BúsquedaNo creo exagerar un ápice: los quince días que vienen serán el tiempo de una decisión electoral mayor, en la que se juega la vida democrática de México, y puede decirse, la república misma.
La opinión pública ha cobrado conciencia de la gravedad de esa situación y ha generado la más amplia y rica variedad de argumentos en torno al tema de la correcta representación política en el congreso federal. Qué bueno que así sea. En este artículo intento resumir las coordenadas más importantes para entender ese debate.
1.- ¿Qué se juega? El hecho radical de que la coalición gobernante pretende hacerse de una mayoría calificada que pueda -por su dimensión artificialmente adquirida- cambiar en solitario -sin consultar a nadie- a la constitución y al régimen político de México.
2.- ¿Cuál es el centro de la discusión? Que habiendo obtenido el 54 por ciento de la votación, la coalición oficialista se está adjudicando el 74 por ciento de los diputados, arguyendo que los topes que impone la Constitución no le aplican a la coalición, sino a los partidos individuales que la integran.
3.- ¿Por qué esto es una violación a la constitución? En primer lugar, porque distorsiona absolutamente la voluntad popular. Es cierto que el electorado le dio una mayoría, pero no le dio una mayoría calificada como pretende adjudicarse. En segundo lugar, porque su fundamento se apoya en una sola frase de la constitución y de la ley y no en una lectura completa del conjunto de reglas y dispositivos que esa misma constitución y esa misma ley ponen en acto para integrar la representación nacional. Cualquiera que se asome siquiera al artículo 54 de la carta magna verá que su sentido no es premiar a la mayoría, sino más bien establecerle varios límites. Por ejemplo, ningún partido puede tener más de 300 diputados por ambos principios (a la constitución no le gustan las súper mayorías) y por supuesto, el tope de 8 por ciento al porcentaje de escaños por sobre el porcentaje de votos obtenidos.
La existencia misma de la representación proporcional tiene un propósito fundador, y es que las minorías queden adecuadamente representadas, que el pluralismo entre y se ensanche en las legislaturas, ese es el objetivo principal del reparto plurinominal y no un supuesto “premio a la mayoría”.
4.- ¿Qué otras consecuencias tendrá una aplicación mecánica de la ley? Otra enorme distorsión a la voluntad popular, y es que las fuerzas que obtuvieron, en conjunto, 46 por ciento de los votos se quedarían con el 25 por ciento de la representación. Una inequidad e injusticia mayor. Pongamos el caso del PAN, partido que obtuvo el 16 en todos los votos para ser la segunda fuerza nacional, representaría, sin embargo, la tercera bancada en el congreso, ¡por abajo del Verde!, que es la quinta fuerza en votación. Mientras tanto, Movimiento Ciudadano, que es cuarta fuerza por sus votos obtenidos, se le asignaría la bancada más pequeña de toda la legislatura. Como se ve, estamos ante un contrasentido absoluto si se utiliza una sola frase de la Constitución para integrar la Cámara de Diputados.
5.- ¿Por qué resulta una simulación la fórmula que ha puesto a circular el gobierno? Porque la coalición oficialista se registró, hizo campaña, presentó candidatos y pidió el voto a la ciudadanía como una coalición en la que, por ejemplo, “el PT era la 4T”. El conjunto de reglas y decisiones no puede ignorar ese punto de partida (una coalición recogió los votos) y por hacerlo, alterar la voluntad popular.
6.- ¿Cuál es el estado de la discusión hasta ahora? El gobierno y sus contingentes no han aportado mucho más que no sea esa frase en la Constitución: “En ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación…”. Eso es todo.
En cambio, quienes han defendido una lectura legal, comprehensiva han aportado los elementos normativos, los datos de la distorsión provocada, los propósitos que buscan nuestras leyes, el sentido de la representación proporcional y por supuesto, antecedentes e historia de un asunto largamente discutido en el país. En otras palabras, las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia electoral (el INE y el TEPJF) tienen los elementos suficientes para formular un dictamen que sea perfectamente constitucional y legal y que proteja el conjunto de principios involucrados, la legalidad, certeza, pluralidad y hasta la buena lógica en su resolución.
En el presente no alcanzo a ver otro punto de agenda política más importante que éste: evitar la sobre y subrrepresentación en la legislatura que está por construirse.
Si el gobierno y su partido consiguen la mayoría calificada, el efecto automático es la cancelación de todo diálogo posible y la irrelevancia legislativa y política del conjunto de la oposición. En paralelo se abre paso un programa constitucional autoritario que incluye la apropiación del poder judicial, el desmantelamiento del sistema electoral, la cancelación de los diputados de representación proporcional que hoy discutimos y los organismos de control del poder presidencial que, a pesar de todo, aún funcionan. Si esto ocurre habremos entrado a otro régimen político, a una inaudita concentración del poder que representa todo lo contrario de lo que quiso y edificó la democracia mexicana y todo esto, se decidirá en los quince días que siguen, más o menos.
¿Es mucho pedir que los líderes, dirigentes y gentes actuantes y pensantes en la oposición, desde el PAN a MC, pasando por las organizaciones cívicas y el PRI, depongan por un momento sus respectivas diferencias y heridas postelectorales mutuas, para establecer una ronda de conversación y convergencia que intente impedir una monstruosa regresión que les afecta, en primer lugar, a ellos mismos?
Dada la gravedad del asunto podrían al menos, intentarlo. Y no tienen mucho tiempo.
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