La seguridad nacional en acción (2)
La gobernanza es un rasgo propio del Estado constitucional de derecho y consiste en que la gestión pública no es exclusivamente estatal, ni reducida al poder ejecutivo. La gobernabilidad es la capacidad efectiva de dirección y orientación de un grupo social hacia objetivos, previamente consensados, con el propósito de que haya mayor bienestar colectivo e individual. El gobierno es el órgano del Estado que determina y ejecuta los objetivos inmediatos de una sociedad con base en una planeación y una estrategia.
Una buena gobernanza requiere de un gobierno eficiente y confiable y ambos son condiciones necesarias para la existencia de gobernabilidad. El conjunto son los garantes de la seguridad nacional en tres sentidos: permiten identificar los intereses nacionales, apuntalan al poder nacional y establecen los límites que toda autoridad debe respetar en un Estado democrático, que promueva y proteja los derechos humanos y que considere el pluralismo político y la multiculturalidad.
La administración pública es el aparato de los órganos estatales para cumplir con las atribuciones que les concede la Constitución y la más grande e importante es la subordinada al poder ejecutivo, pero no es la única, y desarrolla las tareas esenciales para la existencia de un Estado como son la hacienda pública, el mantenimiento de la seguridad nacional, las relaciones exteriores y los mínimos de gobernabilidad para que haya paz y tranquilidad justas en una sociedad.
En esta lógica, las dimensiones de la seguridad, a saber, nacional, interior, pública y humana, solo son efectivas con base en la existencia de una administración pública profesional y comprometida con los objetivos determinados por el gobierno, a través de la planeación, la programación y la presupuestación. La legitimidad de este proceso suele ser mayor cuando la acción administrativa se desarrolla en regímenes políticos democráticos con instituciones incluyentes, que sean capaces de contener y canalizar el conflicto social, e incorporar a la participación ciudadana en la toma de decisiones.
La seguridad nacional, que es una condición favorable, pero no un requisito sine qua non del desarrollo, es producto de un proceso complejo que inicia con un acuerdo básico constitucional en el que se define los intereses nacionales en forma de categorías abiertas, aspiracionales y programáticas; se incorpora las visiones de los órganos del Estado y la sociedad civil, mediante procesos formales de planeación (PND), la opinión pública, la elaboración e implementación de políticas públicas, que por antonomasia incorpora las demandas, necesidades y aportaciones de los actores y beneficiarios a los programas gubernamentales; y, finalmente, se ejecutan las estrategias (conjunto de metas y acciones) para generar gobernabilidad en una sociedad.
Bajo esta óptica, todos los órganos estatales de naturaleza legislativa, ejecutiva o judicial son corresponsables, junto con los órganos constituciones autónomos y las entidades públicas no gubernamentales (como partidos políticos, sindicatos, ONG, concesionarios, entre otros), dentro del proceso complejo descrito, de construir una paz duradera y fructífera, en las distintas etapas del mismo. Sin embargo, el actor relevante, no el único, en la planeación, programación, dirección, ejecución, control y evaluación de las estrategias es el gobierno con apoyo de su administración pública.
El poder ejecutivo se convierte en un eje articulador de la gobernanza y esta función requiere de una distribución de competencias entre los órganos que le están subordinados, específicamente, las dependencias, entre las que se distribuyen, por disposición de las leyes orgánicas, las tareas de disuasión, contención y, en su caso, sólo excepcionalmente, la corrección de desviaciones que afecten la tranquilidad social.
La disuasión es la táctica más socorrida y consiste en convencer a la sociedad y a los individuos que mantener un orden constitucional es lo más conveniente y esto requiere de la identificación de las debilidades del régimen político y las vulnerabilidades del aparato estatal para prevenir cualquier conflicto con la identificación de riesgos y la mitigación de los mismos.
La contención es la primera reacción de las instituciones (gubernamentales y no gubernamentales) frente al aumento de la posibilidad de que se actualice uno de los riesgos identificados y ubicar a los posibles agentes que, eventualmente, sean los beneficiarios de una disrupción del orden para abrir espacios de diálogo y concertación. La resiliencia del régimen político, que es mayor en un pluralismo, y la amplitud del sector público más allá del gobierno son factores legitimadores.
La corrección es la capacidad de hacer frente a los riesgos que se actualizan, que son las amenazas, y evitar que afecten al tejido social y al bienestar colectivo. Sólo en este punto la acción de las fuerzas policiales o de la defensa se convierte en un elemento de la seguridad nacional.
La articulación del gobierno es impensable sin la administración pública y a esta articulación en materia de gobernabilidad se le conoce como seguridad nacional en acción, que involucra a estructuras civiles y militares, a los sectores público, privado y social y a organizaciones públicas gubernamentales y no gubernamentales. La gobernanza es inconcebible sin un gobierno fuerte y legitimado.