Voto en Prisión Preventiva, una realidad para 2024

La Ciudad de México se ha caracterizado por ser vanguardista en materia de derechos. Basta ver la Carta de Derechos consagrada en la Constitución de la Ciudad para darnos cuenta que la ciudadanía tiene la posibilidad de hacerla exigible y con ello reducir las brechas de desigualdad que durante décadas han marcado a nuestra sociedad. El reconocimiento de derechos político-electorales parte del principio de entenderlos como un derecho humano inalienable y el cual debe ser garantizado por todas las autoridades y sin distingo alguno entre las personas que integran la sociedad. El caso de las personas que han sido privadas de su libertad sin haber recibido condena debe ser tomado como un caso paradigmático, ya que la sentencia SUP-JDC-0352/2018 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, realiza un estudio en donde reconoce como principio fundamental la presunción de inocencia, como elemento constitutivo para que las personas en prisión preventiva puedan ejercer su voto.

Como bien señala la sentencia, “el Estado, por conducto del INE, ha sido omiso en establecer mecanismos tendentes a garantizar el derecho a votar de aquellas personas que se encuentran en prisión, en razón de encontrarse sujetos a un proceso penal en el que aún no han sido sentenciadas”. En ese sentido la Sala Superior ordenó al INE implementar una etapa de pruebas piloto a fin de que en 2024 se garantice este derecho, al menos para la elección presidencial, de las personas que se encuentran privadas de su libertad y no ha recibido condena.

En el caso de la Ciudad de México, se han realizado pruebas piloto en penales como el Reclusorio Sur y Santa Martha Acatitla en donde se implementó para la Consulta de Presupuesto Participativo, prueba que resultó exitosa, con una participación nutrida de personas que, de manera voluntaria y posterior a una capacitación, decidieron presentar proyectos para sus colonias.

Ahora bien, el pasado 2 de junio fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México una amplia reforma electoral que contempló, entre otras cosas, que las personas en prisión preventiva oficiosa con credencial de elector de la Ciudad de México tengan a salvo sus derechos para ejercer su sufragio. Se incorporó como obligación legal que el Instituto Electoral de la Ciudad de México, en colaboración con el INE y las autoridades del Gobierno capitalino, busquen mecanismos para garantizar que todas las personas en esa condición puedan ejercer su derecho al voto para la elección de 2024. El reto no es menor porque estamos hablando de una logística para que puedan votar en seis elecciones, una población de cerca de 7 mil personas; existe la voluntad y los precedentes de que este será un gran ejercicio en una Ciudad como la nuestra, vanguardista en la garantía de derechos.