BúsquedaArranca en el Senado el proceso de renovación en la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que deberá llevarse a cabo el próximo 15 de octubre. La ley permite que la actual titular, Rosario Piedra Ibarra, pueda ser ratificada por cinco años más. Sería lamentable que así fuera.
En la ofensiva de Andrés Manuel López Obrador contra los organismos autónomos hubo, esencialmente, dos tipos de estrategia. Una, debilitarlos usando varias pinzas: reducción presupuestal, no sustitución de comisionados salientes, ataques en las Mañaneras para desprestigiar a personas e instituciones, hasta el incumplimiento directo de resoluciones. La otra, desnaturalizarlos para quitarles su esencia. Esto se logró exitosamente en la CNDH, a través del nombramiento de Rosario Piedra, a partir de sus dos únicas virtudes aparentes: haber sido hija de una de las pioneras en la defensa de los derechos humanos en el país y ser militante de Morena. Una combinación ganadora para los intereses de AMLO.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue una de las primeras instituciones autónomas nacidas en el largo proceso de transición democrática mexicana. Era una necesidad y una demanda social, que se pudo cumplir porque el gobierno priista requería de instrumentos que le dieran legitimidad. Sus capacidades fueron aumentando a lo largo de los años, hasta que se convirtió en una suerte de faro de integridad… aunque nunca con los dientes suficientes, porque sus recomendaciones no han sido vinculantes.
Con Rosario Piedra al frente, la CNDH tiene mucho menos peso que antes, porque dejó de ser imparcial para convertirse en un ala del gobierno. En particular, se transformó en un organismo de defensa de las decisiones del Poder Ejecutivo e incluso de su estrategia informativa.
La mayoría de las recomendaciones ha sido por casos ocurridos antes de 2018. No es una casualidad. Es una política deliberada. El propósito es generar la idea de que los derechos humanos de los mexicanos eran violados antes de manera importante, no desde que el pueblo llegó al poder a través de su encarnación morenista.
Esto checa bien con el propósito de Rosario Piedra, cuando quiso cambiarle el nombre a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y convertirla en “Defensoría de Derechos del Pueblo”. Aquí debemos entender “pueblo” como la coalición social que apoyó a López Obrador y sobreentender que no hay por qué defender los derechos de quienes no forman parte del “pueblo”.
Bajo la actual presidencia, la CNDH no ha actuado para proteger a los ciudadanos de los abusos del poder, que es su propósito. Poner límites al poder político es algo que no le gustaba a López Obrador, y Piedra actuó para complacer al Señor Presidente. Van algunos ejemplos.
No ha tenido una mirada atenta a las violaciones de derechos humanos de parte de las Fuerzas Armadas y fuerzas policiales. Ha hecho caso omiso a la militarización de la Guardia Nacional, a las desapariciones, a las denuncias de las madres buscadoras, a las movilizaciones de las mujeres contra la violencia de género (de hecho, Piedra ha tenido una larga disputa con las feministas radicales, con demandas judiciales contra algunas de ellas). No se ha pronunciado sobre los asesinatos de activistas medioambientales y ha sido omisa respecto a las agresiones a periodistas.
El caso más grave es el referente a los abusos de las autoridades de migración. La CNDH ocultó por más de un año sus propios documentos, en los que migrantes detallaban maltratos, extorsiones y torturas de parte de autoridades policiacas, militares y del Instituto Nacional de Migración. La única recomendación por violaciones graves de parte del INM que emitió fue la referente a la muerte de 37 migrantes en el incendio de la estancia en Ciudad Juárez. Una recomendación que no tuvo mayores efectos.
En cambio, Rosario Ibarra, como titular de la CNDH se ha involucrado en asuntos políticos que no le competen, como la reforma al INE. La idea fue siempre darle la razón a AMLO.
En el camino, la presidenta de la CNDH ha tenido diferendos, cuando no es que pleitos, con las más importantes organizaciones defensoras de derechos humanos del país, con las internacionales, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el CIEI por el caso Ayotzinapa y con la ONU. La idea que la ha movido es afirmar que, desde la llegada de López Obrador al poder, ya no se violan derechos humanos en México. Fue un cambio mágico.
Es difícil encontrar otro funcionario del sexenio que apenas termina que haya logrado un consenso tan grande en contra. Y más difícil, uno que le haya sido de tan poca utilidad, por su falta de credibilidad y su capacidad para agenciarse enemistades.
Lo que se requiere es que la institución vuelva a ser independiente, capaz de dialogar con las víctimas y de señalar a instituciones y personas que violen los derechos humanos. Por lo menos, el Senado debería discutir para que se haga un proceso de designación participativo y no llegue alguien que sólo se dedique a la militancia en favor del Ejecutivo. Así, de seguro, no tendríamos otros cinco años de Rosario Piedra, y habría algo diferente a esa especie de comisión de propaganda en lo que se ha transformado la CNDH. Y tendríamos una señal positiva para el sexenio que empieza.
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