BúsquedaLos consejeros “ciudadanos” del INE contribuyeron decisivamente a la muerte de la democracia en nuestro país. Por medio de presiones, amenazas, chantajes o por simple conveniencia personal, en la última sesión del órgano electoral otorgaron al oficialismo una mayoría artificial en el Poder Legislativo para continuar con el proyecto de destrucción institucional que impulsa el grupo en el poder. Mientras tanto, en la Cámara de Diputados los integrantes de la coalición gobernante aprobaron en comisiones el dictamen en materia de “simplificación orgánica” que tendrá como consecuencia la desaparición de los órganos autónomos, para continuar inmediatamente con el desmantelamiento del Poder Judicial. Eliminar el pluralismo político para concentrar el poder será la característica de los tiempos que vienen. Un poder monolítico es absolutamente incompatible con cualquier forma de democracia y representa la banalidad del autoritarismo.
Estamos atravesando una época convulsa en la que la gobernanza neoliberal, el ascenso generalizado de los extremismos populistas, la política de bloques y polarización, así como otras formas de acción no democrática se imponen en diferentes latitudes. Los retrocesos de la democracia y los procesos de degradación institucional enmarcan el ascenso de los autócratas. Las instituciones que impulsan esas posiciones se convierten en instrumentos para el gobierno de unos pocos y son especialmente peligrosas cuando se encuentran en manos de facciones extremistas o antidemocráticas de una organización política. El peligro radica en que un sistema de este tipo permite que la voluntad de muchos aplaste los derechos de pocos.
En sus inicios los golpes de Estado fueron básicamente militares. Pasado el tiempo se inauguraron los golpes mediáticos y cuando los medios perdieron credibilidad, dejaron de ser suficientes para modificar el sistema político y, entonces, se hizo necesario recurrir al retorcimiento de las leyes. Así nació la “guerra jurídica” actualmente en boga y que se despliega esencialmente a través del uso ilegítimo del derecho interno de cada país. Es una práctica que se mimetiza de legalidad pero que en realidad se aplica como un arma de guerra más. Los gobernantes apelan frecuentemente a la “autoridad moral” de sus acciones para ocultar sus pulsiones autoritarias. Una democracia puede destruirse de manera legal.
La estrategia gubernamental ha resultado eficaz no solo neutralizando a los dirigentes políticos opositores, sino incluso también aislando a otros gobernantes asegurándose de contrarrestarlos. A pesar de la imagen de honestidad y pulcritud que desean aparentar, la realidad es que dicho planteamiento busca llevar a cabo un manejo interesado del sistema judicial para retorcer las leyes y decidir arbitrariamente nombramientos judiciales. La guerra jurídica que observamos implicará una permanente y exponencial judicialización de la política. La erosión de la democracia se producirá gradualmente mediante una sucesión de medidas “legales” orientadas a fortalecer los controles sobre la sociedad.
Se pretende que esta cooptación del Poder Judicial permita, en el corto plazo, dar una nueva redacción a las normas y que incluso mediante procesos de revisión constitucional, se pueda intervenir directamente en los asuntos políticos que interesan al gobierno. El nuevo sistema jurisdiccional mexicano al que aspiran, supondrá la anulación de la independencia judicial, lo que a su vez implicará la desaparición de la división de poderes que sustenta el Estado de Derecho. Observaremos un llamativo incremento de la intervención del Poder Judicial en la vida política nacional, obviando la neutralidad a la que la justicia está obligada en un sistema democrático.
Será el abandono por el Poder Judicial de la función originaria de impartir justicia para así, convertirse en herramienta al servicio de los sectores políticos. Se fracturará a la democracia mexicana en modos que son técnicamente legales. Los nuevos golpes de estado no necesitan de violencia, presos políticos o exilios, ahora solo basta con asaltar los poderes públicos que representan las instituciones autónoma
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