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Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Salinas Pliego contaminan con ofensas el debate público. Ambos, han sido señalados como infractores legales en contra de mujeres a las que descalificaron por su condición de género. Las acusaciones sin sustento del presidente de la República contra la senadora Xóchitl Gálvez, repetidas casi a diario en sus conferencias de prensa, han sido motivo para que la Comisión de Quejas del INE le ordene retirar videos y transcripciones en línea de las sesiones en donde agravió a esa precandidata presidencial. La misma Comisión, en una resolución distinta, instruyó al propietario de Televisión Azteca para que retire de su cuenta de Twitter los constantes improperios que ha dirigido en contra de la también senadora Citlalli Hernández.
Mencionados así, por agraviar a mujeres con las que tienen discrepancias políticas, López Obrador y Salinas Pliego acostumbran jactarse de sus respectivos y por lo general autorreferenciales discursos. Ambos, suelen rechazar cuestionamientos y repartir descalificaciones. Los dichos y las posiciones políticas de uno y otro son distintos, pero sus discursos son autoritarios y excluyentes. Tanto el presidente, como el empresario, incurren en actitudes de intolerancia y misoginia.
Las resoluciones de la Comisión de Quejas del INE, así como las airadas respuestas de esos dos personajes, además de subrayar la intransigencia de ambos ponen en el centro de la discusión el deterioro de nuestro debate público. La descalificación personal, la burla y los insultos, desplazan al intercambio de argumentos, hechos e ideas. La miseria de nuestra discusión pública es tan palmaria que dos de sus exponentes más destacados son el Presidente de la República y el concesionario de la segunda empresa de televisión más importante en el país. La capacidad que ambos tienen para propagar falsedades y dicterios y para contaminar con ellos la discusión pública, es tan amplia que no puede ser desatendida con trivialidades.
Durante sus alocuciones (cada vez más distantes de auténticas conferencias de prensa) de los días 10, 11, 14 y 17 de julio, el presidente López Obrador hizo expresiones para descalificar a la senadora Gálvez. Ella presentó una inconformidad ante la Comisión de Quejas del INE, que inicialmente consideró que esas manifestaciones ultrajantes del presidente López Obrador no constituían violencia política de género y que formaban parte del debate público. Sin embargo, el 2 de agosto el Tribunal Electoral instruyó al INE para que revisara esas afirmaciones del presidente Dos días más tarde, la Comisión resolvió que tales conferencias hubo expresiones contra la senadora Gálvez no por su desempeño público, sino por ser mujer. Por eso, acordó ordenar al presidente la remoción de las publicaciones en donde se hacen afirmaciones ofensivas contra Gálvez. Además, resolvió: “Se ordena al Presidente de la República, se abstenga de realizar manifestaciones o expresiones que, en cualquier modalidad, puedan constituir violencia política en razón de género, en contra de la denunciante, y guíe su actuar conforme a los principios de legalidad, equidad y a utilizar lenguaje incluyente en términos de la normatividad vigente”.
El Tribunal Electoral, y la citada Comisión del INE, tomaron en cuenta la disposición de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que en su artículo 48 Bis establece que corresponde al Instituto Nacional Electoral, y a los organismos electorales en los estados, “sancionar, de acuerdo con la normatividad aplicable, las conductas que constituyan violencia política contra las mujeres en razón de género”.
En el otro caso, la muy atareada Comisión de Quejas del INE encontró el 12 de agosto que el empresario Ricardo Salinas Pliego cometió acciones de violencia política contra la senadora Citlalli Hernández Mora, secretaria general de Morena. En su cuenta de Twitter, de manera ostensible y reiterada, el propietario de Televisión Azteca se ha burlado de la senadora Hernández. Esas ofensas las ha difundido constantemente, al menos entre abril de 2021 y julio pasado.
La Comisión sostiene, entre otras consideraciones y después de examinar los mensajes de Salinas Pliego: “el conjunto de las imágenes denunciadas, difundidas a través de un perfil en la red social de Twitter, podrían actualizar VPMRG [Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género] por la ejecución de VIOLENCIA SIMBÓLICA Y PSICOLÓGICA [subrayado en el Acuerdo] en perjuicio de la denunciante, esto es, mediante la utilización de publicaciones o imágenes acompañadas de expresiones y/o comentarios que refuerzan estereotipos transgrediendo el libre ejercicio de un derecho político-electoral, en la vertiente de participación política”.
La Comisión ordenó a Salinas Pliego que retire 70 mensajes de su cuenta de Twitter y a la propia empresa de red digital, ahora denominada “X”, que retire otras 25 publicaciones de otros usuarios. Salinas Pliego, persistente en su ordinariez, respondió con nuevos insultos y advirtió que no acatará esa indicación. La Comisión de Quejas no impuso una sanción sino solamente medidas cautelares, para impedir que sigan propagándose esos improperios del empresario.
La Sala Superior del Tribunal Electoral ha determinado que las autoridades electorales tienen la obligación de intervenir cuando hay violencia política por razones de género que afecte derechos electorales, o a quienes desempeñan un cargo público. El propio Tribunal podría disponer medidas para, entonces sí, sancionar a Salinas Pliego, que reemplaza con insultos su incapacidad para discrepar con ideas (y que enfatiza así la pobreza de sus cavernícolas posiciones de derecha). La senadora, por otra parte, podría demandarlo por difamación.
La misma senadora Citlalli Hernández ha sobresalido por su empeño para ofender e injuriar, degradando ostensiblemente la discusión pública, en su cuenta de Twitter. Con comprobable frecuencia, supone que puede zanjar diferencias políticas con afrentas y burlas. El hecho de que ella misma haya sido víctima de otro insolente, no justifica en absoluto al empresario Salinas Pliego quien, al ofenderla, exhibe su propia zafiedad.
La libertad de expresión no ampara la propagación de injurias y mentiras, menos aún desde posiciones de responsabilidad pública como las que tienen el presidente Andrés Manuel López Obrador y el empresario Ricardo Salinas Pliego.
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