BúsquedaGran preocupación genera en el sector empresarial la iniciativa presentada por el ejecutivo federal que busca reformar 23 leyes en materia administrativa. La idea es quitarle responsabilidad al gobierno ante las obligaciones adquiridas en contratos de obra pública y concesiones otorgadas a empresas.
De aprobarse esta reforma, para lo cual sólo se requiere de mayoría simple en la cámara, el estado podría dejar de pagar indemnizaciones millonarias a empresas a las que se les cancele en forma anticipada sus contratos. También tendría la facultad de revisar, modificar y hasta nulificar concesiones y recuperar bienes inmuebles en un plazo de 72 horas.
Diferentes voces empresariales afirman que con la presentación de esta iniciativa se afecta el clima de inversión y se manda una señal negativa a la iniciativa privada, ya que se pone en desventaja a empresas proveedoras del gobierno. Incluso, aseguran, puede ocasionar un aumento en el costo de los proyectos gubernamentales, por el alto riesgo que significará prestar servicios a entidades públicas.
La CONCAMIN de José Abugaber se inconformó a través de un comunicado alegando que con dicha reforma se rompe el orden jurídico, y de manera arbitraria se afectaría a las empresas contratadas por el gobierno federal al otorgar poder al gobierno para que en cualquier momento, de por terminados contratos vigentes, sin pago de indemnización. La nueva reforma, dice la CONCAMIN, permite gran discrecionalidad en las decisiones que se tomen, sin obligación de transparentar los procesos y se elimina además la obligación de contar con estudios de impacto ambiental para poder iniciar la construcción de una obra pública, lo que favorece al estado y al mismo tiempo afectará aún más al ya de por sí tan deteriorado medio ambiente.
Otro agravante señalado, es que con la nueva normatividad se concentra en la Secretaría de la Función Pública, la facultad de realizar las compras de forma consolidada, sin licitación pública de por medio, como lo ordena la ley, con lo que seguramente se abrirán espacios para que se presenten actos de corrupción.
En resumidas cuentas la propuesta de reforma va en sentido contrario al objetivo de atraer inversiones aprovechando la coyuntura que ofrece el nearshoring. No se entiende esta propuesta que desestimulará la llegada de nuevas empresas ya que ningún inversionista estará de acuerdo en que las reglas del juego favorezcan sólo al gobierno y no se cuente con la certeza jurídica para que se respeten los convenios de inversión donde se arriesgan millones de dólares.
No tardaran más voces de organismos del sector privado mexicano, pero también en el ámbito de los inversores extranjeros, que verán con lupa las nuevas normas para pensar dos veces sobre la conveniencia de relocalizar sus empresas en México y voltearán la mirada hacia otros países de América latina para instalarse donde el estado de derecho les garantice certidumbre y confianza para invertir sus capitales.
@fer_martinezg fermx99@hotmail.com
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