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Los presidentes suelen designar funcionarios leales a su proyecto o, por lo menos coincidentes con su visión de gobierno; es lógico. Lo distinto en la 4T es que ha operado con funcionarios que son 90 por ciento lealtad y 10 por ciento capacidad y así nos está yendo. El error ha sido sumar ambos atributos para que den 100, cuando deberían sumar 150 o 200. Me explico: un funcionario puede tener 80 por ciento de capacidad y 70 de lealtad, porque son indicadores distintos y complementarios para decidir si el interfecto es idóneo para la responsabilidad asignada.
Me gustaría saber qué entienden ustedes por lealtad. A diferencia del inquilino de Palacio Nacional, considero que un funcionario leal también es el que advierte a su jefe cuando éste va a tomar una decisión equivocada, claro, con datos en la mano.
En cuanto a la capacidad de sus respectivos equipos, son muchos los nombres que se barajan, por lo que es difícil darse una idea de si escogerán a los mejores, habida cuenta de que el presidente entrante debe cubrir cuotas en los distintos grupos que le apoyaron.
Por ahora, se supone que sus equipos cuentan con su respectivo grupo de notables para preparar su proyecto de nación. En el caso de usted, doctora Sheinbaum, me pregunto cuál es la capacidad de maniobra de estos notables para aportar su inteligencia y creatividad, si a principios de septiembre usted ya aceptó el documento “Proyecto de Nación para profundizar la transformación 2024-2030”. A lo anterior habría que sumar las “generosas y desinteresadas aportaciones” que gente muy, muy cercana a AMLO le están haciendo llegar. ¿Se les podrá cambiar aunque se una coma?
Ahora bien, quienquiera de ustedes que llegue a la Presidencia se las va a ver negras para implementar su proyecto, porque don Andrés ha hecho un cochinero del andamiaje institucional.
La 4T no racionalizó ni abarató la administración pública; lo que hizo fue agarrar a machetazos las instituciones y organismos que no le gustaban o que presentaban algunas fallas, en vez de corregirlos. El resultado es la precarización de los instrumentos para implementar políticas públicas y programas.
El mejor ejemplo es el paso del Seguro Popular al INSABI. Se hizo de un día para otro, sin reglas de operación, sin informar ampliamente a los aparatos administrativos y personal médico, mucho menos a los afiliados. Nadie sabía qué prevalecía, qué había cambiado y cómo. Luego, las funciones del INSABI fueron absorbidas por el IMSS-Bienestar, de tal suerte que un organismo pequeño como este último, de la noche a la mañana se convirtió en un monstruo enorme y es fecha que no puede satisfacer la demanda de servicios, con todo y que la afiliación paso de 54 millones de personas a 33 millones.
Los machetazos tampoco han contribuido a combatir la corrupción, ni hacer más eficiente el aparato burocrático; en la retórica se quedó el propósito de alcanzar la muy deseada “regeneración ética de las instituciones”. La política anticorrupción y pro transparencia ha dado bandazos y en esto de las adquisiciones la 4T deja malos precedentes.
De 2019 a 2022, 40 por ciento de las compras se han realizado por adjudicación directa y 16 por ciento ni siquiera tienen un contrato, según revela el Instituto Mexicano de la Competitividad. Vamos, hasta empresas sancionadas fueron vueltas a contratar.
Otro ejemplo patético es BIRMEX, organismo que otrora se hacía cargo de manera eficiente de la producción y/o adquisición de vacunas, particularmente las requeridas por los menores de edad. De pronto, BIRMEX abandonó tal función para dedicarse fallidamente a la distribución de medicamentos en el sector público y ahora realmente es muy confuso cuál es su responsabilidad. El caso es que 99 por ciento de sus compras fueron adjudicaciones o invitaciones restringidas.
El último bandazo y están por verse sus consecuencias es que la Secretaría de la Función Pública concentrará todas las adquisiciones de la administración pública federal, como si fuera lo mismo comprar un medicamento que varilla. Todo requiere un “expertise”, no basta hacer el encargo. El colmo es que la SFP será el gran comprador y, al mismo tiempo, supervisor de las compras.
Lo que más me preocupa es qué va a hacer con los militares la que llegue a la silla presidencial. No encuentro justificación para que administraren el Tren Maya y los hoteles de la zona, pero tengo claro que estará en chino quitarles esa fuente de ingresos, porque los dineros van a ser para ellos, no para la Tesorería de la Federación.
Viendo para adelante, la próxima presidenta, ¿les va a permitir seguir interviniendo en las obras públicas? ¿Lo continuarán haciendo con la misma opacidad como hasta ahora?
Militares ricos, controlando puntos neurálgicos del país y la seguridad, es una muy mala receta… Digo yo.
Colaboró: Upa Ruiz uparuiz@hotmail.com
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