones de pesos.
Colaboró: Upa Ruiz uparuiz@hotmail.com
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