Venezuela, dictadura sin máscara
La fuga de Venezuela hacia una dictadura está llegando a su cúlmine, con la pretensión de Nicolás Maduro de mantenerse en el poder, a pesar de que todas las evidencias apuntan a que perdió de manera categórica las elecciones del pasado 28 de julio.
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela
El proceso a través del cual Venezuela se transforma en dictadura tiene la peculiaridad que, a pesar de que el creador de la Revolución Bolivariana no era ningún demócrata, llegó al poder a través del mandato ciudadano en las urnas. Recordemos que Hugo Chávez ganó con facilidad las elecciones de 1998. Su “Polo Patriótico” obtuvo el 56 por ciento de los votos. Aquellas elecciones estuvieron signadas por el hartazgo social hacia la clase política tradicional, corrompida y que se repartía el poder.
En el 2000, tras la aprobación de la nueva Constitución, Chávez obtendría casi el 60 por ciento de los votos, la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional y capacidad para consolidar su proyecto social, apoyado en los altos precios del petróleo, a los que se sujetaba totalmente. Se trataba de un esquema con los pies de barro, ya que dependía del precio de una sola mercancía.
En 2006, el bolivarianismo chavista llega a la cúspide de la popularidad y su líder se reelige con el 63 por ciento. Ya no alcanzaría esa cota en su última reelección, en 2012, en la que ya enfrentó a una oposición mayoritariamente radicalizada. Luego vendrían su enfermedad y muerte, coincidiendo con la caída, primero paulatina y luego estrepitosa, de los precios internacionales de petróleo.
Nicolás Maduro, nombrado sucesor por el dedo de Chávez, ganó las impugnadas elecciones de 2013 por apenas un punto porcentual. Parte de ello se debió a la campaña delirante de Maduro (recordemos la anécdota del “pajarito chiquitico” que era el alma de Chávez) y a que no mostró otra propuesta que la cantaleta del eterno amor al eterno líder.
Ya sin el apoyo de los ingresos petroleros, Venezuela terminó por caer en una doble espiral: por un lado, una hiperinflación galopante que destruyó el sistema financiero y los ahorros; por el otro, una caída dramática en la producción y el empleo, que mandó a la pobreza a millones de venezolanos de clase media y, a la miseria, a los miembros de las clases populares que no tuvieran una suerte de enchufe con el chavismo que les permitiera sobrevivir. Ese desastre social, a su vez, se tradujo en un éxodo masivo de un país en el que la esperanza de un mejor futuro se ha desvanecido para la gran mayoría de la población.
En ese contexto, en 2017 se aprobó una nueva Constitución. En ella, en un país escindido, una parte decide suplantar al todo. No se trata de una Constitución como la conocemos en otras partes, en donde el texto plasma el contrato social vigente. Lo que pretende plasmar es precisamente la ruptura del contrato: la decisión de una parte de la población de actuar en contra de la otra parte. No se trata de organizar en común la vida de ciudadanos que tienen distintas maneras de pensar, sino de imponerse contra los que piensan diferente.
A pesar de las circunstancias políticas adversas y de la persecución en su contra, las oposiciones venezolanas se unieron en torno a la candidatura de Corina Machado y, luego de que el madurismo le impidiera ser candidata, en torno a Edmundo González. La situación económica desesperada, la falta de libertades políticas y la presencia cada vez más ominosa del ejército venezolano en la vida pública contribuyeron a que la campaña opositora fuera exitosa. Tanto las encuestas de salida como las actas que han sido dadas a conocer muestran una amplia victoria de González. Sin embargo, la autoridad electoral -en manos de Maduro- declaró anticipadamente la victoria del candidato oficialista, sin transparentar una sola de las actas.
A partir de ahí, Maduro ha hecho un recorrido delirante. Ha convocado al “pueblo de Cristo” a reaccionar contra “las campañas de demonios y demonias”. Ha dicho ser víctima de una campaña internacional de los países latinoamericanos que rechazaron su proclamación de victoria, y expulsado a sus embajadores. Ha acusado a Elon Musk de hackear los datos electorales, para favorecer a la oposición y al imperialismo. Ha hablado de un “baño de sangre”, y lo está cumpliendo contra sus opositores. Es intelectual y moralmente insostenible.
Luego tuvo la osadía de solicitar un amparo ante el Tribunal Superior de Justicia -que él controla-, pero no contra el Consejo Nacional Electoral -que él también controla-, sino contra el equipo de campaña de la oposición, al que pretende meter a la cárcel por el delito de denunciar un fraude electoral. La intención principal es que la oposición entregue al Tribunal las actas en su poder, para destruirlas. La secundaria, es efectivamente encarcelar a los opositores, contra quienes se ha desatado una feroz cacería de brujas a todos los niveles: desde los líderes hasta los ciudadanos que se manifiestan pacíficamente en las calles.
Lo ha dicho claro el candidato del Partido Comunista de Venezuela, Enrique Márquez: en la sala de totalización de CNE no se produjo el boletín con los resultados; los que se dieron a conocer no son consistentes y el pueblo anda indignado con el CNE “por pretender vernos la cara de pendejos y salir con ese resultado como quien saca una servilleta del bolsillo con unos resultados que apuntó”. De ahí la exigencia de publicar todas las actas.
Queda claro que una revolución que comenzó con las urnas, terminó dándoles la espalda cuando se dio cuenta de que la mayoría de la población ya no la apoya. Que las urnas eran sólo un vehículo y que nunca hubo convicción democrática.
Es momento de que quienes dicen ser demócratas de izquierda exijan sin ambigüedades a Maduro, y a las instituciones que controla, que se muestren las actas de votación. Que esos supuestos demócratas no se cubran de retórica para esconder sus simpatías con una dictadura que ya se quitó la máscara, como lo ha hecho el presidente López Obrador. En este asunto, la falta de claridad es cómplice.
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