¿La Suprema Corte en paro?

El martes pasado, la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se suspendió a petición de su presidenta para solidarizase con cerca de mil de sus trabajadores, que realizaron una protesta silenciosa al interior de ese tribunal, con pancartas que rechazaban la reforma judicial. “La manifestación fue convocada por miembros del Colegio de Jóvenes Estudiantes de Derecho y Nuevos Profesionistas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación AC, fijando como reglas que los participantes usaran vestimenta y cartulinas de colores negro o verde, y se prohibió hacer o lanzar mensajes ofensivos o alusivos a personas o partidos” (Jornada, 28-08-24). El jueves, las labores se suspendieron nuevamente por la toma de los ingresos al edificio.

Las reacciones son diversas dentro y fuera de la Suprema Corte. Esta suspensión de labores se presenta entre las protestas crecientes de los trabajadores del Poder Judicial Federal en paro, secundado por los jueces y magistrados, y las marchas de los universitarios en varias ciudades del país. ¿Por qué las movilizaciones en uno de los poderes de la Unión, que es ajeno a este tipo expresiones políticas? La respuesta es muy sencilla: hay un efecto devastador en el proyecto de vida de muchas personas con la reforma judicial propuesta por el presidente, aprobada en comisiones de la Cámara de Diputados, y en la línea de espera para ser aprobada en “fast track” en los primeros días de septiembre y concluir el proceso de modificación constitucional antes de que concluya el gobierno de AMLO, como el regalo de despedida, que Mario Delgado le pidió dar al Partido del Trabajo (El Reforma, 24-08-24).

Los procesos de cambio son lentos y tiene un ciclo que hay que atender. El impulso de la carrera judicial se inició en 1994 y en treinta años evolucionó de tal manera que hoy en día es una realidad y existe el convencimiento entre los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, que el mérito es la vía para ingresar y ascender en los juzgados y tribunales. El estudio y el trabajo son valorados y, generalmente, recompensados.

Las acusaciones de corrupción generalizada del Poder Judicial de la Federación es una narrativa política sin sustento, promovida por un personaje de doble moral como lo es el ministro en retiro Zaldívar, quien pasó de repudiar la elección de los jueces a ser su principal adalid y defensor. Como en toda obra humana, hay personas que traicionan sus principios y deshonran su protesta, pero estas circunstancias, que son excepcionales en los juzgados y tribunales, no pueden ser la excusa para desintegrar a la Suprema Corte y remover por a los magistrados y jueces.

La manifestación silenciosa de trabajadores, en su mayoría jóvenes profesionistas y estudiantes, que empiezan la carrera judicial o “hacen sus pininos” en el Máximo Tribunal, es previsible que sea desestimada e incluso objeto de burla o vituperio por los diputados y senadores de la mayoría oficialista, quienes en el más clásico acto de levantamiento de dedo, al estilo del autoritarismo de partido hegemónico de los años setenta y ochenta del siglo pasado, aprobarán la reforma judicial, para darle su regalo al caudillo de su movimiento.

Sin embargo, esta manifestación silenciosa va a marcar un hito en la historia del Poder Judicial de la Federación, como sucedió en 1972, el juez Vicente Aguinaco, ante la presión de un presidente de una Corte sumisa al poder político, prefirió firmar su renuncia que una sentencia dictada por consigna. Este gesto de valentía y responsabilidad frente a la independencia judicial fue el principal mérito para que, en 1995, asumiera el cargo de ministro y presidente de una Suprema Corte, que se ha caracterizó, en su novena, décima y décimo primer épocas, por ser un auténtico órgano de contrapeso del Ejecutivo, lo que se refleja en sus criterios jurisprudenciales y sentencias.

Las jóvenes abogadas y abogados que se manifestaron con valentía y responsabilidad son los auténticos guardianes de la independencia judicial, en caso que la reforma, impulsada desde el poder político para eliminar el estorbo de las sentencias de los jueces, afecte la objetividad, imparcialidad, excelencia y profesionalismo de los órganos de impartición de justicia como se presagia.

Los tribunales sumisos al poder político se pierden en el tiempo por su mediocridad e intrascendencia para los pueblos. Hago votos que, en caso que la reforma judicial se apruebe, no regresemos a la época en que la Suprema Corte era un trampolín de ambiciosos o destierro de los políticos en desgracia. Una garantía que esa condición no será permanente es la conciencia de los jóvenes que se manifestaron en silencio para defender la independencia judicial. La Suprema Corte no está en paro, está más viva que nunca.

Profesor de la Universidad Panamericana

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