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La ocurrente disposición hipercrítica de algunos voceros de la derecha despliega afirmaciones y secuencias cuasi lógicas basadas en un conjunto de elementos debatibles respecto del presente gobierno. Resbala su validez cuando terminan con el falaz dilema: “dictadura o democracia”. Deciden colocar, por supuesto, de un lado, al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y, del otro, a la oposición.
No es una payasada de nadie. Es la vigente realidad polarizada de la cual es parte el lanzamiento de odio desde la oposición contra quienes escriben con simpatía respecto de ella, como Sabina Berman, a quienes sus vecinos le arrojan: “Eso hacen los obradoristas, invaden las propiedades, quieren convertir a México en Cuba, son comunistas… Pero ya se van. Jajaja. El 4 de junio (no el 2) los corremos del país” (El Universal, 25 de febrero, p. A15).
La legitimidad de las expresiones anti 4T se fundamenta en la plataforma política normativa de nuestro sistema político. Las libertades constitucionales están plenamente vigentes. Para todes. Incluido AMLO. Destacadamente, la de expresión, la misma cuyo ejercicio —incluso presidencial—, aun con los excesos discutibles de algunas de sus afirmaciones, se demuestra plenamente garantizado porque: 1) los opositores al mandatario desde los años noventa mantienen los mismos insultos contra él hasta durante el periodo de ejercicio de la Presidencia cuya presunta concentración de atribuciones e influencia los antipáticos a él le critican y 2) el propio mandatario encuentra útil política y propagandísticamente utilizar cotidianamente esa misma libertad, lo cual en una dictadura, por ejemplo en Corea del Norte, Rusia, Cuba o Nicaragua, sería muy improbable. Innecesaria la sistemática cotidianidad del intento de convencer a súbditos amordazados.
Lo más odioso de López Orador, supongo, es pegar su chicle entre la comunidad mayoritaria, en contraste con la vocera de la oposición, Xóchitl Gálvez, candidata a la Presidencia, visiblemente exitosa en pegar el propio en su silla al registrarse en el INE. Y no deja de ser brincolinamente simpática para algunos. Se comprende.
Como ejemplo de ausencia de nobleza de la derecha nos regalan, luego de la presunta sintomática tiranía de revelar el teléfono de una periodista, la militante destrucción de un valor central a la misma democracia cristiana: la intimidad del individuo, su vida privada. La revelación en andanada de números telefónicos de un hijo del presidente, de la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, entre otros, es doblemente ilustrativa de la renuencia de la derecha a proteger los valores democráticos en los adversarios.
La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares reconoce como de utilidad pública los datos de toda la ciudadanía. Un valor defendido a medios chiles por el INAI. Durante el tabledancegate pareció supeditarse la defensa de los datos personales y la generación de los públicos de los dos ex comisionados del INAI a la gestión de la crisis institucional y al reacomodo de poder interno. Si estás del “otro lado” los derechos valen menos.
La adjetivación del manejo de información sin fuentes, como la filtrada por la DEA, es retomada torpemente por el gobernador de Sinaloa ante AMLO cuando el sábado acusa “actitudes desestabilizadoras (…) como las de los farsantes periodistas norteamericanos que quisieron denostar al presidente” en contraste con la más afinada defensa de valores políticos compartidos como la libertad de expresión y la soberanía en el posicionamiento del Jefe de Gobierno de CDMX, Martí Batres.
¿Los valores se defienden a través de vendettas? No podemos reivindicar la vida pública y afirmaciones a favor de la civilidad democrática mediante la venganza.
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