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Dice el artículo 49 de la Constitución mexicana: “El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo...”. Esta es la piedra angular del edificio del Estado desde 1857 y a partir de ella, el diseño no busca sino seguir dispersando el poder como lo manda el artículo 40 “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación...”.
Pues bien, el discurso presidencial de ayer -las iniciativas de reforma constitucional, los contenidos que ellas alojan y la destrucción institucional que implica- contradice y camina en el sentido inverso de nuestra Constitución. Se trata de instaurar un régimen pre-democrático con el una presidencia en el centro de un poder piramidal.
El daño causado hasta ahora a la vida democrática resultó ser el prolegómeno de un objetivo ya inocultable: estrangular al pluralismo, eliminando a la representación proporcional y achicando al Congreso; mermar al poder judicial, desbaratar a las instituciones electorales y propiciar que el poder presidencial actúe sin controles, cancelando en definitiva a varios de los organismos autónomos más relevantes.
Nada de esto constituye una sorpresa. López Obrador nos ha transmitido mil veces su aversión hacia los plurinominales, hacia ministros y jueces, hacia órganos autónomos y muy especialmente, hacia las autoridades electorales independientes, pero nunca había presentado un paquete tan excesivo como explícito, en su intención autoritaria. Lo que intenta es perpetuar en el poder a la coalición que hoy nos gobierna con el oráculo de López Obrador que la conduce y, por lo visto, quiere seguir conduciéndola.
No me referiré por ahora a las reformas económicas que también formuló en el mismo ramillete de iniciativas, porque lo que me parece más grave, es el jalón político anticonstitucional que implica.
La elección de ministros y de consejeros electorales tiene el resultado obvio, de que un partido dominará por su fuerza electoral a los jueces y a la justicia en México. La imparcialidad, uno de los valores sustantivos en la impartición de justicia, se desvanece y lo mismo puede decirse en el caso de los consejeros electorales: ya no un arbitraje que busca objetividad, sino funcionarios sesgados desde el origen. Una fórmula segura para que México pierda justicia y elecciones libres.
El odio visceral del presidente contra la Suprema Corte se proyecta en toda su iniciativa. Ministros atados a la corriente política que promovió su candidatura; con menos atribuciones; en un órgano colegiado disminuido en su número; dentro de un periodo más breve; con sueldos menguados y sometido a controles que derivan en juicios políticos contra los mismos ministros.
La fórmula es simple: disminuir el poder de los otros poderes, quitar representación y pluralismo al legislativo y jibarizar y someter al poder judicial.
Es cierto que la democracia resiste y el mandatario no cuenta con la mayoría para consumar su plan, pero también es cierto que nunca estuvimos más cerca de un retroceso autoritario tan grave en su concepción, en su intención y desde la cúspide del poder estatal.
Entramos así a la pretensión de un poder que quiere cambiar el régimen constitucional pero no por uno nuevo, sino por un régimen antiguo, uno que necesita botar y negar a la Constitución que alguna vez, López Obrador, juró cumplir.
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