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El embajador ecuatoriano, José de la Gasca, había invocado la Convención de Viena sobre derechos internacionales días antes de que el gobierno de Ecuador irrumpiera en la embajada de México en Ecuador, generando un contraste entre las acciones gubernamentales y las declaraciones diplomáticas.
La noche del 5 de abril, la Embajada de México en Quito se convirtió en escenario de un incidente que ha exacerbado las ya tensas relaciones diplomáticas entre Ecuador y México. Un grupo de policías ecuatorianos irrumpió en la sede diplomática con la intención de arrestar al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien había sido concedido asilo político por el Gobierno mexicano desde diciembre pasado.
Este operativo, marcado por actos de violencia que incluyeron agresiones al personal de la embajada mexicana, ha generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional.
Este incidente contrasta de manera llamativa con la intervención realizada por el embajador ecuatoriano ante la ONU, José de la Gasca, tan solo tres días antes. El 2 de abril, el embajador de la Gasca expresó la condena de Ecuador a cualquier violación contra representantes diplomáticos y consulares, así como los actos de violencia que puedan afectar la seguridad de las misiones diplomáticas.
En sus palabras, el embajador ecuatoriano, hizo hincapié en la importancia del respeto a la inmunidad y la inviolabilidad de los locales diplomáticos y consulares, conforme al derecho internacional.
La discrepancia entre las acciones llevadas a cabo por el gobierno ecuatoriano en la Embajada de México en Quito y las declaraciones diplomáticas del embajador de la Gasca resulta evidente y preocupante. Mientras que las acciones gubernamentales muestran una flagrante violación de los principios de inviolabilidad diplomática y respeto mutuo entre estados, las declaraciones diplomáticas reflejan un compromiso aparente con los valores y normas internacionales.
El incidente en la Embajada de México en Quito pone de relieve la necesidad urgente de un diálogo constructivo entre ambos países para abordar las diferencias y evitar un deterioro mayor de las relaciones bilaterales. La comunidad internacional, en particular, observa con atención estos acontecimientos y espera que se respeten los principios fundamentales del derecho internacional.
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