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Además de la inseguridad, recurrentemente la corrupción aparece en las encuestas como uno de los principales problemas de México. Sin embargo, y para tristeza de este país, la corrupción sigue tan campante.
Al iniciar la 4T, el inquilino de Palacio Nacional instruyó a las Secretarías de Hacienda y de la Función Púbica a que afilaran las revisiones en las dependencias federales, organismos descentralizados y universidades públicas, a fin de detectar las operaciones realizadas bajo el cobijo de empresas factureras o EFOS, como les dicen técnicamente.
Las empresas factureras le hacen un enorme boquete a las finanzas públicas. En 2021, la entonces titular del SAT, Raquel Buenrostro, dio a conocer que a través de las EFOS se habían dejado de recaudar 44 mil millones de pesos por concepto de ISR e IVA (Gobierno de México, 23/01/2021).
Este fraude fiscal lo perpetraron solo 43 EFOS que “sirvieron” a ocho mil empresas reales, lo cual nos habla de que cada facturera tiene una enorme red de “clientes” proclives a la corrupción. Mal, muy mal de parte de estas empresas.
El problema no es solo verle la cara al SAT, lo cual es casi deporte nacional, y luego nos quejamos de que faltan recursos para atender nuestras necesidades. El asunto va más allá porque las factureras también sirven para encubrir actividades ilícitas como sobornos y lavado de dinero; es altamente probable que varias de ellas estén vinculadas al crimen organizado.
Las factureras también prestan sus “servicios” a las dependencias de gobierno, ya sean federales o estatales. Un caso que en su momento fue muy sonado, pero del cual nada sabemos hoy en día, fue el de Chiapas, donde se encontró que la administración de Manuel Velasco y luego la de Rutilio Escandón realizaron “adquisisiones” por seis mil millones de pesos. Como si a Chiapas no le hiciera falta el recurso.
La persecusión de EFOS no es una idea nueva, pero ha dado resultados dispares.
En la pasada administración, el SAT seguía la pista de 10 mil empresas, según lo declaró el entonces titular de la dependencia recaudadora (El Economista, 16/11/2021). Al final, se pusieron en la lista negra seis mil 466. En la 4T y pese a las instrucciones presidenciales, solo se han enlistado cuatro mil 331, siendo el último año apenas ¡47! Los datos nos los proporcionan Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en su investigación titulada “La detección de empresas ‘fantasma’ se desplomó 98% en el penúltimo año de AMLO” (MCCI, 25/01/2024).
Aquí es cuando cobra relevancia la actuación de organizaciones como MCCI, la cual ha revelado casos lamentablemente emblemáticos. En la pasada administración dio a conocer “La estafa maestra” y en la actual detectó antes que nadie los malos manejos en SEGALMEX; en ambos casos, las factureras se dieron vuelo gracias a varios funcionarios corruptos.
Miren, mis estimados candidatos, un ciudadano común difícilmente se involucra en el combate a la corrupción más allá de no participar en ella. Pero hay unos cuantos ciudadanos muy dispuestos, a quienes las autoridades les cierran las puertas. En teoría, hay un Sistema Nacional Anticorrupción y, en cada entidad, un sistema estatal (SEA). Pues nada más les cuento que de los 32 que debieran existir, 22 están incompletos en alguna de sus instancias (Nexos y MCCI, 12/12/2023).
En cada SEA debe operar un Comité de Participación Ciudadana, el cual “se encarga de realizar propuestas y emitir opiniones sobre la Política Nacional o Estatal Anticorrupción, así como lineamientos y otras medidas anticorrupción, como lo es la Plataforma Digital Nacional (PDN), además de vincular a sociedad civil en la agenda anticorrupción para hacer contrapeso al poder.” La mitad de los comités ciudadanos están incompletos y una cuarta parte de los sistemas no cuentan con Secretarios Ejecutivos.
El caso más patético se da en Campeche. “En 2019, falleció el titular de la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción y hasta la fecha (diciembre 2023) no ha sido nombrada una nueva persona titular. (A nivel nacional tampoco) se han realizado las designaciones de 71 magistraturas administrativas de salas regionales y tribunales estatales, las cuales tienen como obligación conocer los juicios en materia de corrupción” (Nexos y MCCI, 12/12/2023).
¿A qué atribuir esta situación? Podríamos decir que a la negligencia de los gobiernos estatales y federal, así como de los congresos locales y el nacional, pero también nos hace tener sospechas fundadas de que quieren seguir cometiendo actos de corrupción, empezando por los moches.
Así las cosas, estimados candidatos, se les agradecerán propuestas concretas, así como sanciones a gobernantes y legisladores que se hagan tarugos en la designación de miembros de los sistemas anticorrupción y magistrados.
La verdad, los mexicanos estamos hartos de solo escuchar declaraciones grandilocuentes.
Colaboró: Upa Ruiz uparuiz@hotmail.com
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