Opinión

Retos para la función pública

Uno de los principales objetivos que tiene la secretaría que encabeza Roberto Salcedo es el de establecer normas, mecanismos, procesos y controles para asegurar la eficacia, transparencia y honradez del servidor público. Esto cobra especial importancia cuando se trata de funcionarios encargados de realizar compras con recursos públicos.

En este sentido es que a lo largo de la actual administración ha habido importantes avances, pero también hay casos pendientes. Uno de ellos, que ha llegado hasta la Cámara de Diputados y al que da seguimiento la Auditoría Superior de la Federación de David Colmenares, es el del ISSSTE, que dirige Pedro Zenteno, en donde se han detectado serias irregularidades en las últimas licitaciones relacionadas con la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios, a cargo de Juan Carlos Suárez Guzmán.

Algunas de ellas, realizadas recientemente, son la contratación del servicio administrado de fotocopiado, impresión y digitalización de documentos, en la que se ignoraron por completo los lineamientos estipulados en el Contrato Marco, y la compra de material e insumos de impresión, en donde eliminaron en la junta de aclaraciones requisitos que se solicitaban en las bases de origen, mismos que finalmente sí se evaluaron. Asimismo, otros que se mantuvieron como estaban originalmente, no fueron evaluados.

Además, en este último proceso, por más de 140 millones de pesos, los participantes acusan manipulación en las muestras presentadas para invalidarlas en beneficio de la empresa Confecciones Issac, cuyo objeto social es la confección de ropa.

Estas conductas no son exclusivas de esta institución. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), que dirige el Vicealmirante en retiro Carlos Velázquez Tiscareño, está por definirse la contratación del servicio de seguridad privada, que en estos momentos resulta un factor clave para el buen funcionamiento del puerto aéreo más importante del país.

Aquí, la Dirección Jurídica a cargo de José Luis Martínez Colina, está pasando por alto un claro esquema de simulación de competencia entre tres empresas que participan de manera independiente, ya que según documentos oficiales, tienen relación con una misma persona. Se trata de Grupo de Seguridad Privada Pryse de México, Serprosep, y Armour King, las cuales presentaron propuestas con precios escalonados, lo que hace más evidente la simulación. El hecho, según nos dicen, está prohibido en el artículo 29, fracción 15 de la Ley de Adquisiciones y Servicios del Sector Público, y es motivo de descalificación inmediata.

El servicio a contratar abarca el resguardo de zonas muy sensibles del aeropuerto como los mostradores, las salas de última espera, plataformas, estacionamientos, así como el área de rayos x de la terminal 1 y 2. La suma total de recursos a erogar por este servicio es de 1,800 millones de pesos, con duración de 14 meses.

Estos dos ejemplos representan un reto importante para la Secretaría de la Función Púbica, ya que dentro de sus funciones está hacer que lo público funcione con probidad. Es una realidad que en el último año de una administración este tipo de conductas aumentan, y es por ello que el equipo de Roberto Salcedo debe estar muy atento para actuar oportunamente.

@fer_martinezg

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