Búsqueda
La polémica que se desató tras la publicación de los nuevos libros de texto de historia para educación primaria en 1992 -durante el cuarto año de gobierno de Carlos Salinas de Gortari- no fue menos intensa que la del 2023. Ambas, además, hallan otra posible coincidencia: al final del debate de 1992 los libros no sufrieron modificación alguna, como es lo más probable que ocurra cuando la polémica actual se disipe.
No desoyeron menos las críticas a los libros de textos el presidente Salinas y su secretario de Educación, Ernesto Zedillo, que en la actualidad el presidente López Obrador y sus funcionarios. Dos formas aparentemente disociadas de la ceguera y la sordera autoritaria que al fin y al cabo se emparentan al cobijo de aquella sentencia desafortunada que rubricó el salinismo en sus últimos días: a los críticos, “ni los veo, ni los oigo”.
En todo caso ahora se han invertidos los papeles: si desde el oficialismo y desde el grupo que tuvo a su cargo la elaboración de los libros de historia (identificados con la revista Nexos) se emprendió la defensa de su elaboración, algunas de las voces que desde la izquierda encabezaron las críticas en aquel entonces (entre ellas la de Paco Ignacio Taibo II) hoy se presentan como defensores de Marx Arriaga y sus secuaces. Los defensores de ayer son los críticos de hoy y viceversa.
Dos coincidencias más: en ambos casos los argumentos de tinte ideológico ocupan un lugar prominente, desplazando a los razonamientos estrictamente pedagógicos o historiográficos -se acusaba a los libros de historia del 92 de divulgar una visión “neoliberal y neoporfirista” de la historia nacional (“¿Quién mató a los Niños Héroes? Los nuevos libros de historia”, declaró en esos días Taibo II) de la misma manera que a los actuales se les atribuye una visión “marxista” a fin a la narrativa beligerante y sectaria del nuevo grupo en el poder; en ambos casos también se acudió a los argumentos procedecimentales para descalificar a los libros con cierta dosis de legitimidad: la falta de transparencia, el pago desorbitante y la asignación directa -sin mediar una convocatoria pública- para elaborar los libros de historia en 1992, y las múltiples faltas en las que incurrió el CONALITEG en la actualidad al no cumplir con el reglamento interno que debería garantizar la participación de diversas voces y sectores en las etapas de su elaboración.
Desde la segunda quincena de agosto de 1992 -y hasta mediados de septiembre- el debate por los nuevos libros de historia fue creciendo en intensidad y tuvo entre sus principales foros al periódico La Jornada. La revista Nexos y el periódico El Nacional le dedicaron muchas páginas al tema desde una posición de abierta defensa, mientras que el semanario Proceso y buena parte de lo publicado por La Jornada subrayaron las críticas, si bien en este último se les dio amplio espacio a muchas voces defensoras, entre ellas las de Héctor Aguilar Camín, José Woldenberg, Enrique Florescano y el Subsecretario de la SEP, Pascual García Alba, en un tiempo en el que aún se ponderaban los equilibrios informativos y La Jornada de Carlos Payán lo cumplía a carta cabal.
El 20 de agosto de aquel año, desde su columna “Plaza Pública” de La Jornada, Miguel Ángel Granados Chapa abrió fuego. Denunciaba una “vasta operación de revisión ideológica”, el “empoderamiento (..) de los centros de decisión de la cultura” del grupo responsable de su elaboración (la revista Nexos), y criticaba que se le hubiera entregado a la Fundación Nexos la exorbitante cantidad de mil 600 millones de pesos para redactarlos, como el hecho de que para la impresión de los libros se contratara a una empresa ligada a la Editorial Santillana y al grupo dueño de periódico español El país, en lugar de haberse encargado el trabajo a los Talleres Gráficos de la Nación como era lo habitual. El resto de sus críticas sobre el contenido de los libros eran tan vagas que resultaban irrelevantes, siendo notorio además que no los había leído a profundidad.
Al día siguiente, con dos llamados en primera plana, Héctor Aguilar Camín y el subsecretario de la SEP, Pascual García Alba, le respondieron. El primero fue breve y prefirió concentrarse en denostar al periodista. No aportó en ese momento mayores argumentos sobre los contenidos del libro, como tampoco aclaró si era falsa o no la cifra del pago revelada por Granados Chapa, a quien acusó de “pontificar insidiosamente autoinvestido con los ropones de monaguillo de su buena conciencia” y de dictar en su columna “cátedra de mala prosa con las que todos los días empequeñece su Plaza Pública”.
La respuesta del Subsecretario García Alba ocupó en cambio una plana completa. Aceptó que el encargo y la impresión de los libros se hizo por asignación directa, pero aseguró que no había ilegalidad en ello: “la Ley es muy clara en cuanto a las circunstancias en que se puede proceder a la asignación directa”. Enmendó las cifras ofrecidas por Granados Chapa sobre el volumen del tiraje de los libros y la variedad de las empresas a cargo de su impresión, pero tampoco mencionó nada sobre el monto del pago a sus autores. Expuso con suficiencia la probidad y credenciales académicas del grupo de 14 historiadores que redactaron los libros, encabezado por Aguilar Camín y Enrique Florescano, y desestimó las críticas del periodista toda vez que “el conjunto de juicios empleados (por Granados Chapa) revela una lectura superficial y prejuiciada de los textos”. Dedicó entonces más de la mitad de su réplica a confrontar la parte más débil de las acusaciones del periodista: el contenido mismo de los libros. Resulta menos convincente, en cambio, su argumento para justificar que al final de los libros se incluyera información más bien propagandística sobre el gobierno en turno –“tan sólo dos páginas de las 160 del libro”, afirmó-, como tampoco convencen sus explicaciones sobre la manera en que se asignaron los contratos para su elaboración e impresión.
La sucinta y airada polémica en la que se trenzaron Granados Chapa y Aguilar Camín en los días posteriores resulta de curiosidad anecdótica, pero simplemente se desviaron del tema en cuestión. El columnista respondió que el lenguaje y tono empelados por Aguilar Camín para replicarlo revelaban “el talante de los nuevos educadores mexicanos”, y éste le contestó. “No. Revelan sólo el tono que a mi juicio merece el ´talante´ insidioso y santurrón de Granados Chapa”. El primero había acusado al director de Nexos de su interés para compra el periódico El Nacional en asociación con el grupo empresarial dueño de El país -presuntos beneficiarios de los contratos del libro de texto-. El segundo le reviró exactamente con la misma acusación. Ambos lo negaron. Con insuperable ironía un cartón de Magú terció en la disputa: “Bueno, pues yo si reconozco que quiero comprar El Nacional, pero no tengo dinero”. (continuará).
Copyright © 2023 La Crónica de Hoy .