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“El populismo es una reinterpretación de la democracia como un mayoritarismo radical que usa de ella para llegar al poder después constitucionalizar su mayoría y la usa para mantenerse en él”.
Nadia Urbinati
El sábado pasado, nuestro autoritarismo escenificó una de sus apoteosis más alucinantes y destructivas. A golpe de sorteo, tómbola en medio, destruyó la carrera de 711 jueces -personas de carne y hueso- que han consagrado su vida profesional para dedicarse a esa, su labor. Un momento infame en el que una coalición super-mayoritaria ejerce un abuso pocas veces visto, pero aquí, el sábado, ante los ojos de todos, exhibido al mundo para que quede claro quién manda y cómo manda.
El hecho ocurre entre las prisas, mientras se ignoran y desacatan muchas medidas dictadas por el propio poder judicial, improvisando reglas de unas elecciones que ya están en marcha e ignorando por completo la voz de cualquier postura opositora en el Congreso.
Esta es la “democracia populista” en acción, sin ataduras ni ganas de fingir nada. Así están gobernando ya y así lo seguirán haciendo, nos advierten, para culminar el programa constitucional del autoritarismo que les fue legado por su líder, el ex presidente López Obrador, y que consiste en 18 reformas constitucionales y dos reformas legales.
Sergio López Ayllón ha hecho la radiografía más comprehensiva de este momento deconstituyente, en el que se suplen varias de las principales columnas del sistema jurídico y político en México para colocar sobre ellas, al menos, cinco implantes: la entrega líquida de recursos (los llamados programas sociales) consagrados en la carta magna y que adquieren una dimensión similar a las del derecho clásico a la salud o la educación, un Estado social de la precariedad; el desmantelamiento del sistema representativo para cerrar el paso al pluralismo real y dar pie al mayoritarismo sin atenuantes; la desaparición de los órganos autónomos, para una mayor concentración de facultades dentro del poder ejecutivo y disminuir los derechos de los individuos; la captura del poder judicial, para una devastación completa de los 33 poderes judiciales del país, buscando su elección por voto y destruyendo al sistema y la carrera por mérito y, en quinto lugar, el reforzamiento del poder coactivo del Estado, ya peligrosamente militarizado, multiplicando causales y facultades de sanción y encarcelamiento a ciudadanos (prisión preventiva oficiosa). Todo lo cual cambia abruptamente al sistema constitucional para una concentración de poder en la presidencia y propiciar la entrada de otro régimen político, no democrático.
¿Son hechos consumados? En modo alguno; hay razones, formas e instrumentos para intentar resistir, nos dice el jurista Javier Martín Reyes: se han interpuesto y se interpondrán juicios de amparo, juicios electorales, consultas judiciales, controversias constitucionales y muy especialmente, acciones de inconstitucionalidad.
Todas son herramientas disponibles y previstas para que la constitución sea defendida, y la nuestra debe serlo -señala el abogado- subrayadamente para preservar la vigencia y la independencia del poder judicial.
Dice Martín Reyes que hay tres razones fundamentales que derriban la intentona populista: porque ha violado flagrantemente el procedimiento legislativo, porque han violado la estructura básica de la constitución (la división de poderes) y porque viola también, los estándares de los derechos humanos. Es decir, estamos ante un cambio que no se sujeta a la Constitución sino que, para cambiarla, la rompe, la quiebra, y en ese sentido es inconstitucional.
Pero agrega algo históricamente trascendente: la Constitución fundadora, la que pervive aún a pesar de todo (la de 1917) discutió y desechó explícita y contundentemente la elección de jueces en su momento, justo lo que ha venido a resucitar el populismo contemporáneo. En ese sentido, los cambios que se promueven son originariamente anticonstitucionales.
De modo que existen argumentos y existen instrumentos (aparte de la movilización) para resistir a esta operación extrema del autoritarismo y varios de ellos llegarán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
¿Es esperable la crisis constitucional? De hecho ya está aquí, nos explican López Ayllón y Martín Reyes: la sucesión de desacatos a las autoridades, la falta de respeto a las normas y a las formas, el quiebre del proceso legislativo en varios tramos fundamentales, la prisa, la improvisación y las amenazas políticas que han rodeado esta operación, no hacen, sino anunciar un rechazo sonoro de parte de las instituciones nacionales e internacionales.
No es tiempo para el inmovilismo sino para recobrar aliento y apoyar a la Suprema Corte, el poder límite que aún puede detener un intento de todas maneras llevará años en concretarse. La historia no ha concluido y no hay que seguir (o caer) en el pasmo, ante la prisa desbocada del autoritarismo.
(Este es un resumen de las exposiciones presentadas en la sesión del Instituto de Estudios para la Transición Democrática del 12 de octubre pasado).
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