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Ahora que anda usted muy preocupada por el racismo, clasismo y todos los “ismos” que usted percibió –solo usted- en la marcha del 18 de febrero por nuestra democracia, distraigo su atención sobre un tema muy doloroso: el maltrato a nuestras mujeres.
Según nuestra Constitución y nuestras leyes, así como las declaraciones universales suscritas por nuestro país, las mexicanas tienen los mismos derechos humanos que los mexicanos. Lamentablemente, en la práctica no es así y supongo, solo supongo, que tal diferencia es materia de la Comisión que usted preside y por la cual recibe un sueldo de nuestros impuestos.
Para preparar la columna que está leyendo, busqué cómo anda nuestro país en cuestiones de género. Intuí que aun cuando hemos avanzado en los aspectos legislativos y que las propias mujeres cada años nos echan en cara –y con justísima razón- la brecha entre la norma y la realidad que viven, no me esperé lo mal que estamos. Como dice Fernanda, mi sobrina, “estás viendo la realidad desde tu privilegio.” Absolutamente cierto: desde el privilegio de haber sido educado en el respeto.
Mire, doña Rosario: El Instituto para las Mujeres, la Paz y la Seguridad de la Universidad de Georgetown y el Instituto para la Investigación de la Paz de Oslo elaboran desde hace cuatro años un índice para medir las condiciones en las que viven las mujeres. Establecieron tres categorías (inclusión, seguridad y justicia) y cada una se compone de distintos indicadores.
Para vergüenza de los gobiernos y los hombres mexicanos, nuestro país se ubica en el lugar 142 de 177 países medidos. O sea, estamos en la lona, pegaditos a Uganda, con apenas .551 puntos de 1.0 posibles… Con todo respeto para los ugandeses.
No podía ser de otra manera si, según datos del INEGI (enero-agosto, 2023), la violencia familiar creció 7.2 por ciento al denunciarse 170 mil 500 casos, y la violencia de género creció 24 por ciento al llegar a tres mil 800 casos.
Pero hay una cifra negra, muy negra, de vejaciones que no son reportadas oficialmente. “Tan solo en el 2021, de acuerdo con datos del INEGI, se calcula que se cometieron 1.7 millones de delitos sexuales contra las mujeres que van desde el acoso hasta la violación,” reporta un documento del Instituto Belisario Domínguez del Senado. Este número descomunal de delitos sexuales incluye 88 mil violaciones de mujeres; es decir, “cada día habrían sido violadas 243 mujeres mayores de 18 años en todo el país.”
Como puede apreciar, la brecha entre los abusos detectados por el INEGI y los casos denunciados es gigantesca. ¿Y qué cree? Solo 11 mil delincuentes sexuales llegaron a la cárcel. Sólo 11 mil, doña Rosario… Y los abusos cada vez se perpetran en mujeres más jóvenes…
Ahora pasemos a otra faceta de esta difícil situación social. Pese a que el feminicidio ya está tipificado claramente, no es el caso de la tentativa de feminicidio, por lo que la agresión se queda por ahí como un caso más, pero no de género. Nos la deben los legisladores, quienes por cierto, ayer aprobaron la norma de equidad para el acceso de las mujeres a los altos mandos militares. ¡Ooooh!
Anualmente se asesinan a tres mil mujeres y, también, cada vez son más jóvenes; sin embargo, solo una cuarta parte son clasificados como feminicidio. Puede ser negligencia o ignorancia de los ministerios públicos, lo mismo que las condiciones de inseguridad que afectan a todo el país y se trate de homicidios dolosos; no lo sé. Esa podría ser, licenciada Piedra, una de sus tareas a trabajar con las fiscalías.
Hay otra violencia que no veo tipificada por ningún lado; tal vez usted me pueda ayudar. ¿Cómo tificaríamos el delito de suspender las políticas públicas que contribuyen a la inclusión financiera de la mujer, a su libertad y hasta a su superviviencia? Me refiero a que la actual administración suspendió los fondos para las guarderías infantiles y las escuelas de tiempo completo que permitían a las madres trabajar en mejores condiciones, los centros de refugio para mujeres golpeadas y las organizaciones médicas de apoyo en el tratamiento del cáncer femenino. El pretexto para la cancelación de los recursos fue que había corrupción y, sin embargo, no hay una sola persona procesada por tal motivo.
No, doña Rosario, presumir que la mitad del gabiente está conformado por mujeres de ninguna manera habla de un gobierno feminista. Despojar a las mujeres de servicios indispensables es un atentado a sus derechos humanos y los de sus hijos.
Al comparar los resultados alcanzados por los distintos países en el índice, el Instituto para las Mujeres, la Paz y la Seguridad concluye que la inclusión, la justicia y la seguridad “son vitales para construir una sociedad resiliente y sostenible, y eso debe importarnos a todos.”
¿A usted también le importa?
Colaboró: Upa Ruiz uparuiz@hotmail.com
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