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Ocurrió una tarde de octubre del año 2003. Sentados en la mesa, los coordinadores parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, de Acción Nacional y de la Revolución Democrática para definir un tema cardinal: renovar al Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral, los consejeros que seguirían a la primera integración autónoma e independiente del México.
Aquella integración -recordémoslo- fue el árbitro de la elección de Cuauhtémoc Cárdenas como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México (la izquierda llegó al poder en la capital de país, en 1997). El árbitro cuyos cómputos arrojaron la primera legislatura sin mayoría. El de la histórica elección en la que el PRI perdió el poder -luego de 70 años- en una espectacular noche sueca, civilizada, en paz. En fin, el árbitro que tuvo los arrestos para ejecutar las multas históricas por el llamado “Pemexgate” y “Los amigos de Fox”. Ninguna autoridad electoral ha multado con montos similares, cientos de millones de pesos, al partido del gobierno en curso. Ese era el prestigio y la dimensión del trabajo de aquellos consejeros que en el año 2003, terminaban el periodo constitucional de su mandato.
¿Lo ven? Los zapatos que había que reemplazar, exigía una operación de Estado, perfiles que se asemejaban -aunque sea un poco- a la camada anterior, pues esa institución había permitido desenmohecer el engranaje constitucional, la división de poderes y la dispersión efectiva del poder.
Pero en lugar de esa operación, lo que tuvimos fue una negociación errática y necia que acabó con el retiro del PRD, el PT y Convergencia de la mesa, ofreciendo a cambio, un arreglo parcial entre el PRI, el PAN y el Partido Verde. Unos nunca debieron haberse levantado de esa mesa; otros nunca debieron excluir ni permitir que nadie rehuyera a su compromiso para integrar al IFE.
El caso es que esa institución clave fue lastimada por la falta de acuerdo, por la ausencia de consenso. De nuevo la memoria: esa misma integración del Consejo General sería la responsable de la organización de los comicios en el año 2006, pero por ese origen estuvo rodeada siempre de la nube negra que produjo aquella fallida negociación encabezada ni más ni menos, que por Elba Esther Gordillo, Germán Martínez Cázares y Pablo Gómez (hoy tres estrellas que giran dentro de la constelación de Morena).
Hay que traer esa historia porque me temo, ahora, en las cazuelas del morenismo se cocinan tentaciones que pueden dar al traste con la renovación del mismo Consejo General en el presente año, esgrimiendo como argumento su propia mayoría legislativa. Y así lo dicen: “somos mayoría y es nuestro derecho”. O sea: lo hacen porque pueden. Punto.
Pero si algo hemos de aprender de toda esa historia, es que las reglas del juego y quienes las deben aplicar, importan, de manera determinante. Para nada es indiferente el perfil, la autonomía política, la competencia técnica y la integridad de los que serán consejeras y consejeros, y mucho menos es indiferente el acuerdo, el consenso, ese visto bueno que expresa la confianza de los jugadores con el árbitro.
La decisión cameral para constituir al Consejo General es una de las más delicadas, pues no se trata de una decisión para imprimir el sello de una u otra fuerza, -como una reforma tributaria o una ley para zonas metropolitanas-. Se trata justamente de lo contrario: personalidades que puedan generar confianza lo mismo al panismo que al morenismo, al PRI, a Movimiento Ciudadano o al PRD. La certeza mayor otorga la aprobación consensuada y por lo tanto bien elaborada. El nombramiento de Consejeros, es, desde 1994, una ratificación del compromiso democrático de las fuerzas políticas en México.
Y Morena ya nos ha recetado dos tipos de medicinas muy diferentes. Allí están los dos nuevos subgobernadores del Banco de México, de muy alto perfil profesional y reconocidos por tirios y troyanos como economistas competentes. Pero al mismo tiempo nos propinaron a la señora Rosario Piedra para la CNDH, nombrada mediante una triple ilegalidad precisamente para subrayar que es una de los suyos, la candidata que “ve bien” el mero presidente. ¿Cuál de estas vías será aplicada en el caso del INE?.
En estas semanas conviene no olvidar: la impugnación a los comicios de 2006 comenzó realmente a finales de octubre del 2003, cuando la mayoría en la Cámara creyó que podía ahorrarse los complejos trabajos para la unanimidad y el consenso. Cuando una mayoría compuesta definió porque tenía los votos y nada más. Veremos si Morena y su mayoría en la Cámara ha aprendido de esa historia y es capaz de vencer la tentación de cometer para el INE, aquel pecado original.
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