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Los datos sobre incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que, al mes de septiembre de 2023 hay 22,602 víctimas de homicidio; eso hace un promedio de 2,511 víctimas por mes. De tal forma que, de mantenerse la tendencia, a finales del año se tendría un total de poco más de 30 mil víctimas de homicidio intencional. A ello habrá que agregar en su momento el ajuste que lleva a cabo el INEGI, con las estadísticas de mortalidad, y los cuales siempre implican un incremento relevante.
De mantenerse así las cosas, será el año menos violento del sexenio. Sin embargo, hay que subrayar un hecho: durante los primeros cinco años de la administración se tendrán cifras superiores a las 30 mil víctimas de asesinato; y eso sin contar las víctimas de desaparición forzada, más las víctimas de feminicidio.
Por otro lado, hay otros tipos de delitos como el grupo clasificado como atentatorio de la libertad y la seguridad sexual; o los delitos cometidos en contra de las familias; en ambos rubros, los incrementos anuales han sido constantes en la presente administración, y han llegado a cifras récord en los últimos cincuenta años.
Es cierto que la prevención, investigación y sanción de esos delitos corresponde al ámbito de lo local; pero también lo es el hecho de que, sin una estrategia coordinada en todo el país, será difícil revertir las tendencias, más aún considerando que están asociadas en una alta proporción de casos, a contextos sociales complejos, y en no pocas ocasiones, a contextos de inseguridad y violencia relacionada con la delincuencia organizada.
En otros rubros, hay situaciones delicadas como los numerosos casos documentados en medios locales y nacionales, relativos a abusos de autoridad que se relacionan precisamente con lesiones, abuso sexual, violación y en los casos extremos, el homicidio, perpetrados por agentes de la ley, que también en una muy alta proporción, sus actuaciones permanecen en la impunidad.
El primer gran problema sin resolver es el estado de fuerza tan reducido que tienen las corporaciones municipales. Hasta el 2020 se estimaba que se tenía un déficit de al menos 100 mil elementos en el nivel municipal, para llegar al estándar internacional recomendado para sociedades en paz. En evidencia, poco se ha hecho en las entidades y municipios para reducir ese déficit y dado el incremento demográfico del país, es incluso posible que la necesidad de más personal se haya incrementado.
El segundo gran problema se encuentra en el paradigma desde el cual se pensó la reforma constitucional al artículo 115, de finales de la década de los 90. En efecto, bien el enfoque preventivo es el adecuado, lo que debe comprenderse es que el contexto social es radicalmente distinto; y que la presencia masiva del crimen organizado y su extendida presencia territorial obliga a modificar el perfil de las corporaciones policiacas, sobre todo ante un país cada vez más urbanizado y con cada vez más conurbaciones y zonas metropolitanas, que exigen renovados esquemas de cooperación, coordinación y corresponsabilidad en el ejercicio de facultades y competencias.
El tercer gran problema estructural se encuentra en la arquitectura jurídica que regula a la seguridad pública. En ese sentido, puede continuarse con el predominio de las Fiscalías Estatales y del Ministerio Público como la principal instancia de procuración de justicia; pero ello no tiene por qué impedir que se le dote de facultades y capacidades a las corporaciones policiacas para investigar delitos y para coadyuvar en la persecución de los mismos. Eso ya ocurre en la Ciudad de México y parece estar dando importantes resultados.
Asociado a lo anterior, nos encontramos muy lejos de haber dignificado o siquiera creado lo que podría llamarse como “carrera policial”. Las academias de policía en los estados y municipios no cuentan con programas y protocolos homologados y están muy lejos de apegarse a los estándares de derechos humanos a que están obligados constitucionalmente. De igual forma, seguimos teniendo en lo general policías municipales con muy bajos salarios y prestaciones; muy mal capacitadas en materias complementarias a las del ejercicio de directo de su función, y no se tienen protocolos homologados de promoción y ascenso.
Reformas a las policías municipales y estatales es una urgencia nacional; porque la prevención del delito, la atención oportuna y con calidez a las víctimas; y un estricto apego en las actuaciones al marco de derechos humanos que nos rige jurídicamente, pasa por todo lo anteriormente dicho, y eso considerando que es lo mínimo para iniciar una transición ordenada hacia una sociedad de paz.
Requerimos asimismo un entramado institucional que tenga como objetivo central la construcción de una cultura de la paz; y ello, debe comprenderse, no consiste en sólo dar cursos o charlas, sino en construir e implementar una estrategia de intervención territorial, que permita restituir las relaciones sociales en aquellos espacios donde el terror se ha implantado; y para blindar y proteger aquellos que están en mayor riesgo de caer en manos de la delincuencia.
Eso exige una muy amplia estrategia de intervención social que va, desde la prevención de las adicciones, la promoción y atención de la salud mental; la auténtica implantación de la perspectiva de género y de los derechos de la niñez como eje rector de todas las actuaciones públicas en lo local; y por supuesto, de un constante acompañamiento y promoción de relaciones cordiales y de convivencia solidaria en las familias.
Investigador del PUED-UNAM
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