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A escasos meses de la confrontación electoral que decidirá el futuro de nuestro proceso democratizador, todos los partidos de oposición se encuentran paralizados, dispersos y confundidos. Por lo que se puede observar, carecen de rumbo político y de una orientación ideal. Es comprensible que los partidos en la oposición busquen la unidad a toda costa para ofrecer una alternativa al gobierno de la 4T, pero esta unión es muy frágil porque se sustenta solamente en cálculos políticos de sobrevivencia partidaria que no dicen nada a los ciudadanos. Al momento, no existe un programa mínimo que pueda dar coherencia política a las organizaciones opositoras y, lo que es peor, que brinde un reconocimiento y ofrezca un compromiso decidido respecto de las demandas de los ciudadanos. Más bien, prevalecen los comportamientos típicos de una vieja clase política que hace tiempo dejó de representarlos. No obstante, es justamente sobre la categoría de ciudadanía que aparecen las contradicciones más evidentes entre lo viejo y lo nuevo de la política mexicana.
Los pilares de nuestro edificio democrático están cayendo: desaparece paulatinamente la división de poderes, el gobierno ha impuesto el desmantelamiento del Estado de Bienestar decretando el fin del pacto social con el capital y el trabajo, y además, los procesos de personalización de la política han vaciado de sentido los tradicionales mecanismos de la representación. La oposición entiende que para ganar la confrontación al populismo debe deslegitimarlo en el plano simbólico y práctico con propuestas y señales concretas de renovación. Por ello se dice que ha venido a menos la idea de la política como elección entre modelos de sociedad, e incluso de civilización, opuestos a las viejas identidades de clase. Los ciudadanos de esta era post-ideológica no son pasivos, políticamente apáticos o predispuestos a replegarse del espacio público, simplemente no participan o se ausentan de la política porque no encuentran alternativas creíbles. No estamos asistiendo al triunfo de la despolitización, sino al triunfo de la antipolítica y al abandono de la perspectiva de “un gran futuro” para sustituirla por una actitud de desconfianza generalizada hacia cualquier forma de poder.
Mientras que los partidos tradicionales no han entendido que los ciudadanos no quieren conquistar el poder, sino solamente contenerlo y reducirlo, para el gobierno los ciudadanos son totalmente prescindibles porque resulta más redituable apelar a los súbditos como pueblo abstracto y sin rostro. De esta manera, los ciudadanos se encuentran ausentes tanto en las estrategias gubernamentales como en las opositoras. El análisis contemporáneo sobre la ciudadanía retoma los postulados del filósofo de la política John Rawls, quien afirma que los ciudadanos en la sociedad bien ordenada poseen, además de su capacidad para una concepción del propio bien, un sentido de la justicia por medio del cual están en condiciones de sopesar las expectativas propias y las ajenas, lo que concreta su personalidad moral y los capacita para el uso público de la razón. Los ciudadanos operan en diversas esferas y lógicas sociales y, por lo tanto, poseen múltiples niveles de pertenencia.
Para garantizar los derechos ciudadanos -sin los cuales no existe democracia- se requiere de una nueva oposición que reconozca e institucionalice los reclamos materiales y espirituales de dignidad, igualdad, libertad, justicia y solidaridad. Es necesario mantener los viejos derechos sociales conjuntamente con los nuevos derechos civiles reivindicados por la ciudadanía. Es urgente dilatar la dimensión de los derechos ciudadanos en una coyuntura histórica que busca cancelarlos. Falta el programa opositor y, lo más importante, la credibilidad de las personas encargadas de realizarlo. Dicho de otra manera, falta la coherencia entre el decir y el hacer. Los políticos tradicionales tienen los relojes, pero los ciudadanos tenemos el tiempo.
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