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Un creciente malestar social acompaña la imposición de una obra pública mal diseñada, sin manifiesto de impacto ambiental ni de mecánica de suelos, sin permisos forestales o estudios geológicos, sin consulta vecinal, negando el derecho ciudadano de petición y audiencia, deteriorando cenotes, cavernas, manglares, ríos subterráneos, dunas costeras, ecosistemas y acuíferos, además de selvas y bosques que son garantía de diversidad biológica, y que afecta los hábitats de importantes especies en peligro de extinción. Distintos relatores de las Naciones Unidas han manifestado su preocupación por el impacto que el Tren Maya tendrá sobre las comunidades indígenas tanto en sus derechos territoriales como para no ser despojadas. Ante esto, el gobierno descalifica e ignora lo mismo a integrantes del Poder Judicial quienes han otorgado suspensiones provisionales respecto a amparos en materia ambiental y por violaciones al proceso de consentimiento indígena, que a científicos, académicos e investigadores ambientalistas quienes han presentado diversos estudios que evidencian las afectaciones producidas. Las únicas respuestas han sido el uso de militares en la gestión del proyecto, el hostigamiento hacia las organizaciones de la sociedad civil y la amenaza permanente de expropiaciones de predios ejidales y privados, negando a la población en su conjunto el derecho humano a un medio ambiente sano y al desarrollo sustentable
El Tren Maya, sobre todo en sus tramos 5 (Cancún-Tulum), 6 (Tulum-Bacalar) y 7 (Bacalar-Escárcega) donde existen cerca de 2 mil kilómetros de cavernas, afectará la segunda selva más importante de América Latina después de la Amazonia que es el bosque tropical más extenso del mundo. Se estima que implicará la deforestación de 2,500 hectáreas de selvas húmedas y para agravar la situación su funcionamiento será a base de diesel lo que generará -de acuerdo con la UNAM- el equivalente al 8% de la contaminación por dióxido de carbono que produce el tránsito vehicular en la Ciudad de México, además del incremento desorbitado de ruido, vibraciones, fragmentación de hábitats y ocupación del suelo. Se espera un arribo masivo de turistas que, por ejemplo, si se considera solamente la zona arqueológica de Calakmul pasará de los actuales 40 mil visitantes a 3 millones. Surgirán nuevos problemas de abastecimiento de agua y de recolección de basura para los cuales no existe infraestructura. La obra se suma a otras iniciativas de este gobierno como el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, las aguas nacionales concesionadas, el uso de energías fósiles y la minería a cielo abierto. A esto se agregan los frecuentes asesinatos de defensores ambientalistas. Es el ejemplo más palpable de cómo la improvisación, la demagogia y la ineptitud sumadas a la corrupción, generan una mezcla socialmente explosiva.
La ética basada exclusivamente sobre objetivos de utilidad y propaganda no se preocupa por los efectos dañinos que las acciones de los gobernantes pueden producir sobre nuestro futuro. La naturaleza es ciega y, al mismo tiempo, astuta. Posee leyes férreas y los escenarios catastróficos derivan de su violación. La ruptura de los equilibrios naturales produce desastres que son involuciones con grandes costos sociales y económicos. La pérdida y degradación de los recursos y del entorno natural no sólo limitan nuestro potencial de desarrollo presente y futuro, sino que comprometen el bienestar de la población y el destino del país. El ambientalismo implica una profunda transformación de las mentalidades para redescubrir la empatía entre los seres humanos y la naturaleza. Es una tendencia que mira hacia el futuro y su desarrollo no será sobre las viejas teorías de la redención social, sino sobre los derechos de la naturaleza. Las afectaciones crearán nuevos problemas porque la naturaleza destruida tiene consecuencias sobre la sociedad.
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