Búsqueda
El actual Procurador General de la Nación, Luis Gómez Rudy solicito a la fiscal Isis Soto información sobre el caso del nacional mexicano, en el cual, el 12 de febrero del 2025 mediante un documento oficial, afirmo que están “en espera de fecha para la audiencia de imputación. Sin embargo, esta afirmación es un engaño, ya que la audiencia de imputación fue celebrada el 29 de septiembre del 2022, como resultado que el juez Carmelo Zambrano se NIEGO la imputación al Ministerio Público.
El equipo de abogados del empresario mexicano, demandó que la fiscalía de Panamá sigue con su campaña de desprestigio e intimidación, para mantener retenido el patrimonio de su cliente, actuando con total abuso de poder, empeorando todo mintiendo al propio procurador, protegiendo el acto de corrupción que han cometido y del que son cómplices varios jueces y funcionarios panameños.
El empresario mexicano, ha alzado la voz contra lo que describe como una persecución ilegal y sistemática en Panamá, que lo ha despojado de sus bienes y cuentas bancarias sin pruebas de delito alguno.
El afectado afirma tener una trayectoria limpia y transparente en el ámbito empresarial, sostiene que desde octubre de 2019 ha sido víctima de un montaje judicial orquestado por fiscales panameños, quienes han fabricado acusaciones en su contra para justificar el congelamiento de su patrimonio. Según su declaración, las irregularidades en su caso incluyen la ocultación de pruebas clave, manipulación de información y el uso del sistema judicial como un arma de extorsión.
El empresario señala que las acusaciones en su contra han sido desmentidas por auditorías forenses independientes, las cuales confirmaron que no existe ninguna actividad ilícita en sus operaciones financieras. Sin embargo, a pesar de las evidencias a su favor, los fiscales han persistido en el caso sin fundamentos legales.
“Todas estas acusaciones falsas son desorientación y ofuscación del crimen real: el hurto de 18 millones de dólares de mis legítimos bienes. Existen auditorías contables que establecen la legitimidad de los fondos, pero el informe fue ocultado por la fiscalía”, declaró.
Además, denuncia que sus vehículos fueron confiscados y utilizados por funcionarios panameños, mencionando específicamente que Kayra Harding se paseaba en su Range Rover. También afirma que fue retenido contra su voluntad en el aeropuerto durante 36 horas y que incluso le retiraron su visa de inversionista sin justificación.
El empresario señala como responsables directos a la fiscal Isis Soto, junto con Marcos Mosquera y Sandy Cedeño, a quienes acusa de corrupción flagrante. Además, menciona que detrás de la extorsión se encuentra el exvicepresidente Gabriel Carrizo, de quien exige que se le investigue y enfrente las consecuencias legales.
A pesar de que la jueza Clara Montenegro ordenó en 2022 el levantamiento de las medidas cautelares en su contra, sus bienes continúan retenidos y la investigación sigue abierta, lo que refuerza sus acusaciones de manipulación judicial.
“Panamá no puede seguir tolerando que su sistema judicial sea usado como un arma de extorsión y persecución de inocentes. Exijo la devolución inmediata de mis bienes y la apertura de investigaciones contra los responsables de este abuso de poder”
La denuncia del empresario pone en evidencia un posible entramado de corrupción en la fiscalía panameña, dejando en el aire preguntas sobre cuántos otros empresarios han sido afectados por procesos judiciales irregulares en Panamá.
Ante la opacidad con la que actúa la fiscalía panameña, el empresario mexicano exige al actual Procurador General de la Nación, Luis Gómez Rudy su intervención, para resolver de manera definitiva este caso, que a todas luces solo ha demostrado injusticia y violaciones de derechos por años.