BúsquedaTodo este lío de Yasmín Esquivel desnuda a nuestra sociedad y a nuestra clase política en nuestro escasísimo respeto a la ley y la muy flexible comprensión de nuestras responsabilidades.
Si algo no le falta a México, lo sabe usted don Bernardo, son leyes; el problema es que no se siguen, dando paso a la irresponsabilidad y, peor aún, a la impunidad.
Por ello, no nos debe extrañar que nuestro país ocupe el lugar 115 dentro de 140 naciones medidas en cuanto a respeto al Estado de Derecho, según datos del World Justice Project 2021-2022, con apenas 0.41 de puntos de un máximo de 1.00 puntos. Por si quedara duda, el factor Combate a la Corrupción apenas llega a 0.36 puntos y el de Cumplimiento Regulatorio queda en 0.37 puntos.
En cuanto a Yasmín Esquivel no se trata de que a una joven se le haya hecho fácil plagiar la tesis de un compañero para obtener su título de abogada; se trata de una persona, en su momento ya mayor de edad, conocedora de que su acción era ilegal e inmoral. Lo hizo porque lo podía hacer y, al igual que su profesora, se supuso impune.
Recientemente, habría mentido Esquivel al negar el plagio y afirmar que contaba con peritajes en su favor. Tal vez pensaría que su cercanía con el inquilino de Palacio Nacional sería suficiente para librarla. Tan resultaría así, que no se ha separado del cargo… Ni siquiera por vergüenza.
Habrían mentido la profesora Martha Rodríguez, la directora de tesis de Esquivel, lo mismo que el notario Amando Mastachi Aguario, al recabar un supuesto testimonio de Édgar Ulises Báez Gutiérrez aceptando ser el plagiario.
A pesar de que todas estas falsedades se fueron conociendo, el presidente López Obrador no se desmarcó del caso y calificó el destape como “una guerra de potentados, medios, columnistas, intelectuales del régimen, vendidos y alquilados”. Como si la integridad de su candidata a presidir la SCJN no fuera relevante. Como si desde el más alto cargo del país no fuera grave que prevalezca la amistad y el interés, por encima de la legalidad y la ética.
Hoy sabemos que la UNAM carece de un procedimiento legal para despojar a doña Yasmín de su malhabido título de licenciatura. Resulta sorprendente, pues el “Reporte sobre percepción del plagio en la UNAM” (2013), desarrollado por el Centro Universitario de Bioética, indica que 85 por ciento de los maestros y estudiantes encuestados considera que el plagio en todos sus grados ocurre en las tesis y 81 por ciento afirma que “las autoridades se dan cuenta”, pero sólo 38 por ciento indica que emiten sanciones al respecto.
Peor se la voy a contar, doctor Bátiz, los encuestados consideran el robo de una cartera mucho menos grave que el plagio (Expansión, 22/12/26).
La UNAM pateó el bote a la cancha de la Secretaría de Educación Pública para que resuelva sobre la anulación, no del título, sino de la cédula profesional de Esquivel. Dos de las causales, según la Ley Reglamentaria del Ejercicio de Profesiones, son “la expedición del título sin los requisitos que establece la ley” y “la resolución de autoridad competente”. Falta saber cómo se pueden interpretar tales causales y si la nueva secretaria, Leticia Ramírez Amaya, quiere emprender la batalla por la legalidad.
Por otra parte, no encontré ninguna referencia a los procedimientos para destituir a un ministro; solo los hay para jueces y magistrados. Ojalá esté equivocado y el Consejo de la Judicatura pueda ofrecer más luz sobre el caso.
Si llegar al nivel de ministro hace a la persona intocable, los presidentes en turno y el Senado debieran ser más acuciosos en la revisión de los antecedentes y trayectoria de los candidatos.
El caso Esquivel debiera servirnos para poner un alto -en serio- a la ilegalidad y la violación de las normas; si no lo hacemos por ética, aunque sea porque en el mundo de la cibernética, las bases de datos y la digitalización, las paredes del encubrimiento se van haciendo más delgadas.
Colaboró: Upa Ruiz uparuiz@hotmail.com
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