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Ahora que las autoridades de la ciudad de México han contratado los servicios del ex alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani para que ayude a combatir el crimen capitalino, muchos aquí se preguntan si pronto también llamarán al actual mandamás de la Gran Manzana, Michael Bloomberg para que imponga orden en cuanto a fumar se refiere.
Y es que Mr. Bloomberg recientemente ganó la batalla contra los cigarillos y ha logrado que se apruebe una ley que simplemente prohibirá fumar en todos los bares y restaurantes de Nueva York, en cualquier otro espacio público cerrado y hasta en cafés y bares al aire libre. Hasta ahora, la prohibición de echar humo se aplicaba sólo a todas las oficinas y lugares de trabajo y a los restaurantes con cupo para más de 35 personas.
Y así como Giuliani aplicó la cero tolerancia en cuanto al crimen, su sucesor la piensa aplicar en cuanto a este vicio, argumentando que “la necesidad de respirar aire limpio es tan importante como la libertad para contaminarlo”. Y a las críticas de que la nueva medida arruinará mucho negocios, sobre todo a bares, el alcalde dice que no es cierto y que si no fuman, los clientes en cambio beberán más. Como en el caso de Giuliani, que pocos creen salvará al Distrito Federal de secuestros y ladrones, falta por verse si en caso de que lo inviten, Bloomberg podría convencer a los capitalinos de que sólo fumen en la intimidad de su hogar.
Otro caso que ha dividido por completo a la opinión pública es el del ahora ya ex gobernador del estado de Illinois, George Ryan, que en sus últimas horas en el cargo conmutó la sentencia de muerte a los 167 presos de su entidad que esperaban ser ejecutados. Entre ellos cuatro mexicanos. La orden dictada por el funcionario, ha despertado todo tipo de elogios, incluso a nivel mundial y de organizaciones que se oponen a la pena de muerte, pero ha levantado también una ola de indignación principalmente entre los familiares de las víctimas.
Sus críticos dicen que Ryan dictó la orden para desviar la atención pública del escándalo y proceso legal que se le sigue a su administración por fraude y corrupción, pero sus defensores afirman que lo hizo para tener la conciencia tranquila, pues se estima que un gran por ciento de los casos son injustos o los crímes nunca fueron totalmente comprobados.
En todo caso, los perdonados no fueron dejados libres sino que sus penas se redujeron a cadena perpetua o al menos 40 años en prisión. Lo cual también tiene críticas a favor y en contra ya que hay quienes aquí argumentan que pasar la vida tras las rejas puede llegar a ser peor que la muerte, pero también quienes afirman que el gobernador premió a muchos asesinos con tres comidas gratis al día, cuarto, gimnasio, lecturas y aún televisión por cable por el resto de
sus vidas.
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