La Ciudad de México es el centro de la vida política nacional, su corazón económico y financiero, así como uno de los conglomerados humanos más importantes del país. A pesar de ello, muchos olvidan que su democratización ha sido un proceso frágil e inconcluso que inició hace relativamente poco tiempo. Después de una larga lucha por su plena autonomía, lo que significó cárcel y persecución para los disidentes, apenas el 5 de diciembre de 1997 surgió la posibilidad de un cambio sustantivo para los ciudadanos cuando asumió como Jefe de Gobierno, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, convirtiéndose en su primer gobernante elegido de manera directa mediante sufragio universal. Sin embargo, bastaron tan solo 25 años para que los habitantes de la Capital pasáramos de albergar las esperanzas de un cambio democratizador, a sufrir la desilusión de sus realizaciones concretas. Desde entonces todos los que han ocupado el Poder Ejecutivo local –tanto electos como sustitutos- han dejado mucho que desear y en no pocas ocasiones, han vulnerado los derechos de sus habitantes impulsando prácticas autoritarias y traicionando las aspiraciones ciudadanas de una Ciudad progresivamente democrática.
El clímax de la regresión política en la Ciudad de México se observa actualmente con Claudia Sheinbaum quien en su afán por halagar a López Obrador para que la designe candidata del oficialismo a la Presidencia de la República ha traicionado todo ideal democrático. Desde su llegada al poder se rodeó de funcionarios improvisados e incompetentes, quienes dieron rápidamente muestra de su negligencia con la forma como manejaron distintos eventos catastróficos, siendo el más grave el desplome de la línea 12 del Metro con los 27 muertos que provocó. La gobernante se alejó paulatinamente de los ciudadanos que le dieron su voto, usa las instituciones de justicia con fines políticos, al tiempo que impone cambios regresivos al ordenamiento constitucional local. Para mantener el control del Congreso impuso con argucias legales una mayoría legislativa que no se corresponde con los sufragios obtenidos. Para colmo, el Instituto Nacional Electoral le ha impuesto medidas cautelares por sus actos anticipados de campaña y además, no duda en utilizar a los granaderos para reprimir a los pobladores como aconteció este fin de semana en Xochimilco.
El sistema democrático de la Ciudad de México se encuentra gravemente afectado por un gobierno que no respeta la legalidad. La reducida participación de sus habitantes en los asuntos colectivos es también una realidad, por lo que la democracia local se encuentra en crisis y con ella sus actores, procesos e instituciones. Poseemos una democracia de pésima calidad caracterizada por una deficiente representación política. También la afecta una crisis moral y de ideas, de objetivos sociales y de medios para alcanzarlos. Nuestro sistema democrático se ha eclipsado por el creciente malestar social que impera en la Capital del país. La exclusión de sus habitantes de la toma de decisiones tiene distintas justificaciones, siendo el argumento más socorrido que los problemas del gobierno son muy complicados como para dejar las decisiones en manos de los ciudadanos.
Debemos desde ya pensar en el voto de castigo para 2024 como rechazo a la actual clase política. En los sistemas democráticos el voto de castigo produce alternancia y sanciona una mala gestión o las políticas erróneas. Refleja la existencia de un electorado activo y tiene impactos directos en el sistema de partidos. Lleva a cabo una separación de lo político y lo social, al tiempo que anula las diversidades jerárquicas. Para muchos ciudadanos el ejercicio del voto es el único acto en donde reconocen a la democracia, por lo que resulta necesario utilizarlo decididamente para rechazar cualquier restauración autoritaria.
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