¿Una reforma judicial?

Los mercados financieros en México sufrieron un retroceso a unas horas del triunfo de Claudia Sheinbaum, candidata de Morena a la Presidencia: la Bolsa Mexicana de Valores cayó -5.71 por ciento (aunque en los días siguientes subió 8.44 por ciento) y el precio del dólar aumentó más de 4 por ciento en un día.

Analistas políticos y económicos, asignaron la responsabilidad de la reacción de los mercados a la posibilidad de que Morena, junto con sus partidos políticos aliados, lograran la mayoría calificada en ambas Cámaras del Congreso y que, automáticamente, se aprobara una reforma del Poder Judicial bajo las postulados del llamado “Plan C” del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Independientemente de las razones de los ajustes temporales de las variables macroeconómicas, hoy la estructura orgánica y el funcionamiento del Poder Judicial están en el centro del debate en nuestro país, al igual que sucede en varios países de América Latina, o incluso en Israel o Estados Unidos. El debate alrededor del mundo se centra en la “politización de la justicia”, un fenómeno que en casos extremos se ha denominado lawfare, tal y como lo han denominado personajes tan disímbolos como Donald Trump o Cristina Fernández de Kirchner. En Latinoamérica, los presidentes de Brasil, Colombia, Guatemala y Perú, por mencionar ejemplos recientes, han identificado el conflicto con las autoridades judiciales como un factor decisivo en la política de su país.

La tensa relación entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo ha suscitado que conflictos y decisiones de política, que tradicionalmente se resolvían en las votaciones en el Congreso o en la competencia electoral entre partidos políticos, se trasladen al ámbito de las controversias constitucionales, los fallos de los jueces y las imputaciones de los fiscales.  De ahí que tantos episodios recientes de la política latinoamericana involucren procesos legales y se desarrollen ante tribunales o ministerios públicos y vinculen a individuos o a instancias de gobierno, del Congreso o de alguna otra autoridad u organismo público.

Así, la política actual se desenvuelve en el ámbito de las leyes y en la esfera judicial. Los argumentos en el debate suelen ser técnicos, y, por lo tanto, expresados mediante análisis y vocabulario jurídicos (a diferencia del lenguaje de la Ciencia Política de algunos años atrás). Actualmente, una buena parte del conflicto de poderes en América Latina se escenifica en el ámbito del discurso, la argumentación y la técnica jurídica.

El curso de colisión entre el Jefe del Ejecutivo y el Poder Judicial rebasa las formas de la política de antaño: temas centrales de la política se resuelven con la intervención de la Suprema Corte de Justicia, no sólo con la voluntad del Ejecutivo o de una mayoría del Congreso.

La atención en México que hoy en día genera la posibilidad de una reforma al Poder Judicial muestra una de las cuestiones no solo estratégicas sino estructurales de la política contemporánea. La forma en cómo se resuelva el conflicto político-jurídico, país por país, determinará el alcance y sentido de la democracia contemporánea en América Latina en general, y en México en particular.

*Abogado, co-autor de El activismo judicial, Porrúa.