BúsquedaConocí a Rosi Orozco hace 12 años, cuando la entrevisté para una serie de televisión que difundía los trabajos de personas comprometidas con la sociedad. La entrevista con Rosi fue difícil, pero escuchar los testimonios de las víctimas rescatadas fue desgarrador. Viene a cuento mi remembranza porque el pasado 30 de julio se celebró el Día Internacional contra la Trata.
Rosi encabeza Unidos contra la Trata, una de las pocas organizaciones de la sociedad civil dedicada a apoyar la reinserción de las víctimas de este delito, a la sociedad.
Desde entonces, la atención a este problema ha cambiado muy poco.
Como suele ocurrir en este país, el problema no es falta de leyes, sino su aplicación. De acuerdo con el reporte “Traficking in Persons”, del Departamento de Estado de EUA, desde 2014, “México ha incumplido los estándares de lucha contra la trata”, pese a que desde el año 2000 firmó el Protocolo de Palermo de la ONU orientado a combatir este delito. De hecho, no parece haber una política pública o estrategia de combate al respecto.
Para vergüenza nacional, México ocupa el tercer lugar de trata y el primero en lo relativo a pornografía infantil. El corredor de la trata está bien identificado y va de Puebla a Tlaxcala y Veracruz, pero en 2021 no se enjuició a ningún criminal por este delito, según denuncia la ONG Causa en Común. Vamos, ni siquiera hay fondos para atender a las pocas víctimas rescatadas de uno de los negocios más lucrativos del crimen organizado.
El Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia Penal de la CDMX (CCSJP) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) son de las pocas instituciones oficiales que abordan este grave tema.
Su informe, que va de enero 21 a junio 22, del CCSJP, contiene tres mil 900 reportes de trata, sumando las llamadas recibidas y los casos de las fiscalías General de la República y estatales. Si aplicamos el criterio de que solo el 10 por ciento de los casos son reportados, estamos hablando de 39 mil personas que fueron sustraídas ilegalmente con fines de explotación.
A la cifra anterior cabría agregar unos cuantos miles, pues muchos casos de trata suelen considerarse erróneamente como desapariciones; luego entonces, la investigación policial se aborda desde el ángulo equivocado.
Como ya sabemos, la trata tiene el objetivo de la explotación en diversas modalidades, como la sexual (50 por ciento) y la laboral (36 por ciento), incluyendo la mendicidad y el trabajo esclavo . Como si tales objetivos no fueran lo suficientemente graves, hay un remanente de trata para tráfico de órganos y experimentos médicos ilegales. Más aún, la mitad de los casos corresponden a menores de edad.
Tal parece que la CNDH está agarrando el toro por los cuernos. Después de realizar un acucioso diagnóstico, preparó los “Programas Especiales Contra la Trata, el de Personas Desaparecidas y el de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres” (PAMIMH), a través de los cuales propone una coordinación interinstitucional para fortalecer las estrategias del Estado en su conjunto, en vez de que cada quien vaya por su lado.
Es obvia la necesidad de una coordinación, pero en el caso de la trata lo es más, pues las víctimas son extraídas en un estado de la República pero explotadas en otro.
El PAMIMH se sostiene en tres ejes: el normativo, para que todas las fiscalías observen y aborden el problema correcta y uniformemente; el institucional, para que los tres niveles de gobierno cumplan lo relativo a la prevención, persecución, sanción del delito y atención a víctimas; y finalmente, el eje social para lograr mayor eficiencia en la prevención y la suma de las acciones de la sociedad civil.
El programa de la CNDH es tan ambicioso como necesario.
Pero en este gobierno que solo se ocupa de las pre-campañas adelantadas y otras estridencias, ¿alguien le hará caso?
Tres mil 900 víctimas y sus familias esperan que sí.
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