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Para el ciudadano común es complicado y engorroso estar al tanto de las legislaciones y las políticas públicas; normalmente lo que nos importa son los resultados y, luego, las causas. En ese orden. No estoy siendo negativo, por el contrario, trato de explicar la conducta de mis conciudadanos. Yo debo dedicar alrededor de cinco horas diarias a leer y recabar información para escribir mis columnas políticas; por lo tanto, no espero que mi vecino haga lo mismo.
No es apatía ciudadana ni ignorancia, es simplemente que la gente tiene otras obligaciones que cumplir; en todo caso, hemos de culpar a los propios partidos por no acercarse a la población para informarla y entusiasmarla en tiempos regulares.
Expuesto lo anterior mis estimados electores, les recomiendo un magnífico documento elaborado por CETYS Universidad y el Centro de Estudios México- EUA de la Universidad de California San Diego, donde dan a conocer con la mayor CLARIDAD y BREVEDAD el ABC del financiamiento de los partidos políticos en México. Me refiero a “Integridad Democrática México 2024. Dinero y elecciones”, (Boletín no. 7, enero 2023). El asunto no es menor, pues está relacionado con la equidad y transparencia de la contienda; en pocas palabras: ganar limpia y legalmente.
La esencia legal alrededor del financiamiento es que si algún candidato no reporta sus gastos de campaña, o si rebasa el tope de gasto con más del cinco o si recibe apoyos (en dinero o especie) de otras fuentes que no sea el INE y las autorizadas por éste, la ley obliga a anular su candidatura o su triunfo.
¿Se acuerdan de la anulación de la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero? El distinguido senador morenista omitió presentar en tiempo y forma sus gastos de precampaña y no hubo dios ni inquilino de Palacio Nacional que revirtiera la sanción. Guerrero de todas maneras salió perdiendo, porque ahora la hija del senador, Evelyn Salgado, desgobierna la entidad; pero esa es otra historia.
De la lectura del documento uno colige dos cosas. Primero, que pese a las obligaciones legales, TODOS los partidos hacen que la virgen les habla y, si los cachan, están dispuestos a pagar las multas correspondientes.
Durante el período de pre-precampañas, MORENA omitió reportar propaganda en la vía pública, bajo el argumento de que el partido no contrató todas las bardas y espectaculares que vimos en distintas ciudades en favor de Claudia Sheinbaum. Fueran donativos o aportaciones espontáneas, se trataba de propaganda; así que el partido guinda debió calcular el costo y reportarlo, pues cualquier contribución en especie cuenta. La multa fue por el 150 por ciento del gasto estimado por el INE, equivalentes a 68 millones de pesos.
En el caso de Acción Nacional, la multa fue por la veinteava parte (3.4 millones de pesos) y tuvo como causa no haber reportado gastos como “banderas, carpas, delantales, edición de imagen y edición de video.”
Como vemos, unos se extralimitan más que otros; tal vez MORENA calculó su probable impunidad en esta etapa de la contienda, mientras que el PAN se fue con más cuidado.
Ahora vayamos al comportamiento de los medios de comunicación, para lo cual me permito tomar la información que Javier Tejado Dondé nos compartió sobre el monitoreo del INE (El Universal, 16/01/2024).
Sheinbaum ha tenido más exposición en TV que Gálvez: 53 horas frente a 47; la diferencia aceptable en período de pre-campañas. Las televisoras han tenido un comportamiento equilibrado, con excepción de dos. TV Azteca es la que menos tiempo ha dedicado a las candidatas; a las dos por parejo. Está en su derecho de destinarles el tiempo que le parezca en atención a su libertad de contenidos.
Canal 11 es la estación con mayor número de notas sobre las candidatas (310) y ello no tendría nada de particular, si no es porque la intencionalidad de algunas de las notas difundidas queda en entredicho: 240 son neutras, 27 son favorables a Sheinbaum y 30 son negativas a Xóchitl. Con un agravante: Canal 11 está financiado por el Estado.
La segunda conclusión a sacar es que el próximo junio se elegirán 629 cargos federales y 19 mil 738 locales; total 20 mil 367. Ahora multiplique esta cantidad por dos aspirantes por cargo, por lo menos; eso indica que el INE y los institutos estatales electorales habrán de revisar los gastos de campaña de un mínimo de 40 mil 734 candidatos ANTES de validar el triunfo de cualquiera en las urnas. ¿Se imaginan el ejército de analistas y el costo que tal tarea implica? Y el inquilino de Palacio Nacional insiste en que el INE gasta mucho…
Estos son solo algunos de los prolegómenos de una elección de Estado.
P.D. Para los interesados, les paso la liga donde pueden encontrar el reporte. https://usmex.ucsd.edu/_files/democratic-integrity/integridad-democratica_7_012024.pdf
Colaboró: Upa Ruiz uparuiz@hotmail.com
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