¿Ya se olvidaron del campo?

Agricultores de Sinaloa, Sonora, Baja California y Tamaulipas están en protesta. No es para menos.

Tienen toneladas de maíz y trigo listos para la venta, pero no llegan a un acuerdo con el gobierno sobre el precio de garantía. Ellos cotizan la tonelada de maíz en ocho mil pesos y las autoridades las quiere pagar a cinco mil… Una tercera parte menos.

Los productores aducen que cuando se realizó la siembra el pasado invierno, el tipo de cambio era más alto y, por lo mismo, debieron pagar más pesos por los insumos, tales como semilla, fertilizantes y fungicidas.

Están bastante desesperados. En Sinaloa, por ejemplo, las protestas llevan mes y medio; ante la falta de respuesta gubernamental, se fueron derechito a tomar las instalaciones de PEMEX al norte de la entidad, en Topolobampo. Finalmente las liberaron, dado que la Guardia Nacional estaba a punto de intervenir, pero en el resto de las entidades la protesta continúa con bloqueos carreteros y toma de las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

En teoría y desde 1960, SEGALMEX es el organismo encargado de fijar los precios de garantía, absorbiendo la diferencia entre lo pagado a los productores y el precio de mercado; ello con el fin de apoyar al campo y evitar que el alza de precios impacte a los consumidores.

Aparte del problema de resolver los fraudes que le aquejan, algo me hace suponer que ya no alcanzan los dineros en SEGALMEX: de los seis millones de toneladas de maíz, solo ofreció a comprar una tercera parte del producto a seis mil 950 pesos por tonelada y eso a los más pequeños productores. ¿Tan escasas están las arcas nacionales, siendo la seguridad alimentaria y el combate a la inflación dos de sus prioridades?

El campo genera más de siete millones de empleos y tiene una importante vocación exportadora, de acuerdo con Juan Cortina, presidente del Consejo Nacional Agropecuario. En 2022 exportó 50 mil millones de dólares; para decirlo en corto, representa el 8.3 por ciento del PIB (Portal del CNA).

Tal éxito lo han logrado pese a los obstáculos que enfrentan los productores. Empecemos por el cambio climático, el cual provoca lo mismo lluvias desbordantes que sequía. En estos meses, 50 por ciento de los municipios del país sufren sequía, así que ruegan porque lleguen “El Niño” y sus lluvias para el segundo semestre.

Otro escollo, sobre todo para los pequeños y medianos productores es la desaparición de Fianciera Rural. Desde el inicio de esta administración y en contrasentido de los esperado de la 4T, la Financiera fue reduciendo los créditos, mientras que su cartera vencida se incrementó hasta hacerse insostenible. Pese a lo expresado por las autoridades, no hay opciones para todos los productores, pues los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) da servicio como banca de segundo piso. En cuanto a la Financiera del Bienestar… Bueno, nadie sabe bien para quién o qué servira. Y la banca privada es una alternativa bastante limitada hasta ahora.

El agropecuario es un sector diversificado y complejo, por lo cual requiere políticas públicas diferenciadas para desarrollarse, a decir del CNA. Mucho me temo que los programas como Producción para el Bienestar o Fertilizantes para el Bienestar solo van dirigidos a muy pequeños productores. Muy al estilo de la 4T, solo atiende a sus clientelas.

Inmersos como estamos en la batalla por el 2024, los ataques a la Corte y el INAI, el plan C y otros pleitos innecesarios, nos olvidamos de echar un ojo a la tierra cultivable y los hombres que la hacen posible.

Es hora de que los gobernadores dejen de lado sus compromisos con las corcholatas y, como bloque en la CONAGO, atiendan el problema agropecuario más allá de las clientelas.

Me preocupa que el campo genere, además de granos, una cierta inestabilidad social y mucha más inflación.

UNA BUENA NOTICIAS PARA ZACATECAS

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