BúsquedaEn septiembre del 2017, México escenificó dos sismos extraordinarios: magnitud 8.2 grados (el más intenso en 100 años) y otro, magnitud 7.1 grados con un epicentro extremadamente cerca de la Ciudad de México. Ambos fenómenos alteraron la vida de ocho estados, que en conjunto, acusaron el fallecimiento de 471 personas. Chiapas, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca vieron 401 decesos, pero más de la mitad (228) en la capital del país. Esos sismos dejaron una estela calculada de 2 millones 413 mil 173 damnificados y 132 mil 592 viviendas colapsadas o dañadas, tan solo en los cuatro estados citados, que a su vez fueron apoyados con 7 mil 22 millones de pesos, principalmente por el gobierno federal (hasta 2018).
¿Pero saben que? Son estimaciones, nada demostrable de manera fehacientemente hasta el día de hoy.
Ambos sismos y los otros desastres ocurridos en ese año, lo ubican como el sexto más catastrófico en lo que va de la centuria, con un impacto negativo equivalente a los 50 mil 223 millones de pesos. Solo los terremotos, representaron más del 0.04 por ciento del PIB.
Esta recapitulación de hechos (auspiciada en el 2019 por el PUED-UNAM) nos lleva a un reconocimiento triste: esos sismos tomaron a nuestro país, mal preparado. Con una insuficiente inversión en prevención ni mejora de las infraestructuras. Sin haber practicado protocolos amplios y robustos. Padeciendo una reducción presupuestal en materia de atención a desastres no solo irresponsable sino ineficiente (aunque menos ineficiente que la del actual gobierno). Y con una red de alerta incompleta y desarticulada, dispersa en diferentes instituciones que aún hoy (2023) no se comunican.
Los estados de Chiapas, Morelos, Oaxaca y Ciudad de México, ante la emergencia, intentaron desarrollar su propia información, desplegando sus respectivos censos. Pero no pudieron: a nivel local no existe la capacidad institucional para ese propósito (censos). En marzo del 2018, ese esfuerzo por documentar los daños reales de la CDMX mediante una instancia profesional y autónoma (el INEGI) fue interrumpido. Luego de transcurridos ¡seis años completos! no es posible conocer los censos respectivos (damnificados y daños a viviendas, principalmente) tal y como la propia Ley de Reconstrucción alguna vez señaló.
No quiero exagerar: México está mejor preparado hoy para atender emergencias y existen incentivos políticos para que los gobiernos respondan con diligencia y prontitud. Pero el énfasis sigue estando en el momento de la catástrofe dada, no en el de la prevención y mucho menos en el gobierno de la reconstrucción.
Y algo más: la comunicación de los desastres. Oaxaca, con un daño inmenso, recibió sin embargo una cobertura informativa mucho menor al de la Ciudad de México. La visibilidad de la catástrofe es un asunto crítico para sostener y vigilar los procesos de emergencia y de reconstrucción.
Fíjemonos en el resultado: aunque el valor destruido en la Ciudad de México sea mucho mayor en términos absolutos, significa un porcentaje de su PIB 10 veces menor a Morelos y 100 veces menor a Oaxaca. Así las cosas, en Oaxaca ocurrió un desastre de grandes consecuencias para su desarrollo presente y futuro. Posiblemente haya trascendido el umbral de lo irremontable en muchos años. Mientras tanto, en el polo opuesto, la Ciudad de México vive un pasaje incierto con su “daño medio”: todo depende de su proceso de reconstrucción, su política urbana y su política económica efectiva post-sismo y post-pandemia.
Volvemos al principio: México ha de prepararse para gobernar un territorio en el que no habrá crisis ocasionales sino que viviremos en una inestabilidad permanente que ya éramos poco capaces de gestionar. El problema del agua y sus múltiples implicaciones, está allí, para quien quiera verlo. Y el efecto inmenso del cambio climático ha llegado.
Si no hemos podido anticiparnos a la crisis provocada por dos sismos mayores y tampoco a la mayor crisis sanitaria en un siglo ¿seremos capaces de inscribir el gran tema de los desastres y del desarrollo en la agenda de la nación y en la conciencia de la opinión pública?
Los traumas de 2017 y de 2020-22 no han sido suficientes, no hemos sido capaces de imaginar nuevas políticas que anticipen e intenten gobernar, lo que sabemos de seguro, volverá a ocurrir.
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