El próximo 5 de febrero, cuando el presidente esté anunciando su paquete de propuestas legislativas, la Federación Mexicoamericana de Transportistas estará realizando un paro en el kilómetro 90 de la carretera México-Querétaro; claro, a menos de que ocurra un milagro en la mesa de negociaciones que sostiene con la Subsecretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Desde sus distintas organizaciones gremiales, los transportistas han expresado su hartazgo de pedir y hasta de rogar por más seguridad en las carreteras del país. Los datos son fuertes; mire nada más:
Según la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (CANACAR), en 2023 ocurrieron 13 mil 848 asaltos en las carreteras mexicanas, lo cual indica un incremento de 4.6 por ciento. La gran mayoría (86 por ciento) se dieron con violencia hacia los choferes, 150 de los cuales fueron asesinados.
Una tercera parte de los asaltos ocurre en las autopistas federales que salen de la CDMX rumbo a Puebla, Querétaro, Pachuca y Cuernavaca; o sea, las principales. Las otras dos terceras partes se dan en vías estatales, como es el caso de Michoacán; en esta entidad y en noviembre pasado, los choferes y concesionarios de transporte bloquearon varias carreteras como protesta por la inseguridad.
En promedio, a diario se perpetran 46 asaltos por los cuales las empresas pierden siete mil millones de pesos en mercancía, la cual se dispersa ilegalmente en el mercado informal.
La situación resulta tan grave que el servicio de transporte de carga muestra un déficit de 50 mil operadores; quién va a querer conducir un camión si las probabilidades de ser asaltado o hasta asesinado son bastante altas. Y mire que los salarios son muy apetitosos, pues rondan los 50 mil pesos mensuales.
Los robos no solo son de bienes, también se hurtan las unidades. Éstas son utilizadas para hacer un bloqueo en algún punto de la carretera, detener el flujo y asaltar los camiones que vienen detrás.
Hace unos días, la Guardia Nacional comentó que las bandas se van cambiando de ubicación y por eso es difícil pescarlas. Mmmhh… Me pregunto dónde está la labor de investigación y de inteligencia, junto con las procuradurías estatales, para detener al crimen organizado. Porque el problema no es nuevo, don Rogelio.
Los automovilistas también son víctimas del crimen organizado. El “modus operandi” lo tiene muy afinado: “provocan” un choque, los autos de atrás se detienen y los malandros salen a hacer su colecta. Una vez terminada, se suben a los vehículos “chocados” y se van. También usan la táctica de “montachoques” y el de “la llanta ponchada”.
En entidades como Guerrero, los delincuentes también se han apoderado del transporte de pasajeros.
En mayo pasado, comenté en este espacio el arresto del líder transportista, Jesús Echeverría Pimentel, por presuntos vínculos a “Los Ardillos”, perpetradores de múltiples delitos. De inmediato se soltaron bloqueos en la Autopista del Sol, exigiendo su liberación. Finísima persona este líder, porque en Acapulco y Chilpancingo, no hay semana que no aparezcan cabezas de taxistas que rehusaron ponerse a modo.
En Acapulco la situación va de mal en peor. Desde el 10 de enero del presente año, camioneros y taxistas se fueron al paro. Una semana después ya estaban por levantar la protestas, pues creyeron en las promesas de seguridad de la gobernadora, Evelyn Salgado; sin embargo, el 17 de enero, un chofer fue asesinado y dos días después ocurrió lo mismo con dos taxistas. Para que quedara claro quién manda.
Desde hace una semana, el transporte público de Taxco está suspendido, debido a las extorsiones que los conductores dicen sufrir de parte de la Familia Michoacana.
Usted mejor que yo sabe que sin transporte no hay actividad económica; hasta el comercio en línea acaba con una entrega física de la mercancía. Y cuando se trata de afectación al turismo, la cosa se pone color de hormiga. Por más que en Palacio Nacional hagan cuentas alegres, el ingreso de divisas por turismo internacional cayó 5.1 por ciento, al comparar octubre 2023 con el del año anterior (INEGI).
No es de extrañar. A mediados del año pasado, el Departamento de Estado de EUA hizo una lista de las entidades mexicanas a donde era riesgoso viajar. Solo dos entidades, Campeche y Yucatán, ofrecen condiciones aceptables de seguridad.
Como que ya siendo hora que usted también exija a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Guardia Nacional que nos den resultados.
Si a la 4T no le importan las vidas, pues que sea por los dineros, don Rogelio.
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