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En ocasión del 107 aniversario de la promulgación de la Constitución Federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un paquete de veinte reformas constitucionales y legales que sin duda hubieran tenido más sentido al inicio de la administración que a ocho meses de su conclusión. El catálogo de modificaciones normativas propuesto es tan variopinto que aborda lo mismo la prohibición de vapeadores, maíz transgénico o maltrato animal, que la eliminación de legisladores de representación proporcional, la elección de jueces, magistrados y ministros mediante el voto popular o la desaparición de organismos autónomos como el INAI o la COFECE. Por la diversidad de las reformas propuestas no pretendo realizar un análisis de estas, sino más bien una reflexión respecto del enfoque legal, político y electoral que en un contexto como el actual tiene una acción de esta naturaleza.
La viabilidad de que buena parte de las reformas propuestas se materialicen es muy baja, pues en la mayoría de ellas se trata de modificaciones al texto constitucional, lo que implica una mayoría calificada con la que Morena y sus aliados no cuentan. En este caso se encuentran reformas como la relacionada con la eliminación de 200 diputaciones y 64 senadurías de representación proporcionar, lo mismo que la relativa a la elección mediante voto popular de jueces, magistrados y ministros. Sin embargo, existen otras iniciativas que es posible que transiten favorablemente, ya sea por ser de carácter legal o bien por contar con simpatía de alguna de las fracciones parlamentarias de oposición. Aquí podemos hallar las relacionadas con derechos sociales, como la prohibición del maltrato animal o el acceso a becas por parte de estudiantes de hogares en pobreza. Desde un enfoque meramente legal, las reformas que transitarán serán aquellas que no toquen la constitución y algunas cuyo objetivo no sea la modificación de las estructuras políticas del Estado.
Por lo que hace al enfoque político, las reformas planteadas son muestra clara de una visión muy particular sobre lo que debe de ser la estructura del Estado y sus Poderes. Para Andrés Manuel López Obrador, para Morena y para sus aliados, una visión ideal de Estado es aquella en la que las tareas de seguridad pública se encuentran adscritas a las fuerzas armadas y el Poder Ejecutivo carece de contrapesos en temas tan sensibles como la transparencia y rendición de cuentas o el impulso a la competencia económica. En cierta medida, las reformas propuestas por el presidente López Obrador no hacen sino confirmar el enfoque hiperpresidencialista que lo caracteriza y que, desafortunadamente, no abona en la consolidación del régimen democrático por el que la sociedad mexicana ha luchado a lo largo de muchos años.
Aún con la importancia que tienen los enfoque legal y político, quizá el más relevante de todos sea el electoral. Dada la coyuntura en la que nos encontramos, – basta recordar que en poco más de tres semanas iniciarán la campaña presidencial – la presentación de reformas constitucionales y legales como las que nos ocupan no puede ser cabalmente comprendida si no partimos de su impacto en materia electoral. Las reformas planteadas por López Obrador tienen la doble característica de ser popularmente atractivas para gran parte de la ciudadanía y altamente controversiales para la oposición. El solo hecho de que temas como una pensión universal para personas de 60 años y más o becas para estudiantes de hogares pobres, así como el desmantelamiento de la representación popular en cargos legislativos y la reconfiguración del Poder Judicial, permiten al presidente subirse a la agenda pública y convertirse en el centro del debate. Nada mejor para un presidente con los niveles de popularidad de López Obrador que formar parte de la discusión de cara a las próximas elecciones.
En los próximos meses, la oposición en el Congreso deberá ser lo suficientemente inteligente para procesar aquello que conviene al país y sacar de la discusión los temas de conflicto que puedan provocar que el presidente se convierta en actor principal del proceso electoral. Los tiempos de campaña son para los partidos y sus candidatos y las reformas del presidente tendrán que esperar.
Profesor y titular de la DGACO, UNAM
Twitter: @JoaquinNarro
Correo electrónico: joaquin.narro@gmail.com
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