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El inquilino de Palacio Nacional tiene fija la idea de recortar el presupuesto del Poder Judicial y, si el tiempo y la fuerza le alcanzan, reformarlo. No entiendo bien por qué propone otra reforma, si hace un par de años y de la mano del entonces presidente de la Suprema Corte de la Nación, Arturo Zaldívar, se llevó a cabo una. Como sea, al día de hoy la opinión presidencial es que el Poder Judicial no hace bien su trabajo y, encima es caro.
No dudo que haya jueces corruptos, pero creo que más nos valdría a todos que antes de iniciar, ooootra batalla política de grandes dimensiones, el Poder Ejecutivo y el Legislativo abordaran el muy serio problema de la ineficiencia de las Fiscalías. Aunque éstas se digan autónomas, no nos hagamos, dependen de facto de los mandatarios federales y estatales.
Tengo para mí que la ciudadanía —y para el caso también el presidente— no ve con claridad el proceso para lograr la justicia a favor de una persona agraviada y/o sus familiares. En términos muy simples, la procuración de la justicia empieza con que alguien levante una denuncia, se realice la investigación en tiempo y forma, se detenga a un sospechoso y todo ello se presente a un juez. Luego sigue la impartición de la justicia, o sea, el juicio mismo hasta arribar a la sentencia, la cual puede o no condenar al acusado.
Ahora mire los datos que me encontré en los diversos estudios realizados por la organización Impunidad Cero. Empecemos con el de “Percepciones de Impunidad 2023”:
La procuración de justicia prácticamente nunca pasa de las primeras etapas, dejando a los delincuentes de todo nivel y gravedad, muy a gusto. Solo el 6.4 por ciento de los delitos es denunciado y de esos poquitísimos, solo 14 son resueltos. O sea, la probabilidad de que el asunto llegue a un final es del 0.9 por ciento. Si con tan pocos delitos denunciados, los resultados son tan magros, imagínese, ¿cómo estarían las fiscalías si se denunciaran, digamos, 15 por ciento de los delitos?
Obviamente, los ciudadanos están hartos de la impunidad, pero tampoco denuncia porque no confía en las procuradurías. Y razón no les falta, don Ignacio.
Podríamos decir que el homicidio es un delito inocultable; haya o no denuncia, se abre la carpeta de investigación. No obstante su notoriedad, solo siete de cada 100 casos han sido esclarecidos en los últimos seis años, lo cual nos habla de un desempeño muy deficiente por parte de las policías investigadoras y los ministerios públicos (“Impunidad en homicidios doloso y feminicidio”, 12/2020).
De los delitos denunciados en 2020 y sobre los cuales se inició una investigación, al final en casi la mitad de ellos ¡no pasó nada! Una cuarta parte de los asuntos permanecía en trámite y solo 4.6 por ciento llegó a un juez; claro, falta ver en qué condiciones arribó al juzgado, porque con más frecuencia de la que quisiéramos, las carpetas están mal armadas y no prueban nada.
Como mencioné líneas arriba, el nivel de confianza de la ciudadanía en las fiscalías es muy bajo; con decirle que la de Nuevo León, la cual ocupa el primer lugar nacional, en 2020 apenas llegó a 20 por ciento de opiniones favorables. En general, 64 por ciento de los consultados estima que la falta de la procuración de la justicia se debe a la corrupción de los funcionarios involucrados y/o a que simplemente no hacen su trabajo.
El hartazgo social por los altos niveles de impunidad nos están llevando por un camino peligroso. Por un lado, existe en la población la visión errónea de que más militares en las calles va a acabar con la impunidad, siendo que su labor es de vigilancia y toca a las fiscalías dedicarse a la investigación, detención de sospechosos y armado de las carpetas de investigación. Más militarismo, no gracias.
Por el otro, 76 por ciento de las personas creen que todos los delitos deben ser sancionados con cárcel, incluso antes de que el asunto llegue a un juez; claro, mientras no sean ellas o algún familiar cercano a los que “entamben”. Y, como usted sabe, la prisión preventiva no ha impactado en la reducción de la impunidad, además de violar los derechos humanos al anular la presunción de inocencia.
Peor se la voy a contar, don Ignacio: la gente tiene la sensación de que solo se obtiene justicia cuando hay intereses políticos (¡qué raro!, ¿verdad?) o cuando hay un gran escándalo mediático. Es decir, caminos alternos a la esencia misma de la justicia.
Así las cosas, mi estimado diputado Mier, yo diría que ustedes, que son representantes de todas las entidades, debieran enfocarse en atender la demanda de justicia de sus representados, en vez de andar siguiéndole la corriente a un solo personaje, aun cuando éste despache en Palacio Nacional.
Ahí me platica qué deciden usted y su bancada.
Colaboró: Upa Ruiz uparuiz@hotmail.com
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