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En la historia del sistema político mexicano, el tercero y cuarto años de gobierno de un presidente solían ser los que con más poder se encontraba un presidente. Por ello, cuando en junio de 2021 Andrés Manuel López Obrador abrió la carrera por la sucesión presidencial, más de uno enarcó la ceja.
¿Estaba cediendo poder? De ninguna manera. Iba por el control anticipado de la sucesión presidencial y, de paso, distraernos de las fallas de su gobierno.
AMLO sugirió a la entonces larga lista de aspirantes que trabajaran 16 horas diarias en su cargo y dedicaran tres horas a sus respectivas pre-campañas.
¿Los estaba invitando a violar la ley? Desde luego. Dos años después, la larga lista se redujo a cuatro pre candidatos.
Claramente, siempre encabezaron la lista Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, pero de pronto creció la imagen del recién llegado Adán Augusto López, hasta ese momento desconocido a nivel nacional, y con calzador se incorporó a Ricardo Monreal. Al día de hoy y con todo respeto, la participación de Gerardo Noroña (PT) y de Manuel Velasco (PVEM) es irrelevante.
En cuanto a ceder el poder, la decisión de AMLO de adelantar la sucesión le ha permitido llegar al quinto año de gobierno con un poder todavía mayor, el cual se puede extender después de 2024. No importa que usted, don Mario, diga que se ha enterrado “el dedazo”; a las pruebas me remito.
Como se sabe, el lunes pasado don Andrés les leyó la cartilla a los morenistas sobre las reglas básicas de la competencia; no las decidió el partido, sino el presidente. Entre esas reglas está que los aspirantes calificados en segundo y tercer lugar, serán quienes lideren a los legisladores morenistas en las Cámaras de Diputados y Senadores.
Nunca, ni el los tiempos del más recalcitrante priismo, el mandatario saliente se arrogaba el privilegio de tales designaciones, pues esos cargos siempre recaían en políticos cercanos al presidente entrante, justamente para facilitar las gestiones del nuevo gobierno. Aun cuando López Obrador diga que la medida es para garantizar una vida política después de la derrota en la contienda interna, la decisión huele a maximato. ¿A quién deberán su lealtad los legisladores incrustados: a AMLO o al nuevo presidente?
También como parte de la cartilla, don Andrés giró sus precisas instrucciones de que se reuniera el Consejo Nacional del partido para definir el método de selección. La sesión se llevó a cabo ayer en la CDMX, al final de la cual Alfonso Durazo, presidente del Consejo y gobernador de Sonora, dio a conocer los acuerdos.
Parte de la propuesta de Ebrard pudo prosperar, pues serán cinco encuestas: una realizada por el partido y otras cuatro en espejo, las cuales estarán bajo la responsabilidad de las agencias demoscópicas propuestas por los aspirantes. El levantamiento ocurrirá entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre, dando tiempo a que los pre-candidatos hagan campaña… Perdón, perdón, no es ese el término; en este país de disimulos, MORENA dice que se tratará de asambleas informativas por todo el país del 17 de junio al 27 de agosto. Campaña o asambleas, ¿Quién va a pagar los gastos?
Siguiendo con los disimulos, el Consejo acordó que a quien salga electo no se le llamará candidato, sino Coordinador Nacional de la Defensa de la 4T y con tan eufemístico nombre, se promoverá a lo ancho y largo del país, mucho antes de que se dé su registro oficial como candidato. Falta ver si el INE se traga tal nombramiento, que a todas luces es la continuación de las pre-campañas. No ha escapado al INE el gran empeño que las corcholatas han puesto en sus respectivas pre-campañas durante los últimos meses. Tiempo, organización y muchos recursos económicos de origen desconocido para recorrer el país, justificando sus andares con pretextos varios. De hecho, la presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, Claudia Zavala, ha expresado en todos los tonos que con los mentados recorridos, las corcholatas están violando a la equidad de la contienda.
Me pregunto si a la hora de la verdad, se llegará a cancelar el registro de la candidatura morenista por actos anticipados de campaña. Sería un riesgo enorme para la gobernabilidad del país llegar a judicializar el asunto, aunque argumentos legales no faltarían. En todo caso, estoy seguro que AMLO ya tiene preparado un plan para tal contingencia, misma que abonaría a la declaración de un estado de excepción para dejarlo un poquito más en el poder.
Pero no nos adelantemos tanto.
El 6 de septiembre habrá humo blanco morenista.
Colaboró: Upa Ruiz uparuiz@hotmail.com
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