Las razones y el futuro de la política exterior feminista
Durante la 74 Asamblea General de la ONU en septiembre de 2019, el canciller Marcelo Ebrard anunció que México adoptaría una Política Exterior Feminista (PEF). En ese entonces, no había más de un puñado de países con una política similar y México se convirtió en el primer país del Sur Global en adoptar una. La PEF mexicana se caracterizó por no sólo buscar un impacto a través de las acciones de cooperación, sino que priorizó los derechos de las mujeres y las niñas en todas las posiciones internacionales del gobierno, y se propició la defensa de los derechos de las mujeres también hacia el interior. Apenas cuatro años después, los resultados de la PEF fueron reconocidos por el Feminist Foreign Policy Index: A Quantitative Evaluation of Feminist Commitments realizado por el Centro Internacional para la Investigación sobre las Mujeres (ICRW), catalogándola dentro de las tres mejores del mundo, únicamente detrás de las de Suecia y Noruega, y la primera del Sur Global.
El próximo gobierno está obligado no sólo a la paridad, sino a trabajar inmediatamente para corregir las cuestiones estructurales
Cuando comenzamos con la idea, durante del proceso de transición antes de la entrada al nuevo gobierno, las políticas exteriores feministas eran algo nuevo y no cabalmente comprendidas; incluso algunos diplomáticos y organizaciones las interpretaban como un “membrete” o una forma de “pink washing” de los gobiernos. En consultas con expertas, organizaciones, y miembros del Senado coincidían que México no sólo debería adoptar una PEF, sino que podría llevarla a un siguiente nivel, aprovechando el inmejorable momento de la entrada de un nuevo gobierno que reivindicaba la lucha de grupos históricamente discriminados, y la imperante necesidad de mejorar la vida de las mujeres y las niñas en México y en el mundo.
El primer objetivo era político, en el mejor sentido. Al anunciar una política exterior feminista en la Asamblea General de la ONU, y posteriormente durante la Reunión anual de personas embajadoras y cónsules, se refrendaba el compromiso del Gobierno de México con la igualdad de género a nivel internacional, enviando las señales adecuadas a los grupos que típicamente se oponen a la defensa de los derechos de las mujeres en los foros multilaterales. El segundo objetivo era conseguir la congruencia y promover espacios para el desarrollo personal y profesional de la SRE, además de una acción frontal para erradicar la violencia de género al interior de la Cancillería, y no sólo en el servicio exterior (SEM). Así, tras un diagnóstico de los puntos críticos donde las mujeres enfrentan serios retos para ascender en su carrera, se hizo una propuesta de reforma a la Ley del SEM aprobada rápidamente en el Senado y que se encuentra en revisión de la Cámara de Diputadas y Diputados, que de aprobarse sería la primera ley en su tipo, que incluye una perspectiva de género y dota de derechos para un desarrollo profesional igualitario en un lugar donde típicamente se interpretaba la norma a favor de los hombres sobre el derecho de las mujeres. El tercer objetivo, es que se honrara la lucha feminista latinoamericana, siendo decolonialista y pensando los derechos de las mujeres desde esta perspectiva, y no unirse automáticamente a las declaraciones y votos del “mainstream” feminista europeísta, sobre todo en las discusiones internacionales que más impactan a las mujeres del sur global: violencia, cambio climático, violencia, alimentación y salud, entre otros temas.
Nos sentimos satisfechos con lo conseguido en estos primeros años de la PEF, y de la gran relevancia que adquirió llamando la atención de sus pares, de la academia, y de las organizaciones sociales, quienes demandaron conocer más de ella y acompañarla para potenciar su efectividad. Esto no sólo es un reconocimiento, sino también implica la responsabilidad de mantener los más altos estándares en la acción internacional, así como para procurar que esta política exterior tuviera un impacto en la política interna, y con ello contribuir a erradicar la violencia de género que tanto afecta a las mujeres y niñas en nuestro país y en el mundo.
El próximo gobierno está obligado no sólo a la paridad, sino a trabajar inmediatamente para corregir las cuestiones estructurales que impiden el correcto y igualitario desarrollo de las mujeres y las niñas, así como otros grupos históricamente discriminados. En México prevalece una estructura social desigual que normaliza la opresión y la violencia contra las mujeres. Con una PEF implementada en toda su capacidad, y con un bloque de países latinoamericanos que anunciaron una política similar; se pueden llevar las visiones feministas latinoamericanas a la discusión global. Se dejaron cimientos fuertes para su continuidad en el largo plazo, por lo que es viable no solo continuar sino diversificar la PEF, amplificando su papel actual en las agendas multilaterales de cooperación, medio ambiente, salud, derechos indígenas, de desarrollo, finanzas, e incluso del arte y la cultura, lo que podría contribuir a la construcción de un México cada vez más justo, incluyente y seguro para las mujeres y las niñas, y al propósito global de crear sociedades justas y equitativas.