BúsquedaEl lunes 3 de octubre iniciaremos en Mérida la reunión del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo (FIDA) con la presencia de los grandes tratadistas de la materia: Juan Carlos Cassagne (Argentina), Jaime Rodríguez Arana (España), Carlos Delpiazzo (Uruguay), Chase Plate (Paraguay), Orlando Santofimio (Colombia), Germán Cisneros (México) y Mirta Sotelo (Argentina) y más de 60 profesores de derecho administrativo y continuaremos con el Congreso XXI.
Este Congreso y otros más, muestran que hay una actividad académica muy importante en la región para revisar la actuación de la autoridad y los derechos de las personas frente a una mayor complejidad política, económica y social en las más diversas materias que afectan la vida cotidiana y comprometen el futuro, tales como agua, energía, movilidad, infraestructura, desarrollo urbano, telecomunicaciones, salud, seguridad social, competencia económica, turismo, migración y un larguísimo etcétera.
Este activismo obedece a la necesidad de construir soluciones jurídicas legítimas a partir de la multidisciplinariedad y la diversidad de enfoques de aplicación del ordenamiento jurídico en el que la ley es un freno a la arbitrariedad, un parámetro de actuación y una límite al ejercicio de la autoridad.
Es necesaria la reflexión sobre la importancia y funcionalidad de la ley como fuente del derecho y legitimación de la actuación del poder político frente a la protección de los derechos humanos y la exigencia de la sociedad a los gobiernos de resultados manifestados en más y mejores bienes y servicios públicos. Esto nos ha ocupado los últimos cincuenta años desde que en la década de los setenta del siglo pasado los administrativistas españoles, entre ellos García Enterría, cuestionaban que la ley fuera la expresión auténtica de la voluntad general y denunciaban que ésta se había convertido en un instrumento para imponer visiones particulares de un grupo políticamente fuerte.
El debate ha sido fructífero y suele concentrarse en congresos académicos en los que se confrontan formas diferentes de concebir el derecho administrativo. La diversidad se forja en contextos nacionales con evoluciones jurídicas propias y, en el caso de Latinoamérica, marcados por la inconsistencia ideológica y las estructuras económicas que profundizan las desigualdades sociales.
Una idea más o menos compartida, con sus matices, es que los ordenamientos jurídicos que consideran como fuente principal del derecho a la ley son insuficientes para resolver con equidad y justicia los conflictos sociales y se requiere de la “corrección” que introducen los jueces con la promoción, garantía, respeto y protección de los derechos humanos en sus resoluciones o los administradores en el ejercicio de la discrecionalidad propia de su actividad para lograr una mayor eficacia, eficiencia y economía de los aparatos estatales y en la colaboración de los particulares en la gestión de lo público.
Esta insuficiencia no significa que se proponga el abandono de la ley como parámetro de control del ejercicio del poder político. La ley sigue siendo el principal límite de la autoridad y garante del mínimo indispensable para que el gobierno no sea despótico y luego entonces, sólo después del reconocimiento de que el Estado debe actuar dentro de los márgenes de la legalidad, viene el mandato de que la aplicación e interpretación de la ley se lleve a cabo bajo protocolos de respeto a los derechos humanos y de la forma más adecuada para que se logro el mayor bienestar social posible.
En este sentido, la frase “no me venga que la ley es la ley” para imponer un punto de vista a los gestores de lo público, la sociedad o a los agentes económicos sólo refleja la impotencia del poder ante su propia inoperancia política y administrativa, así como el desprecio por el trabajo de construcción colectiva de los contenidos legítimos del derecho dentro de comunidades académicas que si son conscientes de la necesidad de superar la desigualdad social y combatir la corrupción que deriva de ésta.
Con esta frase afloró el inconsciente autoritario del presidente López Obrador, a quien cada día le es más complicado ocultarlo. Hoy, después del hackeo de documentos reservado en el que queda expuesto su estado de salud, su reacción fue la descalificación “fraternal” de los especialistas de la medicina. Este ninguneo seguramente es una constante en su trato con los juristas, economistas, ingenieros, militares o administradores públicos profesionales que le proponen vías de acción correctas desde una perspectiva objetiva y científica.
Así como los médicos no dejarán de investigar, ni de prescribir los tratamientos pertinentes sólo porque un paciente, que pretende tener siempre la razón, no los tome en cuenta para la protección o restauración de su salud, los juristas nos seguiremos reuniendo para reflexionar y proponer las soluciones jurídicamente válidas para mejorar la gestión pública y para que la persona humana sea efectivamente el centro de la acción del Estado. Los esperamos en el Congreso XXI del FIDA en Mérida el 5, 6 y 7 de octubre.
Investigador del Instituto Mexicano de Estudios
Estratégicos de Seguridad y Defensa Nacionales
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